Acción pública. La acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las facultades que este Código le confiere a la víctima o a personas físicas o jurídicas a las que, sin serlo, se les reconoce en este Código derecho a querellar.

El fiscal debe iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley.

Ejercicio de la acción pública por querella autónoma. En los casos en que este Código permita el ejercicio autónomo de la acción pública, el legitimado la ejercerá por querella que tramitará por las reglas especiales del proceso por delitos de acción pública bajo las reglas de la acción privada previstas en el Libro Segundo, Título I, Capítulo 2, de este Código.

Acción dependiente de instancia privada. Si el ejercicio de la acción pública dependiera de instancia privada, el fiscal solo la ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada o en los demás supuestos previstos en el Código Penal. Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos urgentes que impidan la consumación del hecho o de los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que tales actos no afecten la protección del interés de la víctima.

La instancia privada deberá ser realizada de manera expresa por quién tenga derecho a hacerlo; su formalización tácita no puede derivarse de ningún acto procesal.

La instancia privada permitirá perseguir a los partícipes sin limitación alguna.

Acción privada. La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que establece este Código.

Regla de no prejudicialidad. Los jueces deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.

Si la existencia de un proceso penal dependiera de la resolución de otro, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aún de oficio, hasta que en el otro proceso, recaiga sentencia firme.

No obstante, los jueces deberán apreciar si la cuestión prejudicial es seria, fundada y verosímil, y en el caso de ser invocada con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.

Causales. La acción penal se extingue por las causales previstas en el artículo 59 del Código Penal.

Planteamiento del fiscal. Advertencia del juez. Si el fiscal considerase aplicable alguna de las causas de extinción de la acción previstas por el artículo 59 incisos 1º, 2º y 3º del Código Penal, solicitará audiencia al juez para que resuelva sobre su procedencia. El juez podrá prescindir de la audiencia, si la considerase innecesaria.

Si en el curso de una audiencia el juez advirtiere la posible existencia de esas causas de extinción de la acción, lo hará saber a las partes. Si alguna parte promoviera la cuestión se la debatirá y el juez la resolverá en la audiencia.

Si el juez declarase procedente la causal, declarará la extinción de la acción y ordenará el archivo del caso. Si la considerase improcedente, el fiscal continuará el proceso.

Procedencia: El fiscal podrá disponer de la acción penal pública en los siguientes casos:

a) por aplicación de un criterio de oportunidad;

b) por cumplimiento de acuerdos de conciliación o reparación integral;

c) por aplicación de la suspensión del proceso a prueba.

No puede disponer de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o se tratare de un delito que aparezca como un episodio dentro de un contexto de violencia de género o de un delito motivado en razones discriminatorias.

Parágrafo 1° Aplicación de criterios de oportunidad

Casos de oportunidad. El fiscal podrá prescindir del ejercicio de acción en un caso, o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, en los siguientes supuestos:

a) si se tratara de un hecho que por su insignificancia no justifique la persecución penal;

b) si el imputado por un delito culposo hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena;

c) si la pena que pudiera imponerse por el hecho, careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otros procesos, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero; d) cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, según dictamen pericial, o tenga más de setenta (70) años y no exista mayor compromiso para el interés público; e) en los casos de lesiones leves, cuando haya existido conciliación o la víctima exprese desinterés en la persecución penal, salvo cuando esté comprometido el interés de un menor de edad.

Control. Para aplicar el criterio previsto en el inciso c) del artículo 33, el fiscal actuante deberá tener acuerdo previo del Fiscal General.

En los casos de los incisos a), b) y d) del artículo anterior, la decisión será informada a la víctima, quien en el plazo de TRES (3) días podrá requerir su revisión ante el Fiscal General, quien resolverá el planteo en un plazo de CINCO (5) días. Si hace lugar a la pretensión de la víctima, dispondrá la continuación de la investigación. Si el Fiscal General confirma la decisión, la víctima estará habilitada para presentar querella autónoma conforme el artículo 366.

Efectos. La aplicación de un criterio de oportunidad, extingue la acción penal cerrando definitivamente el proceso respecto de la persona a cuyo favor se dicta e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho.

Parágrafo 2° Acuerdos de mediación o conciliación o reparación integral

Autorización de acuerdos. Mediación. El fiscal podrá autorizar que el imputado y la víctima realicen una mediación o acuerdos conciliatorios o de reparación integral, en los casos de delitos de instancia privada, de delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas, de amenazas simples, de lesiones dolosas leves y de lesiones culposas.

El fiscal los autorizará siempre que no existan razones de seguridad o interés público que los hicieran desaconsejables.

Si lo considerase conveniente, el fiscal dará intervención a una oficina especializada en mediación.

Homologación, cumplimiento y archivo. Concretado el acuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez para su homologación, en audiencia. El juez deberá cerciorarse de que las partes han acordado en forma libre y voluntaria.

Mientras no se acredite el cumplimiento del acuerdo homologado, el fiscal reservará el legajo. Acreditado el cumplimiento, el juez, a solicitud de parte, tendrá por extinguida la acción penal y ordenará el archivo del caso. El juez podrá prescindir de la audiencia, si la considerase innecesaria.

Ante el incumplimiento de lo acordado, el fiscal solicitará una audiencia al juez para que declare el incumplimiento. Si así fuere, se reabrirá el proceso. Parágrafo 3° Suspensión del proceso a prueba

Procedencia. Reglas generales: La suspensión del proceso a prueba procederá conforme los requisitos establecidos en el Código Penal.

La solicitud de suspensión se presentará al fiscal antes de la fijación de la audiencia de control de la acusación. Una vez fijada ésta, el derecho caducará. En la solicitud, el imputado deberá además ofrecer una concreta reparación de los daños en la mayor medida que le permitan sus posibilidades.

A fin de facilitar una mejor reparación de los daños, podrá eximírselo del ofrecimiento del pago del mínimo de la multa aplicable.

El fiscal podrá rechazar la solicitud si considerare que no se cumplen las condiciones legales, si invocare fundados motivos de política de persecución criminal o si adujere razones de interés público que justifiquen la conveniencia de que el caso sea debatido en juicio. En tal caso la defensa podrá, en un plazo de TRES (3) días, requerir la revisión ante el Fiscal General, quien resolverá el planteo en un plazo de CINCO (5) días. Si hace lugar a la pretensión, dispondrá la continuidad de la tramitación.

Si la solicitud se considerase procedente, el fiscal solicitará audiencia para que el juez resuelva sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación, el plazo de suspensión y las reglas de conducta que el imputado deberá cumplir. Si se suspendiera el proceso, la víctima tendrá habilitada la acción civil por lo que se restare de la reparación plena.

El control del cumplimiento de las reglas de conducta estará a cargo de la oficina judicial, la que formará un legajo de control que estará a disposición de las partes para que efectúen sus peticiones, en el que dejará constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas.

Si el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el fiscal solicitará audiencia con el juez para que las partes expongan sus argumentos sobre la continuidad, modificación o renovación del beneficio. Si el juez revocara el beneficio, el proceso continuará de acuerdo a las reglas generales.

En caso de cumplimiento, la oficina remitirá el legajo de antecedentes al juez, quien, en audiencia, tendrá por extinguida la acción penal y ordenará el archivo del caso. El juez podrá prescindir de la audiencia, si la considera innecesaria.

Procedimiento. En los casos en que la imputación se dirija sobre un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, se debe proceder de conformidad con lo previsto en las leyes sancionadas a tales efectos.

Excepciones. Las partes podrán oponer las siguientes excepciones: a) falta de competencia; b) falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse; c) falta de acción por manifiesta atipicidad de los hechos o por evidente falta de participación del imputado en ellos; d) extinción de la acción; e) falta de legitimación del querellante. Si concurrieren DOS (2) o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.

Oportunidad y formalidad del planteo. Las excepciones en los procesos por delitos de acción pública se deducirán oralmente ante el juez en las oportunidades siguientes:

a) en la audiencia posterior a la formalización de la imputación prevista por el artículo 283, y; b) en la audiencia de control de la acusación prevista en el artículo 298 o, en su caso, en la audiencia concentrada que prevé el artículo 304. El juez resolverá el planteo en la audiencia.

Efectos de la procedencia de la excepción. Si el juez hiciere lugar a la excepción planteada, procederá de la siguiente manera:

a) si hiciera lugar a la falta de competencia, el juez procederá conforme al artículo 51, y los conflictos de competencia que se produzcan se resolverán en la forma prescripta en ese artículo; b) si declarase la falta de acción por los motivos indicados en el artículo 40, inciso b), el juez ordenará el archivo del caso con los efectos indicados en el artículo 35, si el impedimento fuere definitivo. Si no fuere definitivo, el juez ordenará que el fiscal reserve el caso, y el caso se reabrirá si desapareciere el impedimento para proceder; c) si declarara la falta de acción por los motivos indicados en el artículo 40, inciso c), el juez dictará el sobreseimiento del imputado con los efectos indicados en el artículo 292; e) si declarase la extinción de la acción penal, el juez ordenará el archivo del caso, con los efectos indicados en el artículo 35; f) si declarara la falta de legitimidad del querellante, el juez lo separará como parte del proceso.

Jurisdicción. La jurisdicción penal se ejerce por los órganos jurisdiccionales que instituyen la Constitución de la provincia, la Ley Orgánica de Administración de Justicia y las leyes que se dicten al respecto.

Competencia. La justicia penal conocerá en los delitos que deban considerarse cometidos en el territorio de la Provincia y que no correspondan a la jurisdicción federal.

Competencia territorial y material. Regla general. La Ley Orgánica de Administración de Justicia es la que establece los distritos y/o circunscripciones judiciales en que se divide la competencia territorial y la competencia por especialidad de la materia.

Por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales será establecida por turnos o sorteos, conforme lo determine el Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia, mediante acordadas, basándose en modelos de gestión y distribución de tareas, podrá dictar las normas prácticas que fueren necesarias para la aplicación del presente Código. Dichas normas prácticas no podrán cambiar, modificar, prorrogar y/o alterar la competencia de la justicia penal.

Reglas de competencia territorial. Para determinar la competencia territorial de los jueces se observarán las siguientes reglas:

El juez tendrá competencia sobre los delitos cometidos dentro del distrito y/o circunscripción judicial en que ejerza sus funciones; en caso de delito continuado o permanente, será competente el juez del distrito y/o circunscripción judicial en que cesó la continuación o la permanencia, y en caso de duda o si el lugar del hecho fuera desconocido, será competente el juez que previno.

Competencia por conexidad. Los casos serán conexos en las siguientes circunstancias:

a) si los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueren en distinto tiempo o lugar, si hubiere mediado acuerdo entre ellas, o; b) si un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad.

Reglas de conexidad. Si la conexidad se produjere dentro de una misma competencia territorial, será competente para entender en todos ellos el juez que entienda en el delito más grave; en caso de delitos reprimidos con la misma pena, será competente quien hubiera prevenido. No se aplicará la regla de conexidad si la unificación dificultare el servicio de justicia.

La misma regla se aplicará si los casos conexos correspondieran a distintas competencias territoriales y fuera conveniente unificar judicatura para el mejor servicio de justicia, siempre que no se atente contra el derecho de defensa.

La unificación de judicatura no impide que las investigaciones preparatorias tramiten en forma separada.

Procedimientos simultáneos. Prelación. Si a una persona se le imputaran DOS (2) o más delitos respecto de los cuales no correspondiere la aplicación de reglas de conexidad, los procedimientos tramitarán simultáneamente sin atender a ningún orden de prelación. Si el procedimiento simultáneo afectare el derecho de defensa, tendrá prelación el juez que entiende en el delito más grave.

Si los procedimientos simultáneos correspondieren a la justicia federal y a la justicia local, tendrá prelación la justicia federal.

Extensión. Efectos. Las reglas de este capítulo se aplicarán a las cuestiones que se susciten por competencia territorial, materia o por conexidad.

La cuestión de competencia no suspenderá el trámite del proceso en el que se hubiese planteado. Hasta que se resuelva, continuará interviniendo el juez que previno, quien decidirá las cuestiones que no admitan dilación.

La incompetencia declarada no producirá la invalidez de los actos de la investigación preparatoria ya cumplidos, sin perjuicio de que las partes, por razones plausibles, puedan requerir su ratificación o ampliación.

Planteo de incompetencia. Declaración de oficio. El fiscal podrá plantear la incompetencia del juez en cualquier momento y por escrito motivado.

El planteo se resolverá en audiencia dentro de los TRES (3) días. Si fuera parte sólo el fiscal, el juez la podrá resolver sin audiencia unilateral.

El juez, de oficio, podrá declarar su incompetencia material en la primera oportunidad en la que le corresponda actuar.

Conflictos de competencia. Resolución. En caso que la declaración de incompetencia no fuese impugnada, y sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, el juez que la haya declarado remitirá al que considere competente un legajo con copia de su resolución y de los antecedentes en que la hubiese fundamentado. El juez considerado competente deberá aceptar o rechazar su competencia dentro del plazo de TRES (3) días de recibido el legajo. Si no aceptare su competencia, remitirá el legajo a conocimiento del Superior Tribunal de Justicia, el que, previa vista al Fiscal General por el término de CINCO (5) días, resolverá el conflicto sin más trámite.

Si la incompetencia del juez que previno hubiese sido confirmada por esta vía, el juez a quien se le haya asignado competencia no la podrá cuestionar.

Si el conflicto de competencia se planteara entre la justicia federal y la justicia local, el conflicto será resuelto por el tribunal que corresponda según los acuerdos de cooperación judicial que se hayan celebrado. En caso de no existir convenio, la cuestión será resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuestiones suscitadas en etapa de juicio. La competencia de los jueces de juicio no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez fijada la audiencia de debate.

Cuestiones entre fiscales. Las cuestiones que se susciten entre fiscales se resolverán conforme a la ley orgánica de Ministerio Público.

Órganos jurisdiccionales. Son órganos jurisdiccionales, en los casos y formas que las leyes determinan:

a) el Superior Tribunal de Justicia; b) los jueces con funciones de garantía; c) los jueces con funciones de revisión; d) los jueces con funciones de juicio; e) los Tribunales de jurados, cuando sean instaurados y; f) los jueces con funciones de ejecución.

Superior Tribunal de Justicia El Superior Tribunal de Justicia será competente para conocer:

a) en la resolución de los conflictos de competencia; b) en la resolución de los conflictos de excusación o recusación de los jueces, a excepción de los demás tribunales colegiados; c) en los Recursos de Doble Conforme o Casación y en los Extraordinarios de Inconstitucionalidad; d) en los de Revisión de Condena pasada en autoridad de cosas juzgada; e) en las Quejas por Retardo de Justicia; y; f) en las quejas por denegación de los Recursos de Doble Conforme o Casación e Inconstitucionalidad.

Jueces con funciones de garantías. Los jueces con funciones de garantías o jueces de garantías serán competentes para conocer:

a) en las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar durante la etapa preparatoria, la etapa de control de la acusación y la etapa de control de la prueba para el juicio; b) en la etapa preparatoria de los procesos de acción privada; c) en los juicios abreviados cuando se presenten acuerdos plenos, y; d) en el proceso especial por colaboración.

Jueces con funciones de revisión. Los jueces con funciones de revisión, o jueces de revisión, serán competentes para conocer:

a) las impugnaciones; b) en la resolución de las quejas por recurso mal denegado, y; c) en el control de la duración de las medidas especiales de investigación, cuando correspondiere.

Jueces de juicio. Los jueces con funciones de juicio, o jueces de juicio, serán competentes para conocer en los juicios.

Jueces de ejecución. Los jueces con funciones de ejecución, o jueces de ejecución, serán competentes para conocer en las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar en la etapa de ejecución de las condenas, y tendrán a su cargo las funciones previstas en el artículo 459.

Oficinas judiciales. Referencia. Funciones. Los jueces y el Ministerio Público, serán asistidos por oficinas judiciales cuya organización, composición y articulación establecerá el Superior Tribunal de Justicia conforme Ley Orgánica de Administración de Justicia.

En los casos en que este Código hace referencia a presentaciones a realizarse ante los jueces, se entenderá que deben efectuarse ante la oficina judicial correspondiente, salvo el caso especial de solicitud de audiencia unilateral por el fiscal previsto en el artículo 124.

Las oficinas judiciales cumplirán las funciones establecidas por este Código, tales como determinar los jueces intervinientes, realizar las citaciones, notificaciones y comunicaciones, informar a las partes y recibir sus solicitudes, custodiar los objetos secuestrados en los casos que corresponda, fijar y organizar las audiencias, resolver las cuestiones administrativas relativas a los juicios, colaborar en los trabajos materiales que los jueces y los representantes del Ministerio Público le requieran y llevar actualizados los registros y estadísticas. A su director le corresponde personalmente dirigir el funcionamiento integral de la oficina y dictar los decretos de trámite a su cargo.

Excusación. Motivos. El juez deberá apartarse del conocimiento del caso en los siguientes supuestos:

a) si intervino en él como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico, si denunció el hecho o lo conoció como testigo, o si dio recomendaciones o emitió opinión sobre el caso fuera del procedimiento; b) si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de la acusación, no podrá intervenir en el juicio; si pronunció la decisión impugnada no podrá intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación ni en su decisión; c) si en el caso intervino o interviene su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quien ha sido su tutor, curador o guardador o está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda; d) si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) estuvieren interesados en el caso o tuvieren juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se tratare de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores; e) si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) recibieron o reciben beneficios de importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de instituciones estatales o de entidades financieras; o si, después de comenzado el procedimiento, el juez hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fueren de escaso valor; f) si hubiere tenido o tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos; g) si denunció o acusó a alguno de los interesados, o si fue acusado o denunciado por alguno de ellos incluso conforme al procedimiento de destitución, siempre que la denuncia o acusación haya sido admitida, y; h) si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad. A los fines de la excusación se consideran interesados al imputado, la víctima y el querellante.

Trámite de la excusación. El juez comprendido en alguno de los motivos enunciados en el artículo 63 deberá denunciarlo en cuanto conozca su situación respecto del caso y apartarse del conocimiento en el proceso. Se excusará por resolución fundada y remitirá las actuaciones a quien deba reemplazarlo. Éste tomará intervención en la causa y decidirá de inmediato las cuestiones que no admitan dilación, sin perjuicio de lo cual deberá aceptar o no la excusación en el plazo de DOS (2) días. Si estimara que la excusa no tiene fundamento, formará un legajo con las dos decisiones encontradas y lo remitirá al Superior Tribunal de Justicia, quien resolverá la cuestión sin más trámite en el plazo de CINCO (5) días.

La resolución de la excusación no impedirá el planteo de recusación por el mismo motivo.

Trámite de recusación. Las partes podrán recusar al juez en los casos descriptos en el artículo 63. La recusación se formulará por escrito; deberán exponerse los motivos y los elementos de prueba pertinentes.

La recusación deberá formularse dentro de los TRES (3) días de conocerse los motivos en que se funda, salvo que se advierta durante las audiencias, en cuyo caso deberá plantearse en ese mismo acto en forma oral.

Si el juez admitiere su recusación se aplicará el procedimiento previsto para la excusación. Si el juez no admitiere su recusación, y sin perjuicio de adoptar las decisiones que no admitan dilación, formará un legajo con el escrito de recusación y su resolución y lo remitirá al Superior Tribunal de Justicia, el que resolverá en audiencia, salvo que la considerase innecesaria en el plazo de CINCO (5) días. En su caso, el juez recusado podrá intervenir en la audiencia como parte, si lo deseara.

Excusación o recusación en tribunales colegiados. La excusación o recusación de un miembro de tribunales colegiados, será resuelta por los demás miembros del tribunal. Si se planteara en el curso de una audiencia, se resolverá en la misma audiencia.

Cuando la excusación o recusación versare sobre un Ministro del Superior Tribunal, aceptada la excusación o recusación, se designará al subrogante legal.

En los demás casos, la oficina judicial designará al reemplazante. El juez asignado no podrá rechazar la excusación o recusación.

Si no la aceptaren y se tratare de un tribunal de juicio, la sentencia que dicte podrá ser impugnada por este motivo.

Efectos. Las decisiones sobre excusación o recusación no producirán la invalidez de los actos procesales que se hayan cumplido, salvo que se dieren las condiciones que permitan la declaración de nulidad, sin perjuicio de que las partes, por razones plausibles, requieran su ratificación o ampliación.

Resuelta la cuestión, el juez excusado o recusado no actuará más en el proceso, aun cuando posteriormente desaparecieran los motivos que determinaron la decisión.

Inconducta. Incurrirá en falta grave y causal de mal desempeño el juez que omitiera apartarse cuando existiera un motivo para hacerlo, o que se apartare con notoria falta de fundamento. La presentación de recusaciones manifiestamente infundadas o dilatorias será considerada una falta profesional grave, que se comunicará de inmediato al Fiscal General o al Colegio de Abogados, según correspondiere.

Referencia. Distribución de Funciones. En los casos en que este Código menciona al fiscal, se refiere al representante del Ministerio Público al que le corresponda actuar conforme a la ley orgánica respectiva.

La distribución de las funciones de los miembros del Ministerio Público se realizará de conformidad a las normas que regulan su ejercicio.

Principios de actuación. El fiscal, tiene la obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones, y en su actuación se regirá por los principios de objetividad y lealtad procesal.

Conforme al principio de objetividad, el fiscal deberá investigar las circunstancias del hecho que pudieren resultar favorables al imputado, y efectuar los requerimientos que procedan en su beneficio.

Conforme al principio de lealtad procesal, el fiscal no ocultará a la defensa ninguna prueba que haya conocido o colectado, salvo cuando se hubiese decretado la reserva.

Carga de la prueba. Colaboración. Al fiscal le corresponde la carga de la prueba de las imputaciones que realice en la etapa preparatoria, y deberá probar en el juicio oral y público los hechos en que haya fundado su acusación.

Las dependencias públicas estatales y las entidades privadas están obligadas a proporcionar colaboración pronta, eficaz y completa a los requerimientos que formule el fiscal en cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades previstas en la ley.

Control de la actuación del fiscal. Las demás partes podrán objetar, ante el Fiscal General, la actuación del fiscal, de sus auxiliares o de los funcionarios policiales que actúen bajo su dirección, en el ejercicio de sus respectivas facultades. En tal caso, el Fiscal General adoptará las medidas que considere adecuadas.

Excusación y recusación. El fiscal deberá excusarse o podrá ser recusado por los motivos indicados en el artículo 63, incisos a) a g), con excepción de los de haber intervenido como acusador, haber emitido opinión sobre el caso o haber intervenido en la investigación preparatoria o en el control de la acusación.

Podrá fundarse también en cualquier otra circunstancia que, por su gravedad, afecte su objetividad en el caso.

Trámite. La excusación del fiscal será admitida o rechazada sumariamente por el Fiscal General. El rechazo no impedirá el trámite de la recusación por el mismo motivo. La recusación del fiscal se planteará ante el Fiscal General por escrito en el que se expondrán los motivos y los elementos de prueba en que se fundan, dentro de los TRES (3) días de conocerse las circunstancias que la motivan. Si los motivos se advirtieren durante una audiencia, la recusación podrá plantearse en ese mismo acto en forma oral.

En este caso el juez podrá rechazarla si la considerase improcedente; de lo contrario dará oportuna intervención al Fiscal General, sin perjudicar la continuidad de la audiencia.

El Fiscal General deberá resolver la recusación en el plazo de DOS (2) días. Si la considerase procedente, asignará un nuevo fiscal al caso. Si la declarase improcedente, el recusante podrá, dentro de los DOS (2) días de notificado, solicitar la revisión del juez. El juez resolverá en audiencia dentro de los TRES (3) días, pero podrá prescindir de la audiencia si la considerase innecesaria. En su caso el fiscal recusado podrá participar como parte en la audiencia, si lo deseare. Si el juez admitiere la recusación, el Fiscal General asignará un nuevo fiscal al caso.

Cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia que se susciten entre fiscales se resolverán conforme a lo que disponga la ley orgánica del Ministerio Público.

Referencia. En los casos en que este Código menciona a la policía se refiere a la Policía de la Provincia. Si en un caso de jurisdicción provincial, y de acuerdo a leyes o convenios, les correspondiera actuar a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina o a la Policía Aeronáutica, éstas estarán abarcadas por la referencia.

Facultades y deberes. La policía deberá: a) recibir denuncias; b) impedir que el hecho sea llevado a consecuencias delictivas ulteriores; c) efectuar el arresto, la aprehensión, la detención y la incomunicación de personas, en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata y comprensible; d) recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos por este Código; e) resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados; f) hacer constar el estado de personas, cosas y lugares mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que resulten necesarias para ello;

g) prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos;

h) entrevistar a los testigos;

i) ejecutar allanamientos y requisas cuando le esté permitido;

j) secuestrar elementos de prueba por los medios que le estén permitidos, adoptando las medidas necesarias para preservar la cadena de custodia;

k) reunir la información de urgencia que pueda ser útil al fiscal, y practicar las diligencias que él disponga.

Coordinación. Apartamiento de una fuerza de seguridad. El fiscal emitirá las instrucciones necesarias para coordinar la labor de la policía, a fin de lograr la mayor eficacia de la investigación.

De oficio o a pedido de parte, deberá apartar a la fuerza de seguridad que intervenga si de las circunstancias de los hechos investigados surgiere que miembros de aquélla podrían estar involucrados como partícipes en tales hechos.

Imputado. Los derechos que este Código le reconoce al imputado podrá hacerlos valer toda persona que sea indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso.

Derechos del imputado. Al imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, a cuyo fin las autoridades intervinientes le informarán los siguientes derechos:

a) a ser informado de las razones de su aprehensión o detención y la autoridad que la ha ordenado; a ser conducido directamente ante el fiscal, y a que un juez, sin demora, decida sobre su situación;

b) a pedir que su aprehensión o detención sea comunicada en forma inmediata a un pariente o persona de su confianza, asociación o entidad; si el imputado ejerciere este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido; si el aprehendido o detenido fuese extranjero se le informará que puede pedir que su situación sea comunicada al representante diplomático del Estado de su nacionalidad, a quien también se le hará saber, si correspondiere, su interés en ser entrevistado; guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como indicio de culpabilidad; c) a ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por uno propuesto por una persona de su confianza, o en su defecto por el defensor oficial;

d) a entrevistarse con su defensor en forma libre, privada y confidencial, en particular antes de la realización de cualquier acto que requiera su intervención;

e) a acceder a la información disponible desde el momento en que tenga noticia de la existencia del proceso, según las previsiones de este Código;

f) a presentarse ante el fiscal para que se le informe sobre los derechos que le asisten, y aportar por escrito las explicaciones que considere convenientes;

g) a declarar cuantas veces quiera con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada vez que manifieste su deseo de hacerlo;

h) a no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad, y;

i) a que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales, y a su prudente arbitrio, el juez o el fiscal consideren necesarias.

En todos los casos se dejará constancia fehaciente del cumplimiento del deber de información establecido en este artículo.

Si el imputado estuviese detenido, él o sus familiares podrán formular sus pretensiones por cualquier medio ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al fiscal.

Identificación y domicilio. En el primer acto en que intervenga, el imputado deberá informar sus datos personales y su domicilio real y constituir un domicilio procesal. Podrá informar su dirección informática o sus teléfonos a los fines de sus futuras citaciones y, en tal caso, podrá solicitar que estos datos queden reservados.

Si hubiera dudas sobre su identidad o fuere necesario para las averiguaciones, el fiscal podrá ordenar su identificación por testigos o por los medios que juzgue oportunos. En caso de detención se dispondrá su identificación por impresiones digitales.

Presunta inimputabilidad en el momento del hecho. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna alteración mental que le impedía comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sus derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por el defensor oficial, con los apoyos y ajustes razonables que fueran necesarios y con notificación al curador, si lo tuviere.

Si fuera el caso, se dará intervención a la justicia civil a fin de que se adopten las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica.

Padecimiento mental sobreviniente. Si durante el proceso sobreviniere un padecimiento mental que restrinja severamente la capacidad del imputado para entender los actos procesales, el juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables que sean necesarios, entre ellos el establecimiento de plazos especiales para el desarrollo del proceso.

En el momento oportuno el juez suspenderá el proceso a su respecto, sin perjuicio de que se lleven a cabo los actos que no requieran su presencia y de que se prosiga el proceso contra los demás imputados.

Si correspondiere, se dará intervención a la justicia civil, con notificación al defensor.

Menor. Si el imputado fuere menor de edad sus derechos como menor podrán ser ejercidos también por sus padres o tutores.

Designación. Aceptación del cargo. El imputado tendrá derecho a designar defensor de su confianza. Si no lo hiciere, se le designará un defensor oficial.

Si el imputado se encontrare privado de la libertad, cualquier persona de su confianza podrá proponer la designación del defensor, lo que será puesto inmediatamente en conocimiento de aquél para su ratificación. Mientras tanto, se dará intervención al defensor oficial.

La designación o asignación del defensor deberá producirse antes de que se realice la formalización de la imputación conforme el artículo 280.

Al aceptar el cargo, el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones, salvo supuesto de reserva, deberá constituir domicilio e informar su dirección informática y los teléfonos a través de los cuales pueda recibir citaciones y notificaciones.

La actuación del defensor no inhibe el derecho del imputado a formular planteamientos y alegaciones por sí mismo.

Designación de varios defensores. El imputado podrá designar los defensores que considere convenientes, pero no podrán actuar más de DOS (2) en un acto o audiencia. El nombramiento del defensor no estará sujeto a ninguna formalidad.

Si varios abogados hubiesen aceptado el cargo, la notificación practicada a uno de ellos tendrá validez respecto de todos.

Revocación. Renuncia. Abandono. El imputado podrá revocar designaciones o designar nuevos defensores; pero el que estuviera ejerciendo la defensa no será separado hasta que un nuevo defensor acepte el cargo.

El defensor no podrá dejar a su asistido sin defensa. Si renunciare se proveerá a su sustitución por el defensor oficial, a menos que el imputado designase uno nuevo de su confianza. Hasta entonces, el renunciante estará obligado a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser nombrado de nuevo en el mismo caso. Si se constatare el abandono de la defensa, se separará al abogado y se designará un defensor oficial que actuará mientras el imputado no designe uno de su confianza. La situación será comunicada al Colegio Público de Abogados que corresponda.

Si la renuncia o el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga de hasta DIEZ (10) días para el inicio o reanudación de la audiencia. El debate no podrá volver a suspenderse por la misma causa, salvo que debiera asumir el defensor oficial.

Sanciones. El abandono de la defensa, la renuncia intempestiva y la defensa de imputados con intereses contrapuestos, constituirán faltas graves del abogado que serán comunicadas al respectivo Colegio Público de Abogados.

El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del defensor oficial será comunicado a la autoridad que corresponda.

Libertad de declarar. Registro de la declaración. Las citaciones al imputado no tendrán por finalidad obtener una declaración sobre el hecho que se le imputa, pero éste tendrá la libertad de declarar cuantas veces quiera.

Durante la investigación preparatoria, el imputado podrá declarar luego de que el fiscal le hubiese comunicado la imputación. A su elección, podrá declarar ante el fiscal o ante el juez.

Las declaraciones del imputado deberán realizarse oralmente, y sólo tendrán valor si se realizan en presencia de su defensor. El querellante podrá participar en el acto de la declaración.

Si por imposibilidad física el imputado no pudiera oír o expresarse verbalmente o no comprendiera el idioma nacional, tendrá derecho a designar su propio traductor o intérprete, pero si no lo designare será provisto de uno a costa del Estado, para que le transmita el contenido del acto o de la audiencia.

Descargos por escrito. Sin perjuicio de su derecho a declarar, el imputado podrá presentar ante el fiscal descargos por escrito, con asistencia de su defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.

Desarrollo de la declaración. Antes de comenzar la declaración, el imputado será informado de los derechos que le asisten. También se le hará saber su derecho a abstenerse de contestar preguntas que se le dirijan, pero que no podrá consultar a su abogado para decidirlo.

Luego el fiscal le recordará el hecho que le ha imputado, la prueba de cargo y la tipificación penal provisional que le ha adjudicado al hecho. Inmediatamente el imputado declarará lo que tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye, e indicará los medios de prueba de descargo. Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas que estimen convenientes. El fiscal, o en su caso el juez, no permitirán preguntas improcedentes. El acto se registrará en soporte de audio o audiovisual.

Métodos prohibidos. En ningún caso se le exigirá al imputado juramento o promesa de decir verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíben las medidas que afecten la libertad de decisión, voluntad, memoria o capacidad de compresión del imputado.

No se permitirán las preguntas sugestivas o capciosas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente.

Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.

Facultades policiales. La policía no podrá interrogar al imputado. Sólo podrá requerirle los datos correspondientes a su identidad, si no estuviera individualizado.

Si el imputado expresare su deseo de declarar se lo hará saber de inmediato al fiscal, quien dispondrá lo necesario para la recepción de la declaración.

Valoración. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá que se la utilice en su contra, aun si hubiera dado su consentimiento para infringir alguna regla.

Rebeldía. Captura. Se declarará en rebeldía a la persona que hubiera eludido una orden de detención o se hubiese fugado del lugar donde estaba detenida, y al imputado que, injustificadamente, no hubiere comparecido a una citación o se hubiese ausentado del domicilio que había denunciado.

Previamente a su detención, se arbitrarán las medidas necesarias para lograr su ubicación o su comparendo por la fuerza pública, según sea el caso.

Si tales medidas resultaren infructuosas, el fiscal solicitará al juez la declaración de rebeldía y el libramiento de la orden de captura. El juez resolverá en audiencia.

Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación respecto del rebelde ni las resoluciones que puedan adoptarse sin su intervención personal.

Captura o comparecencia del rebelde. Si el rebelde fuese capturado o se constituyese voluntariamente en detención, se aplicarán las reglas de los artículos 229, 230 y 231.

Derecho a querellar. Actuación conjunta y actuación autónoma. Las víctimas de un delito de acción pública podrán ejercer la acción penal pública como querellantes en forma conjunta con el fiscal.

Constituidos como tales, podrán actuar autónomamente en las oportunidades previstas en este Código.

También podrán querellar: a) el representante legal, si la víctima de cualquier delito fuese una persona incapaz; b) los socios o asociados respecto de los delitos que afecten a una sociedad o asociación, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; c) los acreedores verificados en los procesos concursales, por las maniobras fraudulentas producidas por el concursado en perjuicio de la masa; d) los organismos públicos legitimados por leyes especiales para hacerlo, respecto de los delitos por lo que estén legitimados; En los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, actos de discriminación de la víctima o actos de corrupción de funcionarios públicos, las asociaciones u organizaciones legalmente constituidas o reconocidas cuyo objeto lo admita y demuestren su interés en el caso.

En los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, actos de discriminación de la víctima o actos de corrupción de funcionarios públicos, las asociaciones u organizaciones legalmente constituidas o reconocidas cuyo objeto lo admita y demuestren su interés en el caso.

Formalidades. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal o por mandatario especial, y con asistencia letrada. Si la pretensión acompañara a la denuncia del hecho, deberá cumplir con las condiciones del artículo 272. Si se ejerciere en un proceso ya iniciado, indicará sucintamente el hecho por el que se pretende querellar y los correspondientes imputados.

Si se omitiere algún requisito, el fiscal intimará al presentante a que en el plazo de TRES (3) días corrija el error o la omisión; si así no lo hiciere, rechazará la pretensión.

Oportunidad y unidad de representación. La pretensión de querellar podrá formularse hasta el cierre de la investigación preparatoria. Si éste considerase que el interesado carece de legitimación para constituirse en querellante, dará intervención al juez. El juez decidirá en audiencia.

Si los querellantes constituidos fueren varios y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola representación. Si no se pusieren de acuerdo, el juez resolverá.

No procederá la unidad de representación entre particulares y entidades públicas legitimadas para querellar, ni entre particulares y las asociaciones referidas en el artículo 107, salvo acuerdo de los querellantes.

Desistimiento expreso. El querellante podrá desistir expresamente de su intervención en cualquier momento.

El desistimiento se presentará por escrito ante el fiscal, u oralmente ante el juez en el desarrollo de una audiencia, según la instancia que se desarrolle al momento del desistimiento.

El fiscal o, en su caso, el juez, tendrán al querellante por apartado del proceso. Éste quedará obligado por las costas que su actuación hubiera causado.

Desistimiento tácito. Se entenderá que el querellante tácitamente ha renunciado a su intervención, en los siguientes casos:

a) si no concurriere a la realización de una medida de prueba para cuya producción sea necesaria su presencia; b) si no formulare acusación en la oportunidad que corresponda; c) si no concurriere a la audiencia de control de la acusación o a la de admisión de la prueba para el juicio; d) si no concurriere a la audiencia de debate o no presentare conclusiones. En los casos de incomparecencia, la alegación de justa causa deberá acreditarse. El desistimiento tácito será declarado por el juez a pedido de parte. El apartado quedará obligado por las costas que su actuación hubiera causado.

Derecho a querellar. Las víctimas de los delitos de acción privada deberán promover querella para ejercer la acción.

Si la víctima fuese una persona incapaz, podrá hacerlo su representante legal. La querella por el delito de acción privada se regirá por las reglas del procedimiento especial previsto en este Código.

Idioma. En los actos procesales se utilizará el idioma nacional. En caso de corresponder, se utilizarán formato y lenguaje accesibles. Si alguno de los intervinientes por imposibilidad física no pudiera oír o entenderlo, deberá designarse un traductor o intérprete de oficio y/o disponer los apoyos necesarios para garantizar su compresión y debida comunicación.

Si la persona no se expresa en idioma nacional, en lo posible, se dejará constancia en ambas versiones.

Día y hora de los actos. Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin perjuicio de las habilitaciones que se dispongan.

Los actos de la investigación, salvo las excepciones expresamente dispuestas, se cumplirán también en días y horas inhábiles.

Lugar. Los fiscales y los jueces, para la realización de los actos propios de su función, si fuese necesario o conveniente podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

Registro de actos procesales. Los actos del proceso se podrán registrar por escrito o por medios audiovisuales u otros soportes equivalentes. En los casos de estos últimos, queda prohibida su edición, tratamiento o modificación. Se deberá asegurar la autenticidad e inalterabilidad de los registros.

Si se utilizaran soportes de audio o audiovisuales, los contenidos esenciales del acto deberán surgir del mismo registro o, de no ser ello posible, de un acta complementaria. Se deberán reservar los soportes originales en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.

Informes y Actas. Los actos que se registren por escrito serán documentados en informes o en actas, que deberán contener:

a) la mención del lugar, la fecha y la hora del acto y la indicación de la actividad practicada y de los resultados obtenidos, y; b) la firma del funcionario que produce el informe o, en el caso de actas, las firmas de los que participaron en el acto, dejándose constancia, en su caso, de las razones de aquel que se niegue a firmar o del que lo hace a ruego. La omisión de estas formalidades priva de validez al informe o acta, siempre que no pudieren ser suplidas, con certeza, sobre la base de otros elementos de prueba.

Actas policiales con testigos. Los funcionarios de la policía que practiquen actos de secuestros, inspecciones oculares, requisas personales, allanamientos o inspecciones de lugares los registrarán en actas con intervención de UN (1) testigo que no pertenezca a la fuerza que interviene en el acto, salvo en casos de suma urgencia o imposibilidad de conseguirlo, circunstancias que deberán ser acreditadas.

En ningún caso podrán ser testigos de actuación los menores de DIECISEIS (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de sus facultades psíquicas.

Formalidades de las resoluciones. En las resoluciones, escritas u orales, deberán constar:

a) el día, lugar e identificación del proceso en el que se las dicta; b) el objeto a decidir y en su caso, las peticiones de las partes, y; c) la decisión y sus fundamentos de hecho y de derecho. La autoridad que dictó la resolución podrá, al advertirlo o al ser advertido, rectificar algún error u omisión material contenidos en aquella o aclarar o explicitar los fundamentos, siempre que ello no importe una modificación esencial de la decisión ni de sus fundamentos. La forma escrita podrá cumplirse a través de un documento suscripto manualmente por la autoridad que dicte la Resolución o mediante el registro electrónico de la resolución con firma digital o electrónica. La forma oral se cumplirá mediante el registro de audio o audiovisual de la audiencia en la que se adoptó la resolución.

Resoluciones de tribunales colegiados. Las resoluciones de los tribunales colegiados se adoptarán por mayoría, previa deliberación.

Si las cuestiones a resolver fueren varias, se votarán en forma individual en el orden de prelación que corresponda al caso. El juez que en una de ellas hubiese votado en disidencia, votará en las que sigan.

Proveídos de mero trámite. Los proveídos de mero trámite que se considere necesario registrar, se registrarán en forma escrita y serán firmados por los encargados de la oficina judicial o de la oficina correspondiente del Ministerio Público.

Plazo. Presencia. Las audiencias serán fijadas para dentro de los TRES (3) días de solicitadas, siempre que este Código no disponga expresamente otro plazo.

En la audiencia se requerirá la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes que actúen. Las partes no tendrán obligación de asistir personalmente y podrán ser representadas por sus defensores o apoderados legitimados, salvo disposición en contrario.

Si la parte que promovió la audiencia no compareciere, se la tendrá por desistida de su interés, salvo disposición en contrario. La incomparecencia de las demás partes no suspenderá ni perjudicará la realización de la audiencia, salvo disposición en contrario.

Reglas generales. Registro. En el desarrollo de las audiencias se deberán respetar los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Los jueces no podrán suplir la inactividad de las partes y deberán sujetarse a lo que ellas hayan discutido.

El juez, o el presidente del tribunal en su caso, dirigirán la audiencia, moderará la discusión, limitará el tiempo de uso de la palabra, impedirá intervenciones impertinentes y ejercerá el poder disciplinario dentro del recinto.

En la audiencia, los jueces promoverán la bilateralidad entre las partes a los efectos de escuchar las distintas opiniones y entender sus respectivos argumentos. Podrán interrogarlas sobre las cuestiones planteadas y los fundamentos legales, jurisprudenciales o doctrinarios que aleguen.

Las audiencias serán registradas en soporte de audio o en soporte audiovisual, salvo que este Código expresamente dispusiera el registro audiovisual.

Audiencia unilateral con el fiscal. En los casos de audiencia unilateral con el fiscal, no se exigirá el registro de audio o audiovisual, y podrá celebrarse a través de cualquier medio de comunicación, incluida la vía telefónica. El juez dejará en el legajo judicial constancia escrita de la realización de la audiencia y de la resolución adoptada.

Si se tratare de un caso urgente que no admita dilación, el fiscal podrá solicitar la audiencia directamente al juez asignado al caso.

Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este Código.

Los plazos serán perentorios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127, y vencerán a la hora veinticuatro del último día señalado. Si el término fijado venciese después del horario laboral, el acto que deba cumplirse en éste, podrá ser realizado durante las DOS (2) primeras horas del día hábil siguiente.

Los plazos determinados por horas, comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. Los plazos determinados por días, comenzarán a correr al día siguiente de practicada su notificación.

Se computarán sólo los días y horas hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medida de coerción, caso en el cual se computarán días y horas corridos.

Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados.

Renuncia a plazo. La parte a cuyo favor se ha establecido un plazo, podrá renunciarlo o abreviarlo mediante expresa manifestación de voluntad, que deberá ser conjunta si el plazo fuera común.

Reposición y ampliación del plazo. Las partes podrán solicitar la reposición del plazo, si por defecto de la notificación no se hubieren cumplido con las exigencias del artículo 135.

Las partes podrán solicitar la ampliación del plazo cuando razones de fuerza mayor le impidieran observarlo.

Plazos judiciales. En los casos en que la ley permita la fijación judicial de un plazo, el juez lo establecerá conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes.

Plazos para resolver. Las cuestiones que deban ser resueltas en audiencia, deberán ser adoptadas al concluirse la audiencia, sin interrupción alguna, salvo los casos expresamente previstos en este Código.

Las cuestiones que no requieran audiencia serán resueltas dentro de los TRES (3) días de su planteamiento, siempre que la ley o este Código no dispongan expresamente otro plazo.

Si se tratare de un acto a cumplir por la oficina judicial, el plazo para hacerlo será de DOS (2) días, siempre que no corresponda hacerlo en un plazo más breve.

Requerimientos. Los órganos judiciales y el Ministerio Público en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán requerir de similares autoridades nacionales o locales la colaboración que necesiten para la ejecución de un acto o la obtención de una información vinculada al proceso. Si la colaboración fuera rechazada o demorada, el órgano requirente se dirigirá al superior jerárquico de la autoridad requerida para que tome intervención y disponga lo que corresponda.

A los mismos fines, también podrán dirigirse a personas o entidades privadas con sede en cualquier lugar del país. Los destinatarios deberán cumplir sin demora las diligencias requeridas. Se podrá urgir la respuesta mediante la fijación de conminaciones pecuniarias.

Los requerimientos podrán cursarse por cualquier medio que quede registrado, incluso por medio electrónico. Podrá utilizarse la firma digital o electrónica.

Investigaciones conjuntas. Si fuera necesario investigar hechos llevados a cabo en más de una jurisdicción, el fiscal podrá coordinar la investigación con las autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá formar equipos de investigación.

Prórroga de jurisdicción. Cuando el fiscal deba llevar a cabo una medida que requiera autorización judicial previa, la solicitará al juez competente en el caso, quien podrá autorizarla aun si aquélla debe llevarse a cabo en otra jurisdicción territorial de la Provincia. Una vez diligenciada el fiscal deberá poner conocimiento del juez del lugar la medida practicada y los resultados obtenidos.

Disposición de detenidos a la orden de otro juez. El juez, a pedido del fiscal, solicitará que los imputados que se encuentren detenidos a la orden de otro juez sean puestos por éste a su disposición, de conformidad con los convenios que se hubiesen celebrado o las prácticas usuales.

Cooperación internacional. Los requerimientos dirigidos a autoridades extranjeras o a personas o entidades privadas con sede en el extranjero, serán remitidos por la vía y en las formas prescriptas por la ley de cooperación internacional en materia penal, los tratados, convenios y costumbres internacionales, y, en su caso, por la ley Orgánica del Ministerio Público.

Notificaciones y citaciones. Formalidades. Las resoluciones y las citaciones de las partes o de terceros, deberán notificarse a quien corresponda con la urgencia que requiera el caso.

Deberá garantizarse que las notificaciones y citaciones: a) lleguen fehacientemente a los destinatarios en los sitios físicos o informáticos que se hayan constituido, si fueran parte, o a los domicilios que correspondan, si fueren terceros; b) transmitan con claridad, precisión y en forma completa, el contenido de la resolución o convocatoria que se está notificando; c) se efectúen oportunamente para permitir el cumplimiento de su finalidad en el tiempo o momento indicado en la notificación; d) contengan todos los datos que sean necesarios para asegurar al notificado el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de su obligación, según sea el caso; e) adviertan suficientemente al destinatario si el ejercicio del derecho está sujeto a un plazo o condición, o si el incumplimiento de la obligación dará motivo a una forma compulsiva de cumplimiento. Las reglamentaciones pertinentes dispondrán los procedimientos que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Medios de notificación y citación. Las notificaciones y citaciones podrán ser cursadas mediante cédulas, por medios electrónicos o por cualquier otro medio, siempre que se asegure el cumplimiento de su finalidad. Las partes podrán, en su caso, acordar expresamente una modalidad de notificación efectiva de acuerdo con las posibilidades técnicas a las que tengan acceso.

Las resoluciones que se adopten durante las audiencias se notificarán a las partes oralmente en el mismo acto.

Objetos secuestrables. Serán objeto de secuestro las cosas relacionadas con el delito, las que puedan servir como prueba y las sujetas a decomiso.

Prohibición de secuestro. No podrán ser secuestradas: a) las comunicaciones entre el imputado y las personas que deban abstenerse de

declarar como testigos, y; b) las notas que hayan tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones

confiadas por el imputado, o sobre cualquier circunstancia a la cual se extienda el deber de abstenerse de declarar.

Orden de presentación o entrega. El fiscal podrá ordenar que aquel que tenga en su poder cosas cuyo secuestro sea de interés, los presente o los entregue ante su requerimiento.

Si los objetos requeridos no fueren presentados o entregados, el fiscal solicitará al juez su secuestro compulsivo. Para ello se aplicarán las reglas de la requisa de personas o del registro de lugares, según corresponda.

Custodia. Cadena de custodia. Los efectos secuestrados serán descriptos e inventariados, y quedarán bajo la custodia del fiscal. Se podrá ordenar la obtención de copias, reproducciones o imágenes de las cosas secuestradas, para ser utilizadas cuando fuese dificultoso el traslado o la adecuada custodia de las originales.

Con el fin de asegurar los elementos de prueba, el fiscal establecerá una cadena de custodia para resguardar su identidad, estado y conservación. A tal fin se deberá llevar registro de las personas que tomen contacto con esos objetos, y se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el resguardo.

Devolución de efectos secuestrados. El fiscal devolverá los objetos secuestrados cuando no resulten más útiles para el proceso. Serán devueltos a las personas legitimadas para poseerlos.

La devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito, imponiéndosele al receptor la obligación de mantenerlos en su poder y exhibirlos cuando se le indique.

Inspección de lugares. Se inspeccionará el lugar del hecho y otros lugares en los que se puedan encontrar elementos de prueba útiles para la investigación.

La policía será la encargada de realizar la diligencia, sin perjuicio de que el fiscal, designe a una persona para que participe en ella si lo considerase necesario.

Durante la diligencia podrá ordenarse que no se ausenten quienes se encuentren en el lugar o que cualquier otra persona comparezca inmediatamente.

Los que desobedezcan podrán ser compelidos por la fuerza pública. La restricción de la libertad no durará más de SEIS (6) horas sin que sea recabada la autorización del juez.

Clausura de lugares cerrados. El fiscal podrá disponer la clausura de un lugar cerrado cuando fuese necesario para preservar la escena del hecho o inmovilizar cosas muebles que por su naturaleza o dimensión no puedan ser trasladadas a otro lugar.

La clausura dispuesta por el fiscal no podrá extenderse por más de DOS (2) días. Si fuese necesario mantenerla por más tiempo, se deberá requerir la autorización del juez.

Finalidad. Formalidades. El juez, a requerimiento del fiscal y en audiencia unilateral, ordenará la requisa de una persona cuando hubiere motivos suficientes para presumir que podría llevar cosas relacionadas con un delito. La requisa incluirá la inspección de los efectos personales que el requisado portare consigo o que llevare en el interior de un vehículo, una aeronave o una embarcación.

La orden deberá indicar la finalidad de la búsqueda. Antes de proceder a la requisa se advertirá a la persona acerca de los objetos buscados, invitándola a exhibirlos y entregarlos.

Las requisas se practicarán separadamente y con perspectiva de género, respetando el pudor y la dignidad personal, y, en los casos que correspondiere, por profesionales de la salud.

La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará a ésta. Si en el estricto cumplimiento de la orden de requisa se encontraren objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se pondrá en conocimiento del fiscal quien, en caso de estimarlo adecuado, ordenará su secuestro. La policía deberá informar al fiscal los resultados del procedimiento, inmediatamente después de practicado. En caso de secuestro de efectos, el secuestro se registrará en la forma prevista en este Código.

Requisa sin orden judicial. La policía podrá proceder a la requisa de una persona sin orden judicial, si concurrieren las siguientes condiciones: a) si existieran circunstancias que razonable y objetivamente permitan presumir que una persona oculta cosas relacionadas con la comisión de un delito, y;

b) no fuese posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan los efectos que se pretenden encontrar;

c) que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público.

Tampoco se requerirá orden judicial si la requisa se practicare en la vía pública o en lugares de acceso público en el marco de un operativo de control organizado por la autoridad en aras de la seguridad pública.

Cuando se produzca una aprehensión o detención, la policía deberá proceder a la requisa del aprehendido o detenido.

La policía deberá informar al fiscal los resultados del procedimiento de requisa inmediatamente después de practicado. En caso de secuestro de efectos, se registrará en la forma prevista en este Código.

Finalidad. El juez, a requerimiento del fiscal y en audiencia unilateral, ordenará el registro de una morada u otro lugar cerrado, cuando hubiere motivos para presumir que en él pueden encontrarse cosas vinculadas a la investigación o que allí se puede concretar una detención autorizada. A tal fin expedirá, por escrito, la respectiva orden de allanamiento.

La policía será la encargada de realizar la diligencia. El fiscal podrá proceder personalmente al registro disponiendo de la fuerza pública, o encomendar a personal de la fiscalía la participación en la diligencia.

Registro de morada. Si el registro debiera efectuarse en un lugar destinado a habitación o residencia particular o sus dependencias cerradas, la diligencia deberá realizarse en horario diurno.

Excepcionalmente, en caso de peligro en la demora, podrá procederse en cualquier horario. La orden que así lo disponga deberá explicitar tales circunstancias extraordinarias. La orden del juez no podrá ser suplida por el consentimiento de quien habita el lugar.

Registro de otros lugares. La exigencia horaria establecida en el primer párrafo del artículo anterior no regirá para los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, las oficinas de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuera perjudicial para la investigación.

Para la entrada y registro en la Legislatura, el juez deberá dar aviso al presidente de la cámara respectiva. Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en un estudio jurídico o notarial, deberá darse aviso al colegio profesional que corresponda, que podrá designar un representante para que presencie el acto, pudiendo formular observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional.

Requerimiento. Requisitos. El fiscal, al requerir la orden de allanamiento, deberá indicar:

a) la determinación concreta del lugar o los lugares que deberán ser registrados;

b) la finalidad del registro y la mención de los objetos a secuestrar o de las personas a detener; c) los motivos que fundan la necesidad de la medida y cuáles son las evidencias disponibles que a primera vista la justifican;

d) en su caso, los motivos que justifican la necesidad de efectuar la diligencia fuera del horario diurno;

e) en su caso, las personas que deben ser autorizadas a participar de la diligencia.

Orden de allanamiento. Contenido. El juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos que fundan el pedido del fiscal, y expedirá en su caso la correspondiente orden de allanamiento.

La orden será escrita y deberá contener:

a) la identificación de la investigación en el marco de la cual se libra;

b) la indicación del lugar o lugares que habrán de ser registrados; c) la finalidad con la que se practicará el registro y la indicación de los objetos a secuestrar o de las personas a detener;

d) el día en que la medida deberá efectuarse y, si correspondiera, la habilitación horaria;

e) la autoridad que la llevará a cabo y las personas autorizadas para participar en la diligencia.

La comunicación de la orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por medios electrónicos o por cualquier otro medio idóneo, con constancia fehaciente según el modo de comunicación utilizado, y la identificación del receptor.

Casos graves y urgentes. Si el caso fuere grave, la decisión no admitiese dilación y las circunstancias no le permitieran al juez emitir la orden de allanamiento por escrito, el juez podrá dársela al fiscal en forma oral, cumpliendo con los requisitos del artículo anterior. De inmediato el juez confirmará la emisión de la orden oral mediante mensaje telefónico al fiscal.

El fiscal comunicará la orden a la autoridad encargada del procedimiento. Lo hará por un medio fehaciente que identifique a la autoridad que recibe la comunicación y los límites de la actuación que se le encomienda, conforme las indicaciones que hubiese precisado el juez. El juez, en cuanto las circunstancias se lo permitieren, y a más tardar dentro de las SEIS (6) horas, registrará en el legajo judicial la orden en forma escrita, dejando constancia de las razones que justificaron la emisión oral de la orden.

Formalidades del registro. La orden de allanamiento será notificada mediante la entrega de una copia de ella al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, si estuviere ausente, a su encargado. A falta de éstos, se la comunicará a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, preferentemente a los familiares del habitante. Si no se encontrare ninguna persona se hará constar en el acta.

Si el caso fuere el del artículo anterior, se notificará la comunicación realizada por el fiscal.

El funcionario a cargo del procedimiento deberá identificarse, e invitará al notificado a presenciar el registro.

Si existiere riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento que hicieran necesario que la policía ingrese al lugar antes que ellos, la policía lo hará por el tiempo estrictamente necesario para neutralizar el peligro. Se dejará en el acta constancia explicativa de tales circunstancias.

Finalizado el procedimiento, el funcionario a cargo entregará copia del acta levantada a la persona a quien, al iniciarlo, le hubiese notificado la orden.

Límites del registro. Aparición imprevista de objetos. El registro se circunscribirá al lugar especificado en la orden, a la búsqueda de los efectos indicados en ella y a la detención de las personas en ella identificadas. En la diligencia se procurará afectar lo menos posible el derecho a la intimidad.

Si en el curso de la diligencia la policía advirtiera la necesidad de registrar otro lugar o extender los objetivos de la orden, solicitará al fiscal que tramite una ampliación de la orden de allanamiento.

Si en el estricto cumplimiento de la orden de allanamiento la policía encontrara objetos que evidencian la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, lo pondrá en conocimiento del fiscal. El fiscal podrá ordenar el secuestro de tales objetos si considerase que, en principio, el hallazgo ha sido legítimo.

En la registración de la diligencia se dejará constancia explicativa sobre el lugar allanado, las circunstancias del desarrollo de la medida y la forma en que fueron hallados los objetos secuestrados o la persona detenida.

Allanamiento sin orden judicial. La policía podrá proceder al allanamiento sin previa orden judicial si:

a) por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad;

b) se introdujere en una casa o local algún sospechado de delito a quien se persigue para su aprehensión; c) mediare una denuncia verosímil de que una o más personas se han introducido en una casa o local con evidente intención de cometer un delito;

d) voces provenientes de una casa o local pidieren socorro o anunciaren que allí se está cometiendo un delito;

e) se tuvieren sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y corriere peligro inminente su vida o integridad física.

De ser posible, la policía solicitará autorización oral del fiscal antes de proceder. En la registración del acto se deberá dejar constancia de la existencia de la causal de excepción aplicable y, en su caso, de la autorización del fiscal.

Interceptación de correspondencia. Siempre que resulte útil para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar, a petición del fiscal y en audiencia unilateral, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal o de todo otro efecto destinado al imputado o remitido por éste, aunque sea bajo nombre supuesto.

Recibida la correspondencia o efectos interceptados, el fiscal procederá a la apertura y lectura de la correspondencia y al examen de los efectos. Dispondrá el secuestro de la correspondencia o efectos que considerase útiles para la investigación, y dispondrá la entrega del resto a los destinatarios bajo constancia.

El interesado podrá recurrir al juez para obtener la entrega que el fiscal hubiere denegado.

Incautación de datos. El juez podrá ordenar, a requerimiento del fiscal y en audiencia unilateral, el registro de un dispositivo de almacenamiento de información, de un sistema informático, o de partes de éstos, con el objeto de secuestrar los componentes del dispositivo o sistema, obtener copia de la información o preservar datos o elementos de interés para la investigación. Deberán cumplirse las condiciones y formalidades previstas para el registro de lugares.

Una vez secuestrados los componentes del dispositivo o sistema, u obtenida la copia de los datos, se aplicarán las reglas de apertura y examen de correspondencia. Se dispondrá la devolución de los componentes o la destrucción de las copias, que no fueran de interés para la investigación.

El interesado podrá recurrir al juez para obtener la devolución de los componentes o la destrucción de los datos.

Informes. El fiscal podrá requerir a cualquier persona o entidad pública o privada, informes sobre los datos o registros que ellos posean. Los informes se solicitarán oralmente o por escrito, a través de cualquier medio de comunicación. En el requerimiento se indicará el caso en el cual se necesita la información, el nombre del imputado y el plazo de cumplimiento.

La información requerida podrá ser brindada por cualquier medio que quede registrado, incluso por medio electrónico. Podrá utilizarse la firma digital o electrónica.

En caso de incumplimiento el fiscal podrá requerirle al juez el secuestro compulsivo de la información conforme las reglas de la requisa de personas, del registro de lugares o de la incautación de datos, según correspondiere.

Reconstrucción del hecho. El fiscal podrá ordenar la reconstrucción del hecho, para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.

No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla, presenciarla e intervenir en ella.

Testigo. Obligaciones. Será convocada como testigo toda persona que, sin participación penal en los hechos investigados, haya conocido circunstancias de interés para la investigación. Se considera testigo también a la persona que para describir lo que conoció utilice en su declaración las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. Toda persona será capaz de atestiguar y, cuando fuere requerida, deberá comparecer. El testigo tendrá la obligación de declarar con veracidad cuanto conociere y le fuera preguntado, sin ocultar hechos o circunstancias que guarden relación con la investigación. No tendrá obligación de declarar sobre hechos que puedan acarrearle responsabilidad penal.

Derechos del testigo. Al testigo se le garantizará el pleno respeto de los siguientes derechos:

a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades intervinientes; b) al pago de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente indique para declarar; c) a la protección de la integridad física y moral propia y de sus allegados; d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado. Los derechos reconocidos en este artículo serán informados al testigo oportunamente, de modo de permitirle su adecuado ejercicio.

Protección del testigo. Si lo considerase necesario o conveniente, el fiscal dispondrá o solicitará una o varias de las medidas de protección de testigos previstas en la legislación aplicable. Podrá disponer que la identidad o el domicilio del testigo se mantengan reservados durante la investigación preparatoria, si lo considerase necesario para preservar su seguridad o la de sus allegados. Bajo estas circunstancias, las manifestaciones del testigo deberán ser evaluadas con especial cautela.

Facultad de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente del imputado, los parientes de éste hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su tutor, curador o guardador.

Las personas mencionadas serán informadas sobre la facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración. Podrán ejercerla aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.

Deber de abstención. Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores, escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar, y los ministros y funcionarios públicos sobre secretos de estado.

Salvo los ministros de un culto admitido, los mencionados en el párrafo anterior no podrán negar su testimonio en caso que sean liberados del deber de guardar secreto por el interesado o por el Estado, según corresponda.

Entrevistas de testigos. Durante la investigación preparatoria, el fiscal, por sí o por personal a su cargo, podrá entrevistar a los testigos en la fiscalía, en su domicilio o en otro sitio, o a través de la vía telefónica u otro medio de comunicación. Los testigos que se encuentren físicamente incapacitados o que residan en un lugar distante, no serán compelidos a concurrir a la fiscalía.

Las entrevistas de testigos se regirán por el principio de desformalización y deberá ser notificada a la defensa.

El funcionario a cargo de la entrevista:

a) se asegurará de que el testigo no esté alcanzado por una prohibición de declarar o, en su caso, que pueda decidir sobre su facultad de abstenerse de hacerlo;

b) le hará saber al testigo que deberá comparecer ante cualquier citación, y que deberá informar a la fiscalía cualquier cambio de domicilio;

c) agregará al legajo un informe en el que consten los datos personales del entrevistado y la información de interés obtenida a través del testigo. Con el informe acompañará la grabación de la entrevista, si se hubiese producido.

Declaración bajo juramento. El fiscal recibirá el testimonio bajo promesa o juramento de decir verdad y podrá registrar el acto en soporte de audio o audiovisual. Las declaraciones de testigos se regirán por el principio de desformalización.

Compulsión. Si un testigo notificado de su convocatoria no se presentara, el fiscal lo hará comparecer por medio de la fuerza pública. La autoridad a cargo de la medida, informará a la persona el motivo de la diligencia y lo llevará hasta el lugar que se le haya indicado.

El comparendo compulsivo durará el tiempo indispensable para cumplir con el acto que motivó la convocatoria, que nunca excederá de VEINTICUATRO (24) horas.

Si se tratara de un testigo residente en el extranjero y fuere necesario utilizar la compulsión, se solicitará la cooperación de las correspondientes autoridades extranjeras conforme lo dispuesto por el artículo 134.

Auxilio especial. Si debiera recibirse declaración a personas que han sido víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, se dispondrá su recepción con el auxilio de familiares o profesionales especializados que sea necesario.

Declaración de personas en estado de vulnerabilidad. Si el testigo fuese una persona menor de edad o con capacidad restringida, o una víctima de delitos que presupongan la explotación de personas u otras graves violaciones a derechos humanos, y las circunstancias del caso así lo aconsejasen, deberán adoptarse los siguientes recaudos:

a) si se tratare de un testigo menor de edad o persona con capacidad restringida, el acto se llevará a cabo de acuerdo a su edad y etapa evolutiva; y si fuera víctima del delito de trata o explotación de personas u otra grave violación a los derechos humanos, de acuerdo a su estado de vulnerabilidad;

b) si fuera necesario, por las condiciones del testigo, será interrogado por un psicólogo especialista y el desarrollo del acto deberá ser seguido por las demás partes desde el exterior del recinto donde se desarrolle el acto, a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico adecuado. Con anterioridad a la iniciación del acto, el tribunal le hará saber al profesional a cargo de la interrogación las inquietudes y propuestas de las partes, y durante el transcurso del acto le hará saber las que surjan como consecuencia de la declaración. Las inquietudes serán canalizadas por el profesional teniendo en cuenta las características del hecho, y el grado de capacidad y estado emocional de la víctima;

c) si se tratara de actos de reconocimiento de personas, lugares o cosas, el testigo podrá ser acompañado por un profesional especializado, y el imputado podrá ser apartado del acto, si se considerase necesario, pudiendo estar presente su abogado defensor.

Declaración por escrito. Durante la investigación preliminar, podrán declarar por escrito y bajo juramento o promesa de decir verdad, el Presidente y Vicepresidente de la Nación, los Gobernadores y Vicegobernadores de las Provincias y el Jefe y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Ministros y Legisladores Nacionales, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Ministros Diplomáticos y Cónsules Generales; los Jueces del Poder Judicial de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Fiscales, Asesores y Defensores de los Ministerios Públicos Nacionales, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Oficiales Superiores de las fuerzas armadas desde el grado de Coronel o su equivalente, en actividad; y los altos dignatarios de la Iglesia.

Reconocimiento de personas. El fiscal podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona si fuese necesario para identificarla o establecer que quien la menciona o alude efectivamente la conoce o la ha visto.

Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo, prestará su promesa o juramento de decir verdad, y será interrogado para que describa a la persona a reconocer con la mayor precisión que pueda, y para que diga si después de las circunstancias sobre las que se manifestó y antes de ese acto la ha visto personalmente o en imagen.

La diligencia de reconocimiento se practicará enseguida del interrogatorio. Se pondrá a la vista del que haya de practicar el reconocimiento a la persona que deba ser identificada o reconocida junto con otras DOS (2) o más personas de condiciones exteriores semejantes. La persona a identificar o reconocer elegirá su colocación en la rueda.

En presencia de ellas o desde un lugar donde no pueda ser visto, según el fiscal lo estime conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia. En caso afirmativo se le requerirá que la indique precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba en la época referida en su declaración.

La diligencia deberá registrase en soporte audiovisual, en el que deberá quedar registro de las circunstancias útiles del acto de reconocimiento, incluidos el nombre y el domicilio de los que hubieren formado la rueda.

La diligencia de reconocimiento se practicará en presencia del defensor.

Reconocimiento por fotografía. Excepcionalmente podrá ordenar el reconocimiento por medio fotográfico, si fuera necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviera presente, que no ha podido, ser hallada y de la que se tuvieren imágenes.

En este caso, se le presentará a quien deba practicar el reconocimiento una fotografía de la persona a identificar o reconocer, con otras de personas parecidas. En lo demás, se observarán las disposiciones del artículo anterior.

Reconocimiento de objetos, voces, sonidos y lugares. Si fuese necesario efectuar un reconocimiento de objetos, se invitará a la persona que deba efectuarlo a que previamente lo describa con la mayor precisión que pueda, y se procurará que la exhibición del objeto a reconocer se haga en forma conjunta con otros objetos similares, si fuera posible. Si se dispusiera el reconocimiento de voces y sonidos, se observarán análogamente las formas para el reconocimiento de personas o de objetos, según corresponda. Si fuere de lugares se respetarán las reglas del reconocimiento de objetos que resulten aplicables.

Recaudos. La realización de reconocimientos se regirá por las reglas de las medidas de prueba irrepetibles.

Será inválida la prueba de reconocimiento del imputado que hubiese sido efectuada sin notificación al defensor. Si este no concurriera, el reconocimiento se llevará a cabo en presencia de un defensor oficial. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, y se deberán tomar los recaudos para que el mismo no se desfigure.

Peritajes. Si para conocer o apreciar un hecho resultasen necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, el fiscal ordenará el correspondiente peritaje a cargo de peritos oficiales. Si el caso lo amerita podrá requerir la intervención de más de un perito oficial. Las demás partes podrán participar del peritaje a través de peritos de su confianza, o gestionar dictámenes por separado si ello fuese posible. En este último caso, el fiscal, a pedido de la parte interesada, dispondrá las medidas necesarias para que los peritos de confianza accedan a las personas, objetos, documentos o lugares que correspondan, para proceder a su examen.

Informes periciales. Si el fiscal necesitare una información pericial sobre circunstancias que resulten periciables de modo simple y fácilmente reproducible, solicitará un informe pericial de un perito oficial y las partes podrán gestionar informes por separado.

Peritos habilitados para intervenir. Los peritos deberán tener título habilitante en la materia relativa al punto sobre el que dictaminarán o informarán, siempre que la ciencia, arte o técnica esté reglamentada. En caso contrario podrá darse intervención a personas de idoneidad manifiesta.

No podrán desempeñarse como peritos las personas alcanzadas por un deber o facultad de abstención de declarar testimonialmente.

Compromiso de los peritos oficiales. Recusación. Los peritos oficiales dictaminarán o informarán bajo compromiso de veracidad.

Deberán excusarse o podrán ser recusados por los motivos que fueren pertinentes entre aquellos indicados en el artículo 63.

Instrucciones. Peritos de parte. Actuación conjunta. Cuando el fiscal ordene un peritaje, formulará las cuestiones a informar, fijará el plazo en el que deberá expedirse y notificará a las demás partes. Si las demás partes optaren por participar en el peritaje, designarán perito de parte, quien aceptará el cargo bajo juramento o promesa de informar con veracidad.

El fiscal enunciará las cuestiones a informar en forma clara y precisa, evitando formulaciones de puntos de pericia que resulten sugestivos o indicativos.

Los peritos también deberán informar sobre circunstancias comprendidas en su especialidad que, sin estar abarcadas por la formulación fiscal, consideren relevantes para el objetivo de la investigación. Si entendieran necesaria la realización de otra pericia sobre temas que exceden su especialidad, lo harán saber en sus informes.

En caso que actuaren varios peritos, practicarán el examen en forma conjunta y procurarán arribar a un dictamen pericial común. Si ello no fuere posible, cada perito presentará su dictamen por separado.

Si se encomendara un peritaje a una institución científica o técnica y en las operaciones debieran intervenir distintos peritos o equipos de trabajo de la institución, se podrá elaborar un único dictamen bajo la responsabilidad de quien dirija los trabajos conjuntos, que será suscripto por todos los intervinientes.

Concentración de peritajes. Si debieran realizarse diferentes pruebas periciales, se procurará concentrar la actividad de los peritos mediante su actuación conjunta e interdisciplinaria.

Formalidades de dictámenes e informes. Aclaraciones orales. Los dictámenes e informes periciales se presentarán por escrito. Deberán ser fundados y contener, de manera clara y precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas, los resultados obtenidos y las conclusiones respecto de cada tema estudiado.

Los peritos podrán ser llamados por el fiscal para que le brinden aclaraciones orales sobre sus dictámenes o informes, debiendo notificarse a las demás partes. El fiscal agregará al legajo un informe sobre las explicaciones brindadas.

Identificación de cadáveres. Autopsias. Si fuere necesario identificar un cadáver, la identificación se efectuará por muestras dactiloscópicas; si no fuere posible, se efectuará por medio de testigos o por otro medio idóneo.

Si la investigación versare sobre una muerte sospechada de haber sido provocada, se realizará la correspondiente autopsia; si fuese el caso, se dispondrá la exhumación.

El fiscal previamente notificará a las demás partes, si fuere posible.

Exámenes corporales. El fiscal podrá ordenar exámenes corporales sobre el imputado u otra persona que no impliquen intervención en el cuerpo del examinado, si lo considerase necesario para constatar circunstancias relevantes para la investigación. También podrá ordenar mínimas extracciones de sangre, o la obtención de muestras de saliva o cabello, o la adquisición de otras muestras corporales mediante procedimientos inocuos, como descamación de células o piel, siempre que no existiere riesgo para la integridad física o la dignidad de la persona sobre la que deba efectuarse la medida.

La intervención será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares. Si la medida debiera aplicarse sobre la presunta víctima, se practicará teniendo en cuenta tal condición a fin de evitar su revictimización.

El uso de coerción sobre el afectado por la medida, si se hiciese insoslayable, no podrá exceder el estrictamente necesario para su realización.

Si los resultados de interés para la investigación pudieran lograrse obteniendo muestras por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células desprendidas del cuerpo, se preferirá la obtención de tales muestras mediante medidas de requisa personal o registro domiciliario, con las formalidades que corresponden a tales medidas.

En todos los casos, no existiendo consentimiento previo de la persona que ha de ser objeto de examen, las medidas deberán ser autorizadas por el juez, si las considera relevantes para la investigación.

Exámenes intrusivos. Intervención del juez. Si fuera necesario para la investigación, el fiscal podrá ordenar exámenes corporales intrusivos, siempre que no existiere riesgo para la salud o dignidad del examinado.

Si la persona que habrá de ser objeto del examen consintiere en realizarlo, el fiscal ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse, el fiscal solicitará al juez que resuelva en audiencia. El juez autorizará la diligencia siempre que el fiscal justificare la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida requerida.

Ámbito de aplicación. Son técnicas especiales de investigación las indicadas en la Ley Nacional Nº 27319, y podrán aplicarse en la investigación de los delitos enumerados en el artículo 2º de esa ley que correspondan a la jurisdicción de la Provincia.

Las disposiciones del presente Capítulo complementan las reglas procesales previstas por dicha ley.

Control de razonabilidad. El juez autorizará las técnicas especiales de investigación requeridas por el fiscal, en audiencia unilateral. La autorización estará supeditada a un examen de razonabilidad en el que el juez deberá:

a) comprobar que la técnica a adoptarse esté relacionada con la investigación de un delito que permita su aplicación; b) evaluar la verosimilitud de la sospecha de que se haya cometido o se intente cometerlo; c) descartar la existencia de otras medidas de investigación menos gravosas para el derecho a la intimidad del investigado que resulten igualmente útiles para el fin pretendido; d) evaluar la probabilidad de que la adopción de la técnica proporcione elementos de prueba significativos para el avance de la investigación, y; e) ponderar que el beneficio para el interés público que espera obtenerse guarde proporcionalidad con la afectación de los derechos personales involucrados.

Duración. El juez especificará la duración de la aplicación de las técnicas que autorice, que no podrá exceder de CUATRO (4) meses.

El juez podrá renovar la autorización, a pedido del fiscal y en audiencia unilateral, siempre que subsistan las causas que la motivaron y previa explicación de los avances obtenidos hasta el momento, por otro plazo de hasta CUATRO (4) meses.

En casos especialmente graves y complejos, el juez, pedido del fiscal, podrá autorizar la continuidad de la medida si resultare imprescindible para no malograr lo actuado y por el plazo estrictamente necesario. Los motivos que fundamenten tal decisión deberán ser controlados por UN (1) juez de revisión.

Cese. El fiscal dispondrá el cese de la utilización de la técnica autorizada cuando desaparecieren las circunstancias que justificaron su adopción, o resultare evidente que ellas han dejado de ser idóneas para los fines pretendidos.

Concepto y ámbito de aplicación. Se consideran medidas especiales de investigación a las medidas de vigilancia sobre una persona ejecutadas de modo no ostensible, sean de vigilancia de las comunicaciones, sobre equipos informáticos, acústica, por captación de la imagen o mediante seguimiento y localización.

Las medidas especiales de investigación serán de aplicación sólo en la investigación de delitos de especial gravedad.

Autorización del juez. El fiscal deberá requerir al juez su autorización para utilizar las medidas especiales de investigación que considere necesarias. El juez resolverá en audiencia unilateral.

La autorización se regirá por las reglas de los artículos 210, 211 y 212.

Límite personal de aplicación. Las medidas especiales de investigación se aplicarán respecto de personas que estuviesen sospechadas en el caso, y procederán también respecto de terceros que se encontraren en contacto con aquéllos en virtud de los hechos objeto de la investigación.

Vigilancia de las comunicaciones. Podrá autorizarse el acceso al contenido de comunicaciones a través de la intervención de las terminales o de los medios de comunicación que la persona utiliza habitual u ocasionalmente.

Las empresas que brinden el servicio de comunicación respectivo deberán posibilitar el cumplimiento inmediato de la diligencia, bajo apercibimiento de desobediencia.

Vigilancia remota sobre equipos informáticos. Podrá autorizarse el acceso remoto al contenido de ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, bases de datos o instrumentos de almacenamiento masivo de datos informáticos, a través de un software que lo permita o facilite.

El juez podrá exigir al fiscal que precise la forma en que se procederá al acceso y captación de los datos o archivos informáticos, así como la identificación del software mediante el cual se ejecutará el control de la información.

Vigilancia acústica. Podrán autorizarse escuchas y grabaciones de conversaciones privadas que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores, a través de medios técnicos.

Vigilancia a través de dispositivos de captación de imagen. Podrá autorizarse la obtención y grabación de imágenes de una persona en espacios públicos, a través de cualquier medio técnico.

Vigilancia por seguimiento y localización. Podrá autorizarse el seguimiento y localización de una persona, mediante la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.

El juez podrá exigir al fiscal que especifique el motivo de la vigilancia y el medio técnico que será utilizado.

Registros y cadena de custodia. Las medidas del presente Capítulo serán registradas mediante un medio técnico idóneo que asegure la legitimidad de la ulterior valoración de la información obtenida.

Los registros serán conservados por el fiscal, quien dispondrá las medidas correspondientes para asegurar su fidelidad e inalterabilidad y para resguardar la cadena de custodia.

Incorporación de la prueba obtenida. El fiscal anexará al legajo de investigación los registros obtenidos que fueran de interés para el caso, sea como prueba de cargo o de descargo. Los registros que el fiscal considere inútiles para el caso serán puestos a disposición de la defensa, con la debida preservación de la cadena de custodia. Si la defensa no tuviere interés en conservarlos, serán destruidos.

El fiscal deberá guardar secreto respecto de los registros no incorporados al legajo. LIBRO V

MEDIDAS DE COERCIÓN Y CAUTELARES

Principios. Las medidas de coerción autorizadas por este Código sólo podrán fundarse en la existencia de peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Su carácter es excepcional y no podrán ser impuestas de oficio por el juez.

Sólo se ejercerá coerción física para obtener la comparecencia de una persona si el mismo fin no pudiere lograrse en tiempo útil mediante su citación.

Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

a) arraigo de la persona, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; b) las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, en especial la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos; c) el comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión o en otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, o contó con documentación personal apócrifa, o si intentó fugarse en el momento de la aprehensión o fue hostil y ejerció violencia contra su aprehensor, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permita pronosticar que no se someterá a la persecución penal.

Peligro de obstaculización de la investigación. Para decidir acerca del peligro de obstaculización de la investigación, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

a) destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; b) intentará asegurar el provecho del delito; c) hostigará o amenazará a la víctima o a testigos; d) influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; e) inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

Detención. El fiscal, en audiencia unilateral, podrá requerir al juez la detención de una persona sospechada de haber participado en la comisión de un delito, cuando existiere un inminente peligro de fuga o de conductas de obstaculización de la investigación, que hiciere necesaria la inmediata adopción de la medida.

El juez ordenará la detención si el fiscal justificara los motivos de la sospecha, las circunstancias que permiten presumir el inminente peligro, y la necesidad de proceder a la inmediata detención para evitarlo.

El fiscal, como medidas menos gravosas que la detención, podrá requerir al juez las medidas de coerción indicadas en los incisos d), e), f) y h) del artículo 232, si considerase que resultarían suficientes para neutralizar el peligro.

El juez resolverá el requerimiento del fiscal en audiencia unilateral, y podrá disponer medidas menos gravosas que la solicitada por el fiscal que considere suficientes a los fines del requerimiento.

Aprehensión sin orden judicial. Podrá aprehenderse a una persona sin orden judicial sólo en los siguientes casos:

a) si hubiera sido sorprendida en flagrante delito, o; b) si se hubiese fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención; En el caso del inciso b), la autoridad que produjo la aprehensión pondrá al aprehendido a disposición del juez a cuya orden se encontraba detenido.

Flagrancia. Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido, o portando objetos o presentando rastros que permitan conjeturar razonablemente que acaba de participar en un delito.

En caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión con la finalidad de impedir la fuga o de evitar que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana.

Conversión de la aprehensión en detención. La aprehensión en flagrancia será informada al fiscal. El fiscal podrá requerir que la persona aprehendida sea trasladada ante él inmediatamente. Si el fiscal considerase que la persona ha sido incorrectamente aprehendida dispondrá su libertad. De lo contrario celebrará audiencia unilateral con el juez, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas. El juez convertirá la aprehensión en detención si el fiscal justificase las sospechas acerca de la comisión del delito que motivaron la aprehensión; en caso contrario el juez dispondrá la libertad del aprehendido.

Plazo máximo de detención. Formalización de la imputación. Medidas de coerción. La situación de detención no podrá superar las SETENTA Y DOS (72) horas.

Dentro de ese plazo: a) el fiscal deberá formalizar la imputación conforme el artículo 280; b) el fiscal solicitará al juez las medidas de coerción que considere adecuadas, cumpliendo con las condiciones de procedencia que correspondan, y; c) el juez resolverá la solicitud en audiencia.

Incomunicación. En caso de aprehensión en flagrancia, el fiscal podrá, si lo considerase necesario a los fines de la investigación, disponer la incomunicación del aprehendido mientras tramita la conversión de la aprehensión en detención. Si el juez dispusiere la detención, resolverá si mantiene la incomunicación.

En el caso de requerimiento de detención previsto en el artículo 226, el fiscal podrá requerir al juez que autorice la incomunicación de la persona a detener si las circunstancias del caso lo hiciesen necesario a los fines de la investigación. Si el juez la autorizare, especificará la aplicación de esta medida en la orden de detención.

En todos los casos, la incomunicación no podrá prolongarse por más de SETENTA Y DOS (72) horas.

La incomunicación no impedirá que el imputado se comunique con su defensor antes de comenzar cualquier acto que requiera su intervención personal. Se permitirá al imputado el uso de libros, recado de escribir y demás objetos que pidiere, siempre que no puedan servir de medio para eludir la incomunicación. Podrá también realizar actos civiles impostergables que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen la investigación.

Medidas de coerción aplicables. Con el fin de prevenir un peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez que le imponga al imputado una o varias de las siguientes medidas de coerción:

a) la obligación de presentarse periódicamente ante el fiscal o ante la autoridad que él designe; b) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen; c) la prestación por sí o por un tercero de una caución real; d) la prohibición de salir, sin previa autorización fiscal, del ámbito territorial que se determine, con o sin retención del pasaporte;

e) la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares o de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

f) el abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado;

g) la vigilancia del imputado mediante un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física;

h) el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, con la vigilancia y las condiciones que el juez disponga;

i) la prisión preventiva.

A los fines del cómputo que corresponda, un día de arresto domiciliario equivaldrá a un día de prisión preventiva.

Presupuestos de la solicitud de medidas de coerción. El fiscal podrá solicitar la imposición de medidas de coerción luego de haber procedido a la formalización de la imputación conforme el artículo 280.

En caso que el fiscal solicitare las medidas de coerción previstas en los incisos a) a g) del artículo 232, el fiscal deberá justificar la motivación en que fundó la formalización de la imputación. Pero si solicitare el arresto domiciliario o la prisión preventiva, el fiscal deberá justificar que la prueba obtenida permite sostener fundadamente la probabilidad de que el hecho delictivo ha existido y que el imputado ha participado en su comisión.

Condiciones de procedencia. Para que proceda la medida de coerción requerida, el fiscal deberá:

a) evidenciar la existencia del peligro de fuga o de obstaculización de la investigación que justifican la medida requerida, y;

b) justificar, con arreglo a las circunstancias del caso y a las personales del imputado, la necesidad de la índole de la medida requerida en relación con otras menos gravosas.

Procedimiento. Audiencia. El fiscal solicitará audiencia indicando la o las medidas de coerción que requerirá. La audiencia se celebrará dentro de los TRES (3) días; si hubiese urgencia, la audiencia deberá celebrarse dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

En caso que se tratare de una medida de coerción a aplicar sobre una persona detenida, la audiencia deberá celebrarse dentro del plazo máximo de detención previsto en el artículo 230.

El juez decidirá en la audiencia, y podrá disponer medidas de coerción menos gravosas que la solicitada por el fiscal, que considere suficientes a los fines del requerimiento.

Ejecución inmediata de la decisión. La decisión adoptada respecto de una medida de coerción, será ejecutada de inmediato.

Límites de la prisión preventiva. La prisión preventiva cesará si: a) el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal; b) el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme; c) el imputado hubiere permanecido en prisión preventiva un tiempo que, en caso de que mediase condena firme, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida, siempre que, razonablemente, se entendiere que se cumplen las condiciones que permitirían su otorgamiento.

En estos casos podrán aplicarse medidas de coerción menos gravosas. No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva en el mismo proceso, cuando una anterior hubiese cesado por cualquiera de las razones enunciadas precedentemente, salvo que se hiciese imprescindible para asegurar la aplicación de la ley.

Caución. Si procediera una caución, el juez fijará su monto según las circunstancias del caso. Queda prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado.

La caución se depositará en un banco oficial a la orden del juez o del funcionario que éste designe.

El juez podrá autorizar la sustitución del depósito por la constitución de un gravamen sobre un bien o mediante la contratación de un seguro de caución.

La caución podrá ser prestada por un tercero en carácter de fiador. El imputado y el fiador podrán pedir autorización al juez para sustituir la caución por otra equivalente. El juez resolverá en audiencia.

Ejecución de la caución. El juez dispondrá la ejecución de la caución cuando declare la rebeldía del imputado.

Si la caución la hubiese prestado un fiador, previamente se lo notificará para que en un plazo de CINCO (5) días presente al rebelde bajo apercibimiento de ejecución de la caución. Vencido el plazo, el juez dispondrá la ejecución.

El destino del producido de la ejecución de las cauciones será el que disponga una ley específica.

Cancelación de la caución. La caución será cancelada en los siguientes casos:

a) si se revocare la imposición de la caución; b) si por decisión firme se archivare el caso, se sobreseyere al imputado o se lo absolviere; c) si quedare firme una condena a pena no privativa de libertad o a pena privativa de libertad que no deba ejecutarse; d) si comenzare la ejecución de la condena a pena privativa de libertad.

Incumplimiento de obligaciones. En caso que el imputado incumpla injustificadamente las obligaciones impuestas como medidas de coerción, el juez, a pedido del fiscal, podrá sustituirlas y disponer nuevas medidas más gravosas.

Podrá imponerse arresto domiciliario o prisión preventiva si los incumplimientos lo hiciesen imprescindible para lograr que el imputado deje de obstaculizar el proceso.

Revocación o sustitución. Audiencia. Revisión de oficio. En cualquier momento el juez, a petición del fiscal o del imputado, dispondrá la revocación o sustitución de la medida de coerción impuesta si hubiesen desaparecido los presupuestos en que se fundó su imposición o si se hubieran modificado de modo que justifiquen una medida de coerción distinta.

La solicitud será resuelta en audiencia a celebrarse dentro de un plazo no mayor a TRES (3) días. Si estuviese planteada la sustitución de la prisión preventiva, ese plazo será de VEINTICUATRO (24) horas, y si el juez no resolviera dentro de ese plazo, incurrirá en falta grave y causal de mal desempeño.

El juez, en oportunidad de la audiencia de control de la acusación prevista en el artículo 298, podrá revisar, de oficio, la continuidad de la prisión preventiva en que estuviese el acusado, y sustituirla por una medida de coerción menos gravosa.

Audiencia unilateral. En caso que el fiscal, en razón de un inminente peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, considerase necesario sustituir, de inmediato y sin noticia al imputado, la situación de coerción por la aplicación de arresto domiciliario o prisión preventiva, solicitará al juez audiencia unilateral.

Para que proceda la sustitución el fiscal deberá cumplir con las condiciones específicas que para la aplicación de esas medidas de coerción exige el artículo 233 y, además, justificar la necesidad de su inmediata aplicación sin noticia al imputado.

El juez podrá disponer medidas de coerción menos gravosas que la solicitada por el fiscal, que considere suficientes a los fines del requerimiento.

Incomparecencia del defensor. Si el defensor designado no compareciere a una audiencia sobre medidas de coerción, se convocará de urgencia a un defensor oficial para que lo suplante en el acto.

Control del cumplimiento. El control sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en los incisos a), b), e) y g) del artículo 232, estará a cargo de una oficina de control de reglas de conducta.

Si dicha oficina advirtiere un incumplimiento, lo pondrá de inmediato en conocimiento del fiscal a los fines de lo dispuesto por el artículo 242.

Regla general. Los procesos seguidos contra personas menores de edad se regirán por las leyes específicas sobre la materia y en ellos se deberán respetar los principios que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061.

Situación procesal de la persona jurídica. La persona jurídica a la que se le adjudique responsabilidad penal, tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado; los ejercerá o las cumplirá a través de su representante.

Citación a la persona jurídica. La citación a la persona jurídica se cursará al domicilio legal, que tendrá carácter de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le podrán cursar las citaciones a otros domicilios que puedan conocerse.

Rebeldía. En caso de incomparecencia a la citación, la persona jurídica será declarada rebelde por el juez, a requerimiento del fiscal. El juez informará la rebeldía a la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Registro Nacional de Reincidencia y al registro de personas de existencia ideal de la Provincia.

Además el juez deberá disponer de inmediato todas las medidas cautelares necesarias para asegurar la oportuna continuidad del proceso y su finalidad, de conformidad con el artículo 23 del Código Penal.

Representación. La persona jurídica será representada por su representante legal o por cualquier otra persona con poder especial para el caso, otorgado con las formalidades que correspondan al tipo de entidad de que se trate.

En su primera presentación, el representante deberá informar el domicilio de la persona jurídica, constituir un domicilio procesal e indicar la dirección electrónica o el teléfono a través de los cuales pueda recibir notificaciones.

A partir de entonces, las notificaciones a la persona jurídica se cursarán a su representante, al domicilio procesal constituido o por las vías indicadas.

Defensa. El representante designará defensor de confianza. Si no lo hiciere, se le asignará un defensor oficial.

Sustitución del representante y del defensor. En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su representante.

La sustitución del representante se adoptará por el órgano directivo de la persona jurídica y no perjudicará la eficacia de los actos cumplidos por el anterior.

El representante podrá sustituir al defensor.

Conflicto de intereses. Si el fiscal detectare un conflicto de intereses entre la persona jurídica y su representante, intimará a aquélla a que lo sustituya en el plazo de CINCO (5) días.

Si no lo sustituyere, el fiscal solicitará al Fiscal General la designación de un defensor oficial para que ejerza dicha representación.

Abandono de la representación. Si en el curso de la investigación se produjere el abandono de la función por el representante acreditado, el fiscal intimará a la persona jurídica para que designe un nuevo representante dentro del plazo de CINCO (5) días.

Si no lo designare, se aplicarán las reglas del artículo 398.

Reglas del proceso. En el proceso contra las personas jurídicas, regirán las demás reglas del proceso común, en la forma que sean aplicables.

Cuando correspondieran, la persona jurídica podrá realizar acuerdos de colaboración, de conciliación o reparación o de juicio abreviado pleno, parcial o directo, a través de su representante, quien deberá acreditar que el acuerdo haya sido aceptado por el órgano directivo.

Respecto de las personas jurídicas, no procede la suspensión del proceso a prueba.

Principio general. Podrán impugnarse sólo las decisiones judiciales declaradas impugnables por el artículo 416. Tales decisiones podrán ser impugnadas sólo por las partes legitimadas para hacerlo conforme a los artículos 418 y 419.

Adhesión. Quien tenga derecho a impugnar podrá adherir a la impugnación interpuesta por otra parte antes de que se inicie la audiencia de impugnación. En el escrito de adhesión se deberán expresar los motivos de la adhesión.

Revocatoria. En el curso de una audiencia, será admisible la revocatoria contra las decisiones que se adopten respecto de su desarrollo. Será resuelta de inmediato, previa intervención de las partes. Si la audiencia se desarrollare ante un tribunal colegiado y la decisión la hubiese adoptado su presidente, la revocatoria será resuelta por todos los integrantes.

Aclaratoria. La parte legitimada para impugnar podrá pedir la aclaratoria de una resolución impugnable, dentro de los DOS (2) días de notificada, a efectos de que se clarifique una falencia que le impida proceder a la impugnación.

El pedido de aclaratoria se resolverá de inmediato. La instancia de aclaratoria suspenderá el término para interponer la respectiva impugnación.

Queja por impugnación mal denegada. Efectos. Si el juez rechazare el planteo de impugnación por improcedente y el impugnante considerase que la denegación es incorrecta, podrá presentar una queja ante la oficina judicial.

La queja se presentará por escrito dentro de los TRES (3) días de notificado el rechazo. Con el escrito se acompañarán copias de la resolución impugnada, del escrito de impugnación y de su rechazo.

La oficina judicial sorteará al o los jueces que, según sea el caso, deberían entender en la revisión, si procediera.

El tribunal de revisión, sin más trámite, resolverá sobre la procedencia de la queja dentro de los TRES (3) días. Si hiciera lugar a la queja habilitará la instancia de impugnación y dará intervención a la oficina judicial para que forme el legajo de antecedentes y proceda como corresponda al caso.

La queja no suspenderá el curso del proceso. Las quejas por denegación del Doble Conforme o Casación, o del Recurso de Inconstitucionalidad tramitarán ante el Superior Tribunal de Justicia. La queja por denegación del Recurso Extraordinario Federal se regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en su caso, no suspenderá la ejecución de la sentencia condenatoria.

Efecto suspensivo de la impugnación. Excepciones. Por regla general, las decisiones impugnables no serán ejecutadas durante el plazo para impugnar y mientras tramite la instancia de impugnación, salvo los casos previstos en los artículos 236, 249, inciso a) segundo supuesto, y 250 segundo párrafo. En estos casos la impugnación no suspenderá la ejecución de la decisión adoptada.

Efecto extensivo de la impugnación. Si en un proceso hubiese varios imputados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos que lo habilitan no fueran exclusivamente personales del impugnante.

Desistimiento de la impugnación. La parte que hubiera interpuesto una impugnación podrá desistirla expresamente antes de su resolución, sin perjuicio de responder por las costas. También podrá desistir expresamente de alguno de los motivos en que fundó la impugnación.

El defensor no podrá desistir de las impugnaciones interpuestas contra medidas de coerción o contra la sentencia condenatoria, sin mandato expreso de su defendido posterior a la interposición.

Si el impugnante no concurriere a la audiencia de impugnación, se lo tendrá por desistido, salvo que se tratare de los casos previstos en el párrafo anterior. En el primero de esos casos se dará urgente intervención a un defensor oficial para que de inmediato actúe en la audiencia; en el segundo se adoptarán las medidas para que el defensor comparezca, y si no se lograre, se tendrá por abandonada la defensa y se procederá conforme el artículo 87.

El desistimiento no afectará a quienes hubieren adherido a la Impugnación.

Tribunal de revisión. Conformación. El tribunal de revisión entenderá en todas las decisiones enumeradas en el artículo 416 que emanen de jueces de garantías, con excepción de las indicadas en los incisos a); i) y las descriptas en el último párrafo de dicho artículo.

El tribunal que entenderá en las impugnaciones, se integrará de la siguiente manera: a) con TRES (3) jueces, si se tratare de impugnaciones contra: 1. las resoluciones sobre excepciones; 2. las resoluciones indicadas en el artículo 416, incisos d), e) y f); 3. el sobreseimiento y el archivo resueltos en procesos de acción pública bajo las reglas de la acción privada; b) con UN (1) juez, si se tratare de impugnaciones contra resoluciones indicadas en el artículo 416, incisos c), g), h), k), l), m) y n). La integración del Tribunal será reglamentada por el Superior Tribunal de Justicia;

por regla general, los jueces actuarán en forma colegiada. Los jueces que hubiesen intervenido como jueces de garantías en el caso, no podrán

intervenir en el procedimiento de impugnación.

Límites de la jurisdicción de revisión. El tribunal de revisión tendrá competencia respecto de los puntos que motivan los agravios de la impugnación.

Sin embargo, las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modificar o revocar la decisión impugnada aun a favor del imputado.

Si la decisión hubiera sido impugnada sólo por el imputado o en su favor, no podrá modificarse en su perjuicio.

Tribunal superior de la causa. Impugnaciones. El Superior Tribunal de Justicia entenderá: a) en las impugnaciones contra las Resoluciones sobre competencia por vía directa; b) en las impugnaciones contra las decisiones indicadas en el inciso i) y en el último párrafo del artículo 416 (Doble Conforme o Casación); c) recurso de Inconstitucionalidad; d) revisión de Sentencia Condenatoria Firme; e) recursos de Queja por Denegación de Recurso de Casación o por Denegación de Recurso de Inconstitucionalidad; f) sobre la admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal. Antes de resolver, el Superior Tribunal dará intervención al Fiscal General a fin de que dictamine fundadamente sobre la procedencia de la impugnación interpuesta, de conformidad a lo normado por la Ley Orgánica del Ministerio Público. El fallo dictado por el Superior Tribunal será finalmente impugnable por la vía del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Decisiones impugnables. Podrán impugnarse las siguientes decisiones jurisdiccionales:

a) las resoluciones sobre competencia por vía directa; b) las resoluciones sobre planteos de excepciones; c) las resoluciones sobre legitimidad para querellar del pretenso querellante y sobre el desistimiento tácito de la querella; d) las resoluciones sobre extinción de la acción penal; e) las resoluciones sobre planteos de nulidad de actos procesales; f) las resoluciones referidas a medidas de coerción o cautelares; g) el rechazo de la homologación de un acuerdo de juicio abreviado pleno o parcial, y de un acuerdo de juicio directo; h) el rechazo de un acuerdo de colaboración y la anulación de un acuerdo de colaboración homologado; i) las sentencias condenatorias o absolutorias; j) el sobreseimiento y el archivo resueltos en procesos de acción pública bajo las reglas de la acción privada; k) los archivos resueltos en procesos de acción privada; l) las resoluciones sobre procedencia de la retractación en los procesos de acción privada por delitos contra el honor; m) las resoluciones sobre costas; n) las resoluciones sobre regulación de honorarios a abogados, peritos u otros intervinientes con derecho a su cobro. También podrán impugnarse otras resoluciones jurisdiccionales, siempre que, por la índole y la materia de la decisión, fueran equiparables a sentencia definitiva o se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, decreto o reglamento que estatuyan sobre materia regida por la Constitución de la provincia o involucrasen un caso federal susceptible de ser analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del Recurso Extraordinario Federal.

Improcedencia de impugnación. No son impugnables las resoluciones que sobre sustitución de medidas de coerción adopte el tribunal de juicio conforme lo dispuesto por los artículos 340, 341 y 343.

Regla general. Está legitimado para impugnar quien tenga un interés directo en la eliminación, revocación o reforma de una decisión declarada impugnable por este Código.

El fiscal puede impugnar incluso a favor del imputado.

Límites de la legitimación. La legitimación para impugnar las sentencias tendrá los siguientes límites:

a) el querellante no podrá impugnar las decisiones adoptadas respecto de medidas de coerción sobre el imputado, pero podrá adherir a la impugnación del fiscal; b) el fiscal y la querella podrán impugnar la sentencia condenatoria sólo si la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida, salvo que la diferencia tuviera influencia en su modo de ejecución.

Doctrina contradictoria. Concepto. Se entenderá que existe doctrina contradictoria sujeta a unificación cuando dos tribunales de revisión, en sendas resoluciones o sentencias, hubieran realizado interpretaciones incompatibles entre sí respecto de una misma noma penal o procesal, siempre que:

a) exista simetría respecto de los presupuestos fácticos sobre las que se produjeron las interpretaciones incompatibles, y; b) ambas decisiones se hubiesen dictado dentro del año calendario anterior a la fecha en la que se plantee la unificación de doctrina.

Procedimiento de unificación de doctrina. El Superior Tribunal de Justicia, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Administración de Justicia, mediante acordada, reglamentará el procedimiento para tramitar el planteo de unificación de doctrina.

El procedimiento deberá garantizar la participación de todos los jueces de revisión, de modo que sus respectivas opiniones sean ponderadas a los fines de la declaración doctrinaria.

Efectos de la tramitación de la unificación. La tramitación de la unificación de doctrina no suspenderá el trámite ni los plazos de ninguna causa.

Aplicación obligatoria. La doctrina aprobada, a pedido de parte, deberá ser aplicada por todos los jueces de la justicia penal de la Provincia en todos los casos que guarden simetría con los presupuestos fácticos sobre los cuales fue sentada, sin perjuicio de que, si no compartieran el criterio, dejen a salvo su opinión personal.

La doctrina aprobada deberá ser respetada por un plazo de DOS (2) años desde la fecha de aprobación.

Efectos retroactivos. Procederá la revisión de la sentencia condenatoria que hubiere dado lugar a la unificación, si la doctrina aprobada hubiese sido la contraria a la sostenida en la sentencia.

A tal fin se aplicará el procedimiento previsto para la revisión de sentencia condenatoria firme.

Derechos del condenado. Durante la ejecución de la pena, el condenado ejercerá los derechos y facultades que le reconocen las Constituciones Nacional y Provincial, los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y las leyes.

Defensa y acceso a la información. La defensa del condenado será ejercida por el defensor que actuó hasta la sentencia definitiva.

El condenado y su defensor podrán tomar vista de los informes del Servicio Penitenciario que tengan vinculación o puedan influir en la forma de cumplimiento de la pena.

Derechos de la víctima. Durante la ejecución de la pena, la víctima que hubiese manifestado su interés al respecto, tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida o régimen preparatorio para su liberación.

En su caso podrá designar un representante legal y proponer peritos.

Seguridad de la víctima. En los casos referidos en el artículo anterior, si la gravedad del hecho que motivó la condena y las circunstancias del caso permitieran presumir peligro para la víctima, el juez podrá adoptar las medidas precautorias necesarias para prevenirlo.

A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se tendrán especialmente en cuenta las previsiones de los artículos 100 y 102.

Funciones de los jueces de ejecución. Los jueces de ejecución tienen a su cargo:

a) controlar que en el cumplimiento de las sentencias de condena o de aplicación de medidas de seguridad, se respeten las garantías constitucionales e instrumentos internacionales sobre derechos humanos;

b) resolver los planteos que se susciten durante el cumplimiento de tales sentencias; c) resolver las impugnaciones que se presenten contra las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria en la ejecución de las penas;

d) autorizar el extrañamiento de un condenado que fuese extranjero, en los casos previstos en el artículo 64 incisos a) y b) de la Ley Nacional Nº 25871;

e) visitar periódicamente los establecimientos que alojen personas privadas de su libertad que estén a su disposición. Si tomare conocimiento de la violación de garantías en relación a una persona detenida a disposición de otro juez, le informará a dicho juez la situación;

f) Modificar las condiciones de cumplimiento de una pena, si entrare en vigencia una ley de ejecución más benigna.

Condenación condicional. En caso de condenación condicional, el juez de ejecución tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las condiciones impuestas, a través de la oficina de control de reglas de conducta.

El juez de ejecución ejercerá las facultades previstas por el artículo 27 bis, penúltimo y último párrafo, del Código Penal. En caso de incumplimiento persistente o reiterado de las condiciones, informará al tribunal que dictó la condena para que decida sobre la revocación de la condicionalidad.

Suspensión de la ejecución. La ejecución de una pena privativa de libertad podrá ser diferida por el tribunal que la dictó solamente en los siguientes casos: a) si la debiera cumplir una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis (6) meses; b) si la persona condenada se encontrare gravemente enferma y la inmediata ejecución de la pena pusiere en peligro su vida, según el dictamen de peritos oficiales. Cuando cesen esas circunstancias, la sentencia se ejecutará inmediatamente.

Remisión de la sentencia. El tribunal que dictó la sentencia ejecutable, remitirá una copia a la oficina judicial para que forme el legajo de ejecución penal.

La oficina determinará el juez de ejecución que intervendrá, e informará a las partes la asignación.

Cómputo. El juez de ejecución practicará el cómputo de la pena, y determinará las fechas en que finalizará la condena y en las que se podría aplicar un egreso transitorio o definitivo, de conformidad con la ley.

El cómputo será notificado a las partes, quienes podrán impugnarlo. Sin perjuicio de ello, el cómputo será siempre revisable, aun de oficio, si se comprobara un error formal o material o nuevas circunstancias lo hicieran procedente.

Aprobado el cómputo, la oficina judicial dispondrá las comunicaciones y formalidades que correspondan.

Ejecución de la pena privativa de libertad. La ejecución de una pena privativa de la libertad se regirá por las reglas de la ley específica sobre la materia.

El juez de ejecución adoptará las decisiones judiciales previstas en dicha ley.

Planteos. Audiencia. Trámite. Los planteos serán resueltos por el juez de ejecución en audiencia.

El fiscal, el condenado, su defensor y la víctima, requerirán la audiencia al juez mediante escrito en el que consignarán la cuestión que será objeto de la audiencia.

Si por razones de distancia la presencia del condenado se hiciese dificultosa, el juez podrá disponer que la audiencia se desarrolle por medios tecnológicos. En este caso se deberá asegurar la privacidad de la comunicación entre el condenado y su defensor.

Remisión de antecedentes. El Servicio Penitenciario deberá remitir a la oficina judicial los informes legalmente previstos para resolver los pedidos de egresos transitorios o definitivos, con anticipación de UN (1) mes de la fecha prevista en el cómputo de la pena.

En otros casos en que, para la sustanciación de las audiencias, se necesitaran informes del Servicio Penitenciario, la oficina judicial se los requerirá. Deberán expedirse en el plazo que disponga la oficina judicial, conforme la urgencia.

En las resoluciones que el juez adopte, fijará las condiciones e instrucciones que correspondan al instituto autorizado, y designará la autoridad competente para vigilarla.

Control de condiciones. Las condiciones que el juez de ejecución imponga al disponer medidas de ejecución conforme la ley, estarán bajo su control a través de la oficina de control de reglas de conducta.

Dicha oficina formará un legajo de control que estará a disposición de las partes para que efectúen sus peticiones, en la que dejará constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas.

Si advirtiera un incumplimiento, lo pondrá en conocimiento del juez. Este llamará a audiencia para resolver lo que corresponda.

Cumplimiento en un establecimiento de salud. Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado sufriera alguna enfermedad, el juez de ejecución, previo dictamen pericial, dispondrá su internación en un establecimiento adecuado, si no fuere posible atenderlo en aquel donde estuviere alojado o ello importare grave peligro para su salud.

El tiempo de internación se computará a los fines de la pena. La internación no afectará el avance en el sistema progresivo de la ejecución.

Unificación de condenas. Si durante la ejecución de una condena el juez de ejecución advirtiere que procede la unificación con otras condenas, lo informará a los tribunales que dictaron las condenas a efectos de que procedan a unificarlas conforme las reglas del artículo 58 del Código Penal.

Multa. En la ejecución de la pena de multa, el juez de ejecución aplicará las reglas de los artículos 21 y 22 del Código Penal.

Inhabilitación. Si la sentencia de condena hubiese impuesto pena de inhabilitación, el juez de ejecución determinará las fechas en que se cumplirá la condena y en la que se podrían aplicar las rehabilitaciones previstas en el artículo 20 ter del Código Penal.

Entenderá también en los planteos de rehabilitación.

Impugnación de las decisiones del juez de ejecución. Las decisiones del juez de ejecución podrán ser impugnadas en un plazo de CINCO (5) días de notificadas.

La impugnación se regirá por las reglas de la impugnación de resoluciones.

Alcance de las costas. Las costas comprenderán: a) la tasa de justicia; b) los honorarios regulados a los abogados y peritos; c) los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación del proceso.

Imposición de costas. Reglas generales. Cuando se haya puesto término al proceso, el juez, a pedido de parte, se pronunciará sobre el pago de las costas procesales.

Las costas serán impuestas a la parte vencida, salvo que haya tenido razones plausibles para litigar o que el juez hallare otra razón suficiente para eximirla total o parcialmente.

Se aplicarán supletoriamente las normas provinciales en materia de costas, acordadas del Superior Tribunal de Justicia y las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

Sentencia absolutoria. Si la sentencia absolutoria se hubiese dictado por haberse demostrado la inocencia del imputado, las costas serán impuestas al Estado y al querellante en la proporción que fije el juez.

Los fiscales y los abogados del querellante podrán ser condenados en costas en caso que hubieren actuado con malicia o temeridad.

Sentencia condenatoria. Excepcional costa al Estado. Excepcionalmente se podrá imponer al Estado el pago de la remuneración del perito que intervino por una persona condenada, si se demostrase que ésta no cuenta con los medios suficientes para solventarlo y que la intervención de su perito fue imprescindible para evitar un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa. En este caso, la sentencia regulará prudencialmente la remuneración del perito. El Estado podrá repetir el pago contra el condenado en caso que mejorase su situación económica.

Denuncia falsa o temeraria. Si el juez, a requerimiento de parte, calificara la denuncia del caso como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiere corresponder.

Condena plural. Si fueran varios los condenados en costas, el juez establecerá el porcentaje que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio de la solidaridad que corresponda.

Honorarios. Para regular los honorarios de los peritos y los abogados se tendrán en cuenta las leyes que correspondan. Respecto de los abogados se valorará la importancia del caso, las cuestiones de derecho planteadas y los resultados obtenidos.

Tasas judiciales. La oficina judicial practicará la liquidación de las tasas judiciales a cargo del condenado en costas. Éste podrá solicitar la revisión de la liquidación dentro del plazo de CINCO (5) días ante el juez de ejecución.

Indemnización por error judicial. Si un condenado resultase absuelto a causa de la revisión de la sentencia condenatoria por los motivos previstos en el artículo 445, con excepción del inciso e), será indemnizado por el Estado en razón del tiempo de prisión o inhabilitación sufrido. Serán solidariamente responsables quienes, actuando con malicia o temeridad, hubiesen contribuido al error judicial. El Estado podrá repetir el pago contra los solidariamente responsables, en las proporciones que fije la sentencia de indemnización.

Las acciones que correspondan deberán ser tramitadas ante la justicia civil competente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Primera: el presente Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, entrará a regir en forma progresiva, a los dos (2) años en la Cuarta Circunscripción judicial, con cabecera en la ciudad de Paso de los Libres, y a los tres (3) años en todo el territorio provincial, en ambos casos desde su publicación en el Boletín Oficial. Segunda: el procedimiento en flagrancia establecido por este Código, entrará a regir desde el primer día de su publicación en el Boletín Oficial. Tercera: créase una Comisión de Implementación, la que se encargará de la aplicación y el seguimiento del presente Código Procesal Penal, la misma estará integrada por dos representantes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, dos por el Ministerio Público, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Honorable Senado y uno por la Honorable Cámara de Diputados. La Comisión deberá reunirse periódicamente, durante el tiempo que demande la implementación del presente en todas las circunscripciones judiciales de la provincia, a fin de evaluar y escuchar a los distintos operadores judiciales. En base a ello, emitirán informes, los que serán elevados al Superior Tribunal, quien resolverá respecto a la entrada en vigencia y aplicación progresiva de las disposiciones establecidas en el presente. El Presidente de la Comisión será elegido por simple mayoría, cada doce meses, y funcionará rotativamente en el lugar que designe la Comisión. Cuarta: la transición del o los juzgados de Instrucción que se ocuparán de la continuación del procedimiento de las causas en trámite a la fecha de la entrada en vigencia del Código con arreglo a la cláusula transitoria primera, será determinada por el Superior Tribunal de Justicia en el marco de sus facultades constitucionales.