LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA. La acción penal pública se ejercerá exclusivamente por el Ministerio Público de la Acusación, el que deberá iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Ello sin perjuicio de las facultades que este código le confiere a la víctima, Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la Ley.

ACCIÓN DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA. Si el ejercicio de la acción pública dependiera de instancia privada, el Ministerio Público de la Acusación sólo la ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada o en los demás supuestos previstos en el Código Penal. Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos urgentes que impidan la consumación del hecho o la de los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que tales actos no afecten la protección del interés de la víctima.

La instancia privada deberá ser realizada de manera expresa por quien tenga derecho a hacerlo, no pudiendo derivarse de ningún acto procesal su formalización tácita.

La instancia privada permitirá perseguir a todos los intervinientes del ilícito.

ACCIÓN PRIVADA. La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que este Código establece.

PREJUDICIALIDAD PENAL. Cuando la solución de un proceso penal dependa de la solución de otro proceso penal y no corresponda la acumulación de ambos, el ejercicio de la acción se suspenderá en el primero después de clausurada la investigación penal preparatoria, hasta que en el segundo se dicte sentencia firme.

PREJUDICIALIDAD CIVIL. El juez de control deberá resolver, con arreglo a las disposiciones legales que las rijan, todas las cuestiones prejudiciales que se susciten en el proceso, salvo las referentes a la validez o nulidad del matrimonio o de la unión convivencial, cuando de su resolución dependa la existencia del delito. En estos casos, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aún de oficio, hasta que en la jurisdicción civil recaiga sentencia firme, la que producirá el efecto de cosa juzgada.

APRECIACIÓN. Cuando se deduzca una excepción de prejudicialidad, el juez de control podrá apreciar no obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, si la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil. En caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenará que este continúe, sin perjuicio de la obligación del juez de sancionar al letrado que incurriere en esa conducta. La resolución que ordene o deniegue la suspensión será recurrible.

EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. Resuelta la suspensión del proceso de acuerdo con los Artículos 30 y 31 se ordenará la libertad del imputado, previa fijación de domicilio, pudiendo disponerse las demás medidas cautelares previstas en este Código y practicarse los actos urgentes de investigación.

SECCIÓN SEGUNDA

OBSTÁCULOS FUNDADOS EN

PRIVILEGIOS CONSTITUCIONALES

INMUNIDAD DE OPINIÓN. En el caso de tratarse de manifestaciones abarcadas por la inmunidad de opinión de los Diputados Provinciales previstas en la Constitución de la Provincia de Jujuy, se procederá al rechazo in limine de cualquier pedido de desafuero.

INVESTIGACIÓN DE DELITOS. Ninguna de las inmunidades previstas en la Constitución Provincial podrá ser entendida como un obstáculo para iniciar, continuar o concluir la investigación de delitos atribuidos o imputados a un legislador provincial o municipal, funcionario del Poder Ejecutivo, magistrado o intendente. El llamado a declaración defensiva no se considerará medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla previa reiteración de la citación correspondiente, el juez o tribunal deberá solicitar ante quien corresponda la suspensión para ordenar su comparendo compulsivo y continuar con la causa. No se podrá allanar los domicilios y oficinas particulares de los magistrados y funcionarios electivos sin autorización previa del órgano competente quien podrá designar un veedor a los fines del acto. No se podrá ordenar la interceptación de correspondencia o comunicaciones telefónicas o electrónicas sin autorización del árgano competente. En caso de ordenarse una medida restrictiva en contra de un magistrado no se podrá efectivizar sin previa autorización del órgano competente. Denegadas las autorizaciones referidas anteriormente, el juez o tribunal declarará que no puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones siendo aplicable el Artículo 67 del Código Penal de la Nación.

FLAGRANCIA. Si un magistrado hubiera sido detenido en virtud de ser sorprendido en flagrante delito, el fiscal pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente que corresponda el hecho y remitida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes la orden de detención debidamente fundada, que conllevará el pedido de remoción acompañada con copia certificada del legajo. Si la remoción fuera denegada el juez interviniente dispondrá la inmediata libertad del imputado.

RECURSOS. Podrá impugnarse la solicitud de desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento.

DISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN. El representante del Ministerio Público de la Acusación podrá disponer de la acción penal pública en los siguientes casos: a) Criterios de oportunidad; b) Mediación; C) Conciliación y reparación; d) Suspensión del proceso a prueba; e) Aplicación de criterios de justicia restaurativa.

Sin embargo, no se podrá prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o debido a su cargo.

Tampoco se podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal en los supuestos que resulten incompatibles con otras previsiones legales.

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. El Ministerio Público de la Acusación podrá archivar las actuaciones respecto de uno o varios de los hechos imputados, o de uno o más de los intervinientes: a) Si la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuese insignificante. b) Si a consecuencia del hecho el daño sufrido por el imputado tornare desproporcionada o inapropiada la pena, excepto que mediaren razones de seguridad o interés público. c) Si el imputado se encontrare afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, o fuere mayor de setenta (70) años, y no existiese compromiso para el interés público. d) Si en casos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja, el imputado colabore eficazmente con la investigación brindando información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, ayudare a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcionare información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que su conducta fuese de entidad igual o menor que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.

En este caso la declaración del imputado se plasmará en actuaciones separadas del legajo principal y se reservará la identidad del declarante. El plazo para poder confirmar los datos aportados por el imputado y aplicar este criterio no podrá exceder de cuatro (4) meses contados desde la declaración defensiva salvo que, por razones debidamente justificadas, se requiera la prórroga del plazo mediante Resolución fundada del Fiscal interviniente.

CRITERIO Y TRÁMITE. Para aplicar estos criterios a un imputado se considerará especialmente la composición con la víctima. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo. En los casos previstos por el Artículo 39 Incisos b) y c), la aplicación del criterio de oportunidad, estará condicionada a que el imputado haya reparado el daño ocasionado. El archivo deberá ser motivado y podrá estar sujeto a condiciones.

La aplicación de un criterio de oportunidad, a excepción del supuesto previsto en el Artículo 39 Inc. d) será notificada a la víctima al domicilio constituido. Si hubiese mudado de domicilio, tendrá la carga de informarlo al fiscal. Las notificaciones que se practiquen en el domicilio constituido tendrán efectos en el proceso. La imposibilidad de dar con el paradero de la víctima no obstará a la aplicación de los criterios de oportunidad. Al momento de radicar la denuncia deberá hacerse conocer a la víctima el presente artículo.

De mediar oposicióh fundada de la víctima dentro del plazo de tres (3) días, las actuaciones serán remitidas al Procurador General para que la resuelva. Sin perjuicio de lo anterior el Procurador General podrá proceder de oficio a la revisión de la razonabilidad y legalidad del archivo, para lo cual resultará obligatoria la comunicación de todos los archivos que dispongan los fiscales.

EFECTOS. La decisión que prescinda de la persecución penal pública por aplicación de criterios de oportunidad permitirá al juez declarar extinguida la acción pública con relación a la persona en cuyo favor se decide. La no persecución por insignificancia del hecho se extiende a todos los intervinientes.

Cuando un conflicto penal haya sido sometido y resuelto por mediación, conciliación, reparación o aplicación de un criterio de justicia restaurativa, verificado el cumplimiento del respectivo acuerdo o programa, el juez deberá declarar extinguida la acción pública con relación a la persona imputada, conforme a lo dispuesto en el Artículo 59 Incisos 5) y 6) del Código Penal de la Nación por lo que no es necesaria la audiencia. Este tipo de sobreseimiento lo instará el Ministerio Público de la Acusación por escrito y el juez resolverá sin más trámite.

PLAZO. Los criterios de oportunidad y la resolución alternativa de conflictos (mediación, conciliación, reparación y suspensión de juicio a prueba podrán aplicarse durante todo el proceso hasta el dictado de la sentencia.

Ante tales supuestos, en caso de encontrarse la causa en debate oral y público, el fiscal deberá solicitar la suspensión del juicio por el término de treinta (30) días, luego del cual se deberá haber arribado a la resolución alternativa de conflicto, caso contrario continuará el juicio. En caso de tratarse de causa con persona detenida, el tribunal deberá asegurar su comparecencia al juicio vencido dicho plazo.

CONVERSIÓN DE LA ACCIÓN. La víctima podrá requerir la conversión de la acción pública en acción privada en los siguientes casos: a) Si se aplicara un criterio de oportunidad, a excepción del supuesto contemplado en el Artículo 39 Inc. d); b) Si el Ministerio Público de la Acusación solicita el sobreseimiento; c) Si se trata de un delito que requiriera instancia de parte, o se trate de lesiones culposas y no exista un interés público gravemente comprometido.

Si existiera pluralidad de víctimas, será necesario el consentimiento de todas, aunque sólo una haya ejercido la querella.

MEDIACIÓN. El fiscal podrá, de oficio o a petición de parte, declarar el conflicto mediable y derivarlo a la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos perteneciente al Ministerio Público de la Acusación conforme la reglamentación pertinente. La Dirección llevará adelante el proceso de mediación penal y, en su caso, el control posterior del cumplimiento del acuerdo. Las actuaciones de los funcionarios de la Dirección revestirán el carácter de instrumentos públicos de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 289 Inc. b) y 290 del Código Civil y Comercial de la Nación, con las formalidades correspondientes.

La mediación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de delitos sancionados con pena de prisión de más de seis (6) años en concreto; b) Cuando se trate de delitos que exijan para su realización la calidad de funcionario público como sujeto activo; C) Cuando se trate de delitos contra el orden constitucional y/o delitos expresamente prohibidos en otras normativas.

El procedimiento de mediación se regirá por los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad, neutralidad e informalidad.

OPORTUNIDAD. EFECTOS. PLAZO. La mediación podrá disponerse hasta la discusión final incluyendo la misma.

El proceso de mediación se dispondrá después de realizada la audiencia de imputación. Una vez cumplido el acuerdo, el fiscal o las partes inmediatamente instarán por escrito el sobreseimiento ante el juez o tribunal que corresponda quien deberá sin más trámite declarar la extinción de la acción penal de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 59 del Código Penal dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas.

Cuando no se arribe a un acuerdo o mediando su incumplimiento, se eliminará de las actuaciones toda referencia al proceso de mediación, no pudiendo ser utilizado como fuente ni como medio de prueba.

La derivación del caso al proceso de mediación suspenderá los plazos, que sólo se reanudarán con el informe de falta de acuerdo o ante el incumplimiento del acuerdo por parte del imputado.

En el caso en que la víctima dificulte al imputado el cumplimiento del acuerdo, éste podrá depositar en consignación la prestación a la que se haya obligado dentro del mismo proceso.

La falta de acuerdo en el proceso de mediación penal juvenil no obstará a que en caso de cumplimiento del programa de justicia restaurativa juvenil se dicte sobreseimiento por aplicación de criterio de oportunidad atento a la naturaleza socio educativa del proceso penal juvenil.

CONCILIACIÓN. La conciliación podrá disponerse hasta la discusión final incluyendo la misma. El Fiscal o las partes podrán promover la realización de acuerdos conciliatorios y reparación económica.

Los acuerdos conciliatorios y de reparación económica se llevarán a cabo en la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio Público de la Acusación. Su cumplimiento dará lugar al dictado de sobreseimiento en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas sin audiencia y el fiscal instará por escrito el sobreseimiento.

SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA. La suspensión del proceso a prueba podrá solicitarse por las partes: a) Cuando el fiscal o en su caso el querellante, considerasen la aplicación en concreto de una pena de prisión que no supere los tres (3) años y siempre que el imputado no hubiere sido condenado a pena de prisión, o hubieran transcurrido cinco (5) años desde el vencimiento de la pena; b) Cuando proceda la aplicación de una pena no privativa de la libertad.

En caso de tratarse de una persona extranjera también podrá aplicarse cuando haya sido sorprendida en flagrancia de un delito, conforme a lo establecido en este Código, que prevea pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres (3) años de prisión.

La aplicación del trámite previsto en este Artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar.

Las partes y la víctima podrán acordar la suspensión del proceso a prueba hasta el momento de la discusión final incluida ésta. Si el requerimiento de suspensión del proceso a prueba se produjera antes del inicio del debate, dicho requerimiento será tratado y resuelto por el juez de control competente (Art.62 Inc. c).

El acuerdo se hará por escrito, se registrará por medios informáticos, será suscripto por el imputado, el defensor y el fiscal, y será presentado ante el juez.

A requerimiento de parte, la Oficina de Gestión Judicial fijará audiencia, con las partes, la víctima y la Oficina de Control de Ejecución y Suspensión de Juicio a Prueba del Ministerio Público de la Acusación para debatir acerca de la tarea comunitaria y las reglas de conducta a cumplir por el imputado.

La Oficina de Control de Ejecución y Suspensión de Juicio a Prueba, estará a cargo del control del cumplimiento de las reglas de conducta conforme la reglamentación pertinente.

Se dejará constancia cada dos (2) meses sobre su cumplimiento y se notificará a las partes y a la víctima de las circunstancias que pudieran originar una modificación o revocación del instituto.

Si el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el representante del Ministerio Público de la Acusación o la querella solicitarán al juez, una audiencia a fijarse por la Oficina de Gestión Judicial para que las partes expongan sus fundamentos sobre la continuidad, modificación o revocación de la suspensión del proceso a prueba. En caso de revocación el proceso continuará de acuerdo a las reglas generales. La suspensión del proceso a prueba se revocará si el imputado fuera condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión.

Los extranjeros en situación regular podrán solicitar la aplicación de una regla de conducta en el país de origen.

NUMERACIÓN. Las únicas excepciones que pueden oponerse en forma de artículo previo y especial pronunciamiento son: a) Falta de jurisdicción o de competencia. b) Falta de personería en el acusador o sus representantes. C) Falta de acción. d) Cosa juzgada. e) Amnistía o indulto. f) Litispendencia. g) Prescripción de la acción.

Si concurrieren dos (2) o más excepciones deberán interponerse conjuntamente.

TRÁMITE. Las excepciones se deducirán en audiencia fijada al efecto que será registrada por video, donde deberán ofrecerse y presentarse las pruebas, bajo pena de inadmisibilidad. El juez resolverá de inmediato. Se labrará un acta que registre sucintamente lo acontecido.

TRAMITACIÓN SEPARADA. El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la investigación. El auto que resuelva la excepción será recurrible.

FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. Si se admitiere la falta de jurisdicción o de competencia, excepción que deberá ser resuelta antes que las demás y ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso, el tribunal que la declare remitirá las actuaciones al órgano jurisdiccional competente y pondrá a su disposición los detenidos si los hubiere.

EXCEPCIONES PERENTORIAS. Cuando se hiciere lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.

EXCEPCIONES DILATORIAS. Cuando se hiciere lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo provisorio del proceso y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan. El proceso continuará tan luego se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.

JURISDICCIÓN ORDINARIA. La Jurisdicción Penal se ejercerá por los tribunales que la Constitución y la Ley instituyen, y se extenderá al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia y a aquellos cuyos efectos se produzcan en él, excepto los de jurisdicción federal. La competencia de aquellos será improrrogable. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable.

JURISDICCIONES ESPECIALES. Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el otro, cuando ello no determine obstáculo para el ejercicio de las jurisdicciones o para la defensa del imputado.

JURISDICCIONES COMUNES. Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro correspondiente a la jurisdicción de otra provincia, primero será juzgado en Jujuy, si el delito imputado aquí fuere de mayor gravedad, o siendo ésta igual, aquel que se hubiere cometido anteriormente. Del mismo modo se procederá con los delitos conexos. No obstante, si el Tribunal lo estimare conveniente, se podrá suspender el trámite del proceso o diferir su decisión hasta después de que se pronuncie la otra jurisdicción.

UNIFICACIÓN DE PENAS. Cuando corresponda unificar penas, el órgano judicial, a petición de parte, solicitará testimonio de la sentencia y cómputo de pena respectivos. En caso necesario podrá pedirse la remisión de los legajos si correspondiere. Cuando el requerimiento sea de un órgano judicial de ajena jurisdicción, se aplicará el mismo trámite.

Con el testimonio de la sentencia y cómputo de pena, o en su caso, con los autos recibidos, la Oficina de Gestión Judicial fijará audiencia y luego se dictará la sentencia unificadora. El condenado cumplirá la pena en la Provincia cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la Ley determine lo contrario.

EJERCICIO. La jurisdicción penal será ejercida: a) Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia; b) Los jueces con funciones de revisión; c) Los jueces con funciones de juicio; d) Los Jurados; e) Los jueces con funciones de control; f) Los jueces con funciones de Ejecución Penal.

SALA PENAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia entenderá conforme lo establezca la Ley: a) En los recursos de inconstitucionalidad; b) En los recursos de queja por retardo de justicia de los Jueces con función de revisión; C) En los recursos de revisión; d) En los exhortos a Tribunales Extranjeros en los casos y modos establecidos por los Tratados y Normativa Nacional e Internacional; e) En los pedidos de extensión excepcional del plazo de prisión preventiva; f) En sus propias cuestiones de competencia y en las excusaciones y recusaciones de sus miembros, así como las que se susciten entre los Jueces con función de Revisión; g) Conocer y decidir toda otra cuestión que en forma específica se atribuya por Ley.

JUECES CON FUNCIONES DE REVISIÓN. Los jueces con funciones de revisión serán competentes para conocer:

En la sustanciación y resolución de los recursos de apelación y de casación, de acuerdo con las normas de este Código; En los conflictos de competencia de los Jueces con función de Juicio, de Control y de Ejecución de Pena; En el procedimiento de excusación o recusación de los Jueces con función de Juicio, de Control y de Ejecución de Pena; En las quejas por retardo de justicia de los Jueces con Función de Juicio, de Control y de Ejecución de Pena.

El Tribunal de Revisión se integrará con dos (2) jueces, por sorteo, en caso de desacuerdo se sorteará un tercero que dirima la cuestión.

JUECES CON FUNCIONES DE JUICIO. Los jueces con funciones de juicio serán competentes para conocer:

De forma Unipersonal en la sustanciación de juicios cuando se tratare de delitos cuya pena máxima en abstracto no exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho quantum; ose tratare de delitos cuya pena no conlleve privación de libertad. De forma Colegiada, el Tribunal se integrará con tres (3) Jueces cuando se tratare de delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión; o cuando lo requiera el imputado y/o su defensor, en delitos cuya pena supere los seis años de prisión, opción que deberán ejercerla en el mismo plazo previsto para ofrecer la prueba que pretendan utilizar en el debate. De forma Unipersonal con participación popular, el Tribunal se integrará con un Juez unipersonal y doce jurados populares conforme a una Ley especial que se dictara al efecto.

En los supuestos establecidos en los incisos b) y c), en caso de existir dos o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por uno de ellos del juzgamiento colegiado, obligará en igual sentido a los restantes, y en el caso de que fueran dos, la opción de uno de ellos obligará al otro.

JUECES CON FUNCIONES DE CONTROL. Los jueces con funciones de control serán competentes para conocer: a) En el control de la investigación penal preparatoria y en todas las decisiones jurisdiccionales que se deban adoptar durante la etapa penal preparatoria, así como en el control de la acusación; b) En el procedimiento de juicio abreviado acordado en forma previa al inicio del debate; C) En la suspensión del proceso a prueba acordado en forma previa al inicio del debate; d) En el control de pertinencia y utilidad de las pruebas ofrecidas por las partes para juicio; e) En toda petición o controversia que se suscite previo a la apertura del debate; Controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos en el trato otorgado a las personas sometidas a medidas de coerción establecidas en el Libro V de este Código y en todos los casos conforme lo establezcan las Leyes.

JUECES CON FUNCIONES DE EJECUCIÓN PENAL. Los jueces con funciones de ejecución penal serán competentes para: a) Controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos en el trato otorgado a quienes cumplan, condena de prisión y personas sometidas a medidas de seguridad — aunque ésta no haya adquirido firmeza-. En los casos en que tuviere conocimiento de la violación de una garantía en relación a una persona sometida a prisión preventiva, pondrá de inmediato la situación a conocimiento del juez que ordenó la medida; b) Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena; c) Resolver todos los planteos que se susciten durante la ejecución de las penas, medidas curativas o educativas, así como los referidos a la expulsión de condenados extranjeros en situación irregular en el país; d) Resolver en audiencias orales las impugnaciones que se presenten contra las decisiones de la administración penitenciaria; e) Visitar cada dos (2) meses los establecimientos penitenciarios o policiales conjuntamente con funcionarios a su cargo o que requiera, donde se encuentren personas privadas de su libertad y a su disposición; f) Modificar las condiciones del cumplimiento de pena cuando entre en vigencia una ley penal más benigna; g) Vigilar el respeto a los derechos de los internos, en particular, en todo lo referido a las condiciones y régimen de cumplimiento de la pena, así como la revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que sean impugnadas y el control del cumplimiento de las finalidades constitucionales de la pena y los derechos de los condenados, conforme lo dispuesto por de este Código respecto de las condiciones carcelarias. h) Practicar la unificación de condenas o penas durante la ejecución. i) Practicar el cómputo de pena de conformidad a lo establecido por el Artículo - 486 de este Código.

DESIGNACIÓN DE JUECES DE RESGUARDO O REEMPLAZO EN JUICIO. Ante la ausencia temporal o impedimento definitivo de un juez con función de juicio, la Oficina de Gestión Judicial sorteará un magistrado para que actúe en suplencia hasta la finalización del debate. El nombre del magistrado sorteado será puesto en conocimiento de las partes a los efectos de la realización del trámite dispuesto en el Articulo 94 del presente Código.

OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL. La Oficina de Gestión Judicial tendrá como objeto la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional.

Se regirá por los siguientes principios: de jerarquía, de división de funciones, de coordinación y control, de celeridad, de desformalización, de eficiencia, de eficacia, de efectividad, de racionalidad en el trabajo, de mejora continua, de vocación de servicio, de responsabilidad por la gestión, de coordinación y de cooperación entre administraciones.

Estos principios no son meramente enunciativos, deberán plasmarse y ser guía de interpretación en los cursos de acción no previstos en este Código y en la reglamentación.

Los Jueces y Tribunales serán asistidos por el personal de la Oficina de Gestión Judicial para el cumplimiento de sus actos que estará a cargo de un Director General, quien podrá dictar el reglamento y normas de funcionamiento, y dependerá de la Suprema Corte de Justicia y será designado conforme lo establece la ley, debiendo contar con título de abogado y cumplir con los requisitos que la Constitución Provincial exige para los magistrados.

Corresponderá a la Oficina de Gestión Judicial: a) Realizar los Sorteos de los Jueces del Fuero Penal, según corresponda a cada asunto. b) Dictar las providencias de mero trámite. c) Ordenar las comunicaciones, notificaciones, citaciones y emplazamientos. d) Organizar los registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informando a las partes, colaborando en todos los trabajos materiales que el juez o tribunal le indique. f) Llevar a cabo una política de comunicación y difusión de información relevante del fuero penal. g) Realizar los esfuerzos necesarios para mantener la coordinación y comunicación con las distintas dependencias del Estado que intervienen regularmente en un proceso penal. h) Solicitar a los jueces la realización de informes que considere necesarios para el buen funcionamiento de la oficina. i) Toda otra función que se establece en el presente Código, la Ley y en la correspondiente reglamentación.

La delegación de funciones jurisdiccionales a la Oficina de Gestión Judicial, tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerado causal de mal desempeño.

La Oficina de Gestión Judicial deberá evitar la frustración de las audiencias. A tales efectos contará con personal y medios que permitan ejecutar las diligencias que las circunstancias requieran.

La Oficina de Gestión Judicial no podrá fijar audiencias sin pedido expreso de las partes mediante formulario tipo establecido por la reglamentación.

El orden de la fijación de audiencias de juicio deberá corresponderse con el orden cronológico en que fueran requeridas por el Ministerio Público de la Acusación, con excepción de causas que conlleven gravedad institucional, tramiten con personas detenidas y estuvieran próximos a vencerse los plazos máximos de duración de prisión preventiva establecidos por la Ley o se encontrare la acción penal próxima a prescribir.

El Ministerio Público de la Acusación solicitará a la Oficina de Gestión Judicial la fijación inmediata de las audiencias a efectuarse en causas sin personas detenidas.

DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA. Cuando, en razón de la materia el juzgamiento de un delito recaiga bajo la competencia de más de un Juez, deberá intervenir aquél Juez que entiende en el delito con pena en abstracto más grave.

No se podrán aplicar para la determinación de la pena más grave las reglas del concurso de delitos.

DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. La incompetencia por razón de la materia, deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso, pero siempre en forma previa a la fijación de la audiencia de debate. El Juez que se declare incompetente remitirá de inmediato a través de la Oficina de Gestión Judicial las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición las personas que se encontraren privadas de la libertad, si las hubiere.

MODIFICACIÓN POR LEY DE CREACIÓN. Las leyes que creen juzgados con funciones de control, de juicio o de revisión con competencia material específica podrán modificar las reglas de determinación de competencia establecidas por éste Código.

NULIDAD. La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de todas las Resoluciones que no sean consideradas urgentes.

SECCIÓN TERCERA COMPETENCIA TERRITORIAL

REGLAS PRINCIPALES. Será competente el Juez del lugar en que el hecho se hubiere cometido o del lugar donde se produjeren sus efectos. En caso de tentativa será competente el juez del lugar donde se cumplió el último acto ejecutivo. En caso de delito continuado o permanente, será competente el juez del lugar donde cesó la continuación o la permanencia.

REGLA SUBSIDIARIA. Si el lugar donde se cometió el hecho fuere desconocido o dudoso, será competente el Juez del lugar donde se estuviere practicando la investigación, o el juez que intervino en primer lugar, o el que designare el Tribunal de Revisión.

INCOMPETENCIA. El juez que reconozca su incompetencia territorial, previo a resolver las cuestiones urgentes que el caso amerite, deberá remitir las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial, en cualquier momento del proceso para que sortee el Juez competente, quien se hará inmediato cargo de las personas que se encontraren privados de la libertad. Si el juez que reciba las actuaciones, no las aceptara, restituirá las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial a fin que esta remita al Tribunal con función de Revisión quien definirá el conflicto.

COMPETENCIA DURANTE LA INVESTIGACIÓN. Dentro de una misma circunscripción judicial todos los Jueces penales serán competentes para resolver las peticiones de las partes, sin perjuicio de las normas prácticas de distribución del trabajo que establezca la Oficina de Gestión Judicial. Cuando el Ministerio Público de la Acusación investigue en forma conjunta delitos cometidos en distintos distritos judiciales entenderá el juez del distrito correspondiente al hecho más grave o donde se desarrolla la investigación principal salvo que el imputado se opusiera porque se dificultase el ejercicio de la defensa o se produjera retardo procesal.

NULIDAD. La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la nulidad de todas las Resoluciones judiciales que no sean consideradas urgentes.

SECCIÓN CUARTA COMPETENCIA POR CONEXIÓN

COMPETENCIA POR CONEXIÓN. En caso de pluralidad de causas por delitos de competencia provincial que den lugar a acciones de igual naturaleza a instancias del Ministerio Público de la Acusación o del imputado, podrán tramitarse ante un mismo Tribunal de Juicio:

Si los delitos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o aunque lo fueran en distintos lugares o tiempo, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. Si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. Si a una persona se le imputaren varios delitos.

REGLAS DE CONEXIÓN. Cuando el fiscal o el imputado requieran el trámite previsto en el ARTÍCULO anterior, deberá entender:

El tribunal competente para juzgar el delito más grave. Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el que se cometió en forma previa. Si los hechos fueren simultáneos o no se pudiera conocer cual se cometió en primer lugar, el competente para entender en el delito que haya motivado la detención del imputado o el delito en que primero la autoridad competente haya prevenido. En la acumulación de causas siempre se tendrá en cuenta el interés del imputado en la tramitación tempestiva de todas las causas iniciadas en su contra. El órgano judicial que deba resolver las cuestiones de competencia /tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia.

EXCEPCIÓN DE LA ACUMULACIÓN. La acumulación de procesos no será requerida por el Ministerio Público de la Acusación cuando sea contraria a una mejor y más pronta administración de justicia o cuando se afecte la inviolabilidad de la defensa en juicio.

TRIBUNAL COMPETENTE. Si dos tribunales se declarasen simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un delito, el conflicto será resuelto por el tribunal de revisión o el Superior Tribunal de Justicia, según quien sea el tribunal común superior.

PROMOCIÓN. Las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el juez que consideren competente o por declinatoria ante el que estimen incompetente. El que opte por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantearse la cuestión se deberá manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, no haber usado el otro medio, y si resultare lo contrario, será condenado en costas, aunque aquélla se resuelva a su favor o sea abandonada.

OPORTUNIDAD. La cuestión podrá ser promovida en cualquier momento hasta la fijación de la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 67 (declaración de incompetencia) y 72 (incompetencia).

INHIBITORIA. Cuando se promueva inhibitoria se observarán las siguientes normas:

El juez o tribunal ante quien se proponga la resolverá en audiencia a fijarse por la oficina de gestión judicial, dentro del plazo de cinco (5) días. La resolución que deniega la inhibitoria será recurrible. Cuando decida librar exhorto inhibitorio se acompañaran las piezas necesarias para fundar su competencia. Cuando el tribunal reciba exhorto de inhibición, resolverá en audiencia a fijarse por la oficina de gestión judicial dentro del plazo de cinco (5) días. La resolución que hace lugar a la inhibitoria será recurrible. Los autos serán remitidos oportunamente a través de la oficina de gestión judicial, al juez que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que hubiere. Si se negare la inhibición informará a través de la oficina de gestión judicial al tribunal que la hubiere propuesto, remitiéndole copia del auto, y le requerirá informe acerca de la competencia o, en caso contrario, lo invitará a dirimir el conflicto ante el Tribunal Superior común. Recibido el oficio establecido en el inciso anterior, el tribunal que propuso la inhibitoria resolverá .sin más trámite si sostiene o no su competencia. En el primer caso remitirá a través de la oficina de gestión judicial, los antecedentes al tribunal superior común y se lo comunicará al requerido para que haga lo mismo con el proceso; en el segundo, se lo comunicará a través de la oficina de gestión judicial al competente, remitiéndole todo lo actuado. El tribunal superior común decidirá en audiencia previo escuchar a los jueces en conflicto, resolviendo inmediatamente.

DECLINATORIA. La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones.

EFECTOS. El planteo de una cuestión de competencia no suspenderá la etapa preparatoria ni el trámite de la audiencia de control de la acusación, pero sí suspenderá el debate. En la investigación intervendrá:

El juez que primero conoció en la causa. Si dos jueces hubieran proveído en la misma fecha, el requerido de inhibición.

Tampoco el planteo de cuestiones de competencia suspenderá la resolución de medidas cautelares.

VALIDEZ DE LOS ACTOS. La declaración de incompetencia territorial no producirá la invalidez de los actos de la investigación preparatoria ya cumplidos. En el resto de los casos, al resolver el conflicto, el tribunal determinará, si correspondiere, que actos del incompetente serán nulos.

CUESTIONES DE JURISDICCIÓN. Las cuestiones de jurisdicción con jueces nacionales, federales o de otras provincias se resolverán conforme lo dispuesto anteriormente para las cuestiones de competencia, con arreglo a la ley nacional o tratados interprovinciales que existieren.

SECCIÓN SEGUNDA EXTRADICIÓN

SOLICITUD ENTRE JUECES Y ÓRGANOS FISCALES. La extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción, será solicitada por los órganos jurisdiccionales o requirentes que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por la ley o convenio en la materia.

SOLICITUD A JUECES U ÓRGANOS FISCALES EXTRANJEROS. Si el imputado o condenado se encontrare en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad.

DILIGENCIAMIENTO. Las solicitudes de extradición serán diligenciadas inmediatamente, previa vista por veinticuatro (24) horas al Ministerio Público de la Acusación, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 86 (solicitud entre jueces y órganos fiscales).

RECUSACIÓN. PRINCIPIO. Las partes podrán recusar al juez si invocaren algún motivo serio y razonable que funde la ausencia de imparcialidad en la .causa.

Es inadmisible la recusación sin expresión de causa. Las partes también podrán invocar alguno de los motivos previstos en el Artículo siguiente.

MOTIVOS DE EXCUSACIÓN. El juez deberá excusarse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos: a) Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia sobre puntos a decidir; intervenido en el mismo proceso como magistrado o funcionario del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa, si hubiere sido denunciante, querellante o actuado como técnico o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere actuado profesionalmente a favor o en contra de algunas de las partes involucradas. b) Si interviniere en la causa su cónyuge, conviviente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, parentesco por adopción o segundo grado de afinidad. c) Si fuere pariente en igual grado con alguna parte o interesado. d) Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados. e) Si él su cónyuge, conviviente o sus parientes en igual grado, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima. f) Si él, su cónyuge, conviviente, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedoras, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos constituidos bajo la forma de sociedades anónimas. g) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido denunciante de alguno de los interesados, denunciado o demandado por ellos. h) Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio de destitución y la acusación hubiese sido admitida. i) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. j) Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. k) Si él, su cónyuge, conviviente, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor. I) Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.

INTERESADOS. A los fines del Artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio Público de la Acusación, el imputado, el querellante, el defensor, la víctima y el damnificado, aunque éste último no se constituya en parte, lo mismo que sus representantes y defensores.

TRÁMITE DE LA EXCUSACIÓN. El juez que se excuse remitirá a través de la oficina de gestión judicial, la causa por auto fundado al que deba reemplazarlo; éste proseguirá su curso inmediato, sin perjuicio de elevar los antecedentes pertinentes al juez con funciones de Revisión, si estimare que la excusación no tiene fundamento. La cuestión será resuelta sin más trámite.

FORMA DE LA RECUSACIÓN. La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por un escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba si los hubiere.

TRÁMITE. La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo sanción de inadmisibilidad dentro de los dos (2) días, de haberse conocido los motivos en que se funda, salvo que se advierta durante las audiencias, en cuyo caso, deberá plantearse en ese mismo acto. El planteo será sustanciado y resuelto en audiencia. Si se admitiere la recusación se procederá con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 92 (trámite de excusación). En caso contrario, se remitirá el escrito de recusación con su informe a través de la oficina de gestión judicial, al juez con funciones de Revisión quien, en audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, resolverá de continuo.

VALIDEZ DE LOS ACTOS. Si el juez fuere recusado y no admitiere la causal, continuará interviniendo en la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos -salvo las Resoluciones y actos urgentes y/o irreproducibles- siempre que lo pidiere el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos.

INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN DE FISCALES. El representante del Ministerio Público de la Acusación se inhibirá y podrá ser recusado si existe algún motivo serio y razonable que afecte la objetividad en su desempeño en la causa o conforme las causales del Artículo 90 con excepción de los Incisos a), i) 1).

Las excusaciones e inhibiciones de los fiscales serán resueltas por el Procurador General; y las recusaciones por el juez ante el cual actúe el funcionario recusado.

EFECTOS. Producida la excusación o aceptada la recusación, el órgano correspondiente no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo sanción de nulidad. No obstante desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos órganos será definitiva.

FALTA GRAVE. El juez o fiscal que omitiera apartarse cuando existiera un motivo para hacerlo o lo hiciera con notoria falta de fundamentos incurrirá en falta grave y causal de incumplimiento de los deberes a su cargo.

La presentación de recusaciones manifiestamente infundadas o dilatorias será considerada una falta profesional grave, que se comunicará de inmediato al superior jerárquico o al Colegio de Abogados que correspondiere.

FUNCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES. El Ministerio Público de la Acusación es parte esencial en el proceso penal.

Promoverá y ejercerá la acción penal pública, sin perjuicio de la participación que se concede a la víctima o a los ciudadanos, en la forma establecida por la ley. Dirigirá a la policía como órgano de investigación, pudiendo aplicar sanciones disciplinarias a los miembros de las fuerzas que realicen tareas investigativas, practicará la investigación penal preparatoria, postulará los casos ante el Tribunal de juicio, y controlará la ejecución penal. Deberá adecuar sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado, y recurrir las resoluciones en los casos que autoriza éste Código. Deberá formular de manera objetiva, lógicamente razonada, motivada y fundadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos y no podrá remitirse a las decisiones de otros órganos. Deberá cumplir sus funciones en forma verbal en las audiencias y debates, por escrito en los demás casos. Deberá racionalizar y tener celeridad en sus intervenciones, pudiendo aplicar criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso propiciando la reparación a la víctima. Deberá propender a la simplificación y economía procesal, mediante el juicio abreviado u otros mecanismos previstos legalmente. Tendrá libertad de criterio para realizar la investigación penal preparatoria; sin perjuicio de las facultades acordadas por la ley al Fiscal General de la Acusación relativas a impartir instrucciones generales o especiales a los respectivos fiscales. Deberá cumplir con la carga de la prueba en el proceso penal. No podrá ocultar a las partes en ningún caso prueba debidamente incorporada. Podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene.

PROCURADOR GENERAL. El Procurador General actuará, en su carácter de parte en las instancias recursivas que se formulen por ante la Suprema Corte de Justicia y ejercerá las atribuciones y funciones que fije la Ley.

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES. El Procurador General dispondrá la distribución de las funciones de los miembros del Ministerio Público de la Acusación, de conformidad a las normas que regulan su ejercicio procurando la especialización de la investigación y persecución penal mediante fiscalías temáticas que tendrán a su cargo las causas que correspondan a su materia.

FUNCIÓN. El Organismo de Investigación cumplirá sus funciones bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, conforme la reglamentación dictada por el Procurador General.

OBLIGACIONES. El Organismo de Investigación y la policía de seguridad en función de investigación de ilícitos, tendrá las siguientes obligaciones:

Recibir denuncias. Custodiar los instrumentos, efectos y rastros del delito, proveer a su conservación mediante los resguardos y cadenas de custodia correspondientes en cumplimiento de los respectivos protocolos. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica. Proceder en los allanamientos del Artículo 222 (allanamiento sin orden), a las requisas urgentes con arreglo al Artículo 225 (requisa) y a los secuestros impostergables. Ordenar la clausura preventiva del local en que por vehementes indicios se presume la comisión de un delito grave. Interrogar sumariamente a los testigos útiles para la investigación consignando su domicilio y particularidades. Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este Código autoriza. Usar de la fuerza pública en la estricta medida de la necesidad. Los auxiliares del Organismo de Investigación tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del Ministerio Público de la Acusación.

INTEGRACIÓN DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN. El Organismo de Investigación estará integrado por funcionarios y empleados a los cuales la ley acuerde tal carácter. Serán considerados integrantes del Organismo de Investigación, la policía administrativa de seguridad, cuando cumplan funciones investigativas y auxiliares del Ministerio Público de la Acusación. La policía administrativa de seguridad, actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente el Organismo de Investigación y será su auxiliar.

ORGANIZACIÓN. La organización del Organismo de Investigación, será reglamentada por el Procurador General conforme la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación y sus modificatorias. Establecerá las normas relativas a la organización, deberes, prohibiciones, procedimiento y régimen disciplinario, y hasta tanto se cubran los cargos del Organismo de Investigación, la policía administrativa de seguridad cumplirá con las obligaciones de colaboración que indiquen los magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, en la tramitación de las causas bajo su competencia.

CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA. El Centro de Asistencia a la Víctima funciona en la órbita del Ministerio Público de la Acusación, como organismo desconcentrado dentro de su estructura y tiene la función de brindar contención psicológica, asistencia jurídica, social y gratuita a víctimas en estado de vulnerabilidad, pudiendo constituirse en querellante en el proceso penal. Sus objetivos, funciones y organización podrán ser reglamentados por el Centro de Asistencia de la Víctima conforme criterios generales emanados de la Fiscalía General.

DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS. La Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos funciona en la órbita del Ministerio Público de la Acusación, como órgano desconcentrado dentro de su estructura, y tiene la función de resolver por medios no punitivos los conflictos originados en infracciones penales y aplicar criterios de justicia restaurativa a los protagonistas y quienes resulten afectados por el conflicto derivado del delito. Sus objetivos, funciones y organización general podrán ser reglamentados por la propia Dirección.

A 'culo 108.- DENOMINACIÓN. Se denomina imputado a la persona a la que se le atribuye la autoría o participación de un delito de acuerdo con las normas de este Código

DERECHOS DEL IMPUTADO. A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, debiendo la policía, el fiscal y los jueces, informarte de manera inmediata y comprensible que tiene los siguientes derechos: a) En caso de privación de libertad a conocer el o los hechos que se le imputan, la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó, entregándole, si la hubiere, copia de la orden judicial emitida en su contra. b) A presentarse ante el fiscal o al juez, en cualquier momento, aun cuando todavía no haya declarado, personalmente o por intermedio de defensor para que se le informe sobre los hechos que se le imputan en forme clara y circunstanciada en la medida de lo posible, aclarando los hechos e indicando las pruebas útiles. Asimismo, podrá solicitar el mantenimiento de su libertad y control de pruebas. c) A guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad, y a designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su captura y que el aviso se haga en forma inmediata por cualquier medio, la que en ningún caso excederá de tres (3) horas. Si el imputado ejerciere este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido. d) A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor que proponga o una persona de su confianza y en defecto de éste, por un defensor penal público con quien deberá entrevistarse en forma inmediata y en condiciones que aseguren confidencialidad, en forma previa a la realización de cualquier acto de que se trate. e) A prestar declaración ante el juez si así lo deseara y se encuentra detenido dentro de las noventa y seis (96) horas de efectivizada la medida. Vencido dicho plazo y a pedido de parte, podrá disponerse la libertad, previa constitución de domicilio y caución juratoria y/o real que deberá prestar en el acto. O A declarar cuantas veces quiera, siempre que no fuere manifiesta la intención de dilatar el procedimiento, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada vez que manifieste su deseo de hacerlo, como la de realizar peticiones, formular solicitudes y observaciones en el transcurso del proceso. g) A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad. h) A que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime ordenar el juez o el fiscal. I) A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código, constituyendo falta grave y causal de nulidad su ocultamiento. En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de información de los derechos establecidos en este Artículo. El incumplimiento de estas previsiones y la inobservancia o violación de las garantías constitucionales, hace incurrir en grave falta al magistrado y funcionario encargado de su custodia

IDENTIFICACION Y DOMICILIO. Desde el primer acto en que intervenga el imputado será identificado por sus datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se lo identificará por testigos o por otros medios útiles, aún contra su voluntad.

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad.

En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar el domicilio procesal; posteriormente mantendrá actualizados esos datos.

La falsedad de la declaración sobre su domicilio real será considerada como indicio de fuga.

Si el imputado no pudiere constituir domicilio procesal dentro del radio del tribunal, se fijará de oficio el de su defensor y allí se dirigirán las notificaciones. En ese caso, el defensor y el imputado, de común acuerdo, establecerán la forma de comunicarse entre ellos.

PRESUNTA INIMPUTABILIDAD EN EL MOMENTO DEL HECHO. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna alteración mental que le impidiera comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sus derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por el defensor penal público, con los apoyos y ajustes razonables que fueran necesarios, con comunicación al curador, si lo hubiere. En este caso el fiscal podrá solicitar al juez que disponga preventivamente la internación en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso para sí o para terceros, debiendo dar inmediata intervención a la justicia civil a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica en salud mental.

Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutores, ello sin perjuicio de la intervención que prevea la Ley Orgánica del Ministerio Público correspondiente.

En caso que se dictara el sobreseimiento por inimputabilidad, se deberán analizar en forma previa las causales en el orden dispuesto en este Código.

INCAPACIDAD SOBREVINIENTE PARA ESTAR EN JUICIO. Si durante el proceso sobreviniere trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma. Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del procedimiento con respecto a otros imputados, actividad que el defensor del incapaz podrá controlar.

La incapacidad será declarada por el juez, previo examen médico. Si la incapacidad es irreversible, se dispondrá el archivo respecto de éste. Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan, a petición de la defensa. Se comunicará al juez en lo civil y al defensor particular o, en su defecto, al defensor civil público, la situación del imputado, a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica.

EXAMEN MÉDICO INMEDIATO POSTERIOR AL HECHO. Aprehendido el imputado después de cometido el hecho, será inmediatamente sometido a examen médico para apreciar su estado psíquico y físico, o si sufre intoxicación por ingesta alcohólica o uso de estupefacientes. La persona intoxicada en ningún caso podrá ser alojada en dependencias policiales. El incumplimiento constituirá falta grave.

En el acto del examen médico el profesional interrogará al imputado sobre todo dato de salud relevante, padecimiento de enfermedades y antecedentes quirúrgicos que deberán constar en el informe médico.

EXAMEN MENTAL. El imputado deberá ser sometido en todos los casos a examen mental. El incumplimiento de ordenar este examen podrá dar lugar a responsabilidades disciplinarias.

REBELDÍA. Será declarado en rebeldía el imputado que no

compareciera a una citación sin justificación, se fugare del establecimiento carcelario o del lugar donde estuviere privado de la libertad.

La declaración de rebeldía y la orden de detención, en su caso, serán expedidas por un juez competente, a solicitud del fiscal.

La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones hasta la presentación de la acusación.

Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, quedarán sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones; el juez competente convocará a audiencia en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas y luego de oír a las partes sobre el acontecimiento que provocó la rebeldía, deberá resolver en forma inmediata de continuo. El procedimiento continuará según su estado.

LIBERTAD DE DECLARAR. Libertad de declarar. Las citaciones al imputado no tendrán por finalidad

obtener una declaración sobre el hecho que se le imputa, pero éste tendrá la libertad de declarar cuantas veces quiera.

La declaración del imputado sólo tendrá valor si la realiza en presencia de su defensor o, en caso de ser escrita, si lleva la firma de ambos.

Si la declaración del imputado se desarrolla oralmente ante el representante del Ministerio Público de la Acusación, sobre ella se labrará un acta que reproducirá, del modo más fiel posible, todo lo que suceda en el acto respectivo y las respuestas o declaraciones del imputado con sus propias palabras; en este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos los intervinientes.

Durante la etapa preparatoria, podrá declarar oralmente o por escrito ante el juez penal; durante el juicio, en la oportunidad y formas previstas por este Código.

DESARROLLO. Antes de comenzar la declaración, se le advertirá al imputado que tiene derecho a declarar y de abstenerse, sin que su negativa pueda ser utilizada en su perjuicio, y se le informará acerca de los demás derechos que le asisten.

Abierto el acto el juez o fiscal, invitará al imputado a dar su nombre, apellido, edad, estado, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio, principales lugares de residencia anterior, número de teléfono fijo o móvil, dirección de correo electrónico y condiciones de vida; si sabe leer y 'escribir; si tiene antecedentes penales -y en su caso-, por qué causa, por qué tribunal, qué sentencia recayó y si ella fue cumplida; nombre, estado y profesión de los padres.

También se entregará y pondrán a su disposición todas las actuaciones reunidas. Inmediatamente el imputado podrá declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye e indicará los medios de prueba de descargo.

Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas que estimen convenientes. Las preguntas serán claras y precisas; nunca capciosas ni sugestivas. Las respuestas no serán instadas perentoriamente.

MÉTODOS PROHIBIDOS.ACTA DE LA DECLARACIÓN. En ningún caso se le exigirá al imputado juramento o promesa de decir verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción.

Se prohíbe toda medida que afecte la libertad de decisión, voluntad, memoria o capacidad de comprensión del imputado.

Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan. Sobre la declaración del imputado se labrará in acta en la que se consignarán sus datos personales debiendo registrarse el acto mediante soporte audiovisual cuya copia se hará entrega a las partes. La Oficina de Gestión Judicial deberá disponer el resguardo conveniente de los registros para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.

En el acta se consignará la firma de todos los intervinientes. Si el imputado rehusare suscribir el acta, se consignará el motivo.

Cuando el imputado sea sordo, y/o mudo, o no comprenda el idioma nacional tendrá derecho a designar su propio intérprete o traductor, pero si no lo designa será dotado de uno, cuando el caso lo requiera, para que le transmita el contenido del acto o de la audiencia.

DECLARACIONES SEPARADAS. Cuando hubiere varios imputados, sus declaraciones se recibirán separadamente, y se evitará que ellos se comuniquen antes de la recepción de todas.

FACULTADES POLICIALES: La policía no podrá interrogar al imputado. Sólo podrá requerirle los datos correspondientes a su identidad.

Si éste expresara su deseo de declarar se le deberá hacer saber de inmediato al fiscal o al juez de control si estuviese detenido, sin perjuicio de permitirle presentar un escrito si así lo indicare, en todos los casos con intervención de su defensor.

VALORACIÓN. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá que se la utilice en su contra, aún cuando él haya dado su consentimiento para infringir alguna regla.

DERECHO DE ELECCIÓN. Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo hiciere, el representante del Ministerio Público de la Acusación solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien el juez procederá a hacerlo.

En todo caso, la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a la que fuere citado el imputado.

Si prefiere defenderse por sí mismo, el juez lo permitirá sólo cuando no perjudique la eficacia de la asistencia técnica. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones.

NOMBRAMIENTO. El nombramiento del defensor no estará sujeto a ninguna formalidad. En todos los casos tendrá derecho a conocer las actuaciones que hubieran sido realizadas, antes de la aceptación del cargo. Una vez designado deberá constituir domicilio procesal y electrónico a los efectos de recibir comunicaciones.

Durante el transcurso del proceso, el imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no podrá renunciar a la defensa hasta que el designado comunique su aceptación.

El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio para quien lo acepte, salvo excusa fundada.

Para el ejercicio de sus funciones, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite, por la policía, el fiscal o el juez, según el caso.

NOMBRAMIENTO EN CASO DE URGENCIA. Cuando el imputado esté privado de su libertad, cualquier persona de su confianza podrá proponer, ante la autoridad competente, la designación de un defensor, la que será puesta en conocimiento del imputado inmediatamente.

En todos los casos en que el imputado se encuentre privado de libertad, desde el inicio de cualquier trámite comenzará a actuar provisionalmente el defensor penal público de oficio.

El defensor tendrá derecho a examinar las actuaciones y controlar la prueba, salvo que se hubiere decretado el secreto en forma fundada, el que deberá serle notificado con entrega de una copia de dicho dispositivo.

PLURALIDAD DE DEFENSORES. El imputado podrá designar los defensores que considere convenientes, pero no será defendido simultáneamente por más de tres (3) codefensores en las audiencias orales o en un mismo acto.

Cuando intervengan dos o más defensores, la comunicación practicada a uno de ellos tendrá validez respecto de todos y la sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.

Será admisible la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común, salvo cuando exista incompatibilidad o intereses contrapuestos de un modo manifiesto.

El defensor público penal podrá designar un defensor auxiliar para aquellas diligencias a las que no pueda asistir personalmente. El defensor auxiliar sólo tendrá responsabilidad en aquellos actos en los que participe, pero no exime la responsabilidad del principal.

RENUNCIA Y ABANDONO. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa; en este caso, se fijará un plazo para que el imputado nombre a otro. Si no lo hace, será reemplazado por un defensor penal público.

El renunciante no podrá abandonar la defensa mientras no intervenga su reemplazante. No se podrá renunciar durante las audiencias, salvo por motivos muy graves.

Si el defensor, sin causa justificada, abandona la defensa o deja al imputado sin asistencia técnica, se nombrará uno de oficio. La resolución se comunicará al imputado, instruyéndole sobre su derecho a elegir otro defensor.

Cuando el abandono ocurra poco antes o durante el juicio, se podrá aplazar su comienzo o suspender la audiencia ya iniciada, por un plazo no mayor de diez (10) días, si así lo solicitare el nuevo defensor.

SANCIONES. El abandono de la defensa, la renuncia intempestiva y la falta de expresión de la concurrencia de intereses contrapuestos entre más de un asistido constituirá una falta grave, que provocará la formación de un incidente de conducta, también para la eventual aplicación de las costas, debiendo darse participación inmediatamente al Colegio de Abogados de la circunscripción judicial en que se desarrolla el procedimiento.

El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte del defensor penal público será comunicado de inmediato al defensor general.

CALIDAD DE VÍCTIMA. Este Código considera víctima: a) A la persona humana ofendida directamente por el delito. b) Al cónyuge, al conviviente, a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando el resultado sea la muerte de una persona o cuando el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos.

DERECHOS DE LA VÍCTIMA. La víctima tendrá los siguientes derechos: a) A recibir un trato digno y respetuoso y que se hagan mínimas las molestias derivadas del procedimiento. b) A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación. c) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes y a ser asistida en forma integral y especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social. d) A intervenir en el procedimiento penal y en el juicio como querellante, conforme a lo establecido por este Código. e) A ser informada del avance y resultados de la investigación y del proceso, salvo razones fundadas en resguardar su eficacia aun cuando no haya intervenido en él. f) A examinar documentos y actuaciones, a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado. g) A aportar información durante la investigación. h) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. i) A requerir la revisión ante el Procurador General, de la desestimación o archivo dispuesto por el fiscal, aun cuando no haya intervenido en el procedimiento como querellante. j) A requerir el inmediato reintegro de los bienes muebles e inmuebles de los que fue ilegítimamente privado y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado. k) A reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el Procurador General. I) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga, sea acompañado por ascendiente, tutor o guardador, salvo que existieren intereses contrapuestos, en cuyo caso será acompañado por el representante del Ministerio Público de la Defensa. II)A ser oída por el juez en las audiencias en forma previa a que se decida sobre alguna medida de coerción personal que pese sobre el imputado y en las audiencias donde se decida sobre la posibilidad de que el imputado obtenga un beneficio en la ejecución de pena que importe su soltura anticipada. m)En los casos de lesiones dolosas entre convivientes y se presuma la reiteración de hechos, el Juez de Control podrá disponer a pedido de la víctima o del fiscal la exclusión o prohibición de ingreso al hogar del victimario y/o el alojamiento de la víctima en un lugar adecuado.

La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento debiendo el personal policial o del Ministerio Público de la Acusación hacer entrega de una copia de este Artículo a la víctima.

VÍCTIMA COLECTIVA O DIFUSA. Cuando la investigación se refiera a delitos que afectasen intereses colectivos o difusos, las personas jurídicas cuyo objeto sea la protección del bien tutelado en la figura penal, o en su defecto, cualquier ciudadano, tendrán la legitimación a la que se hace referencia en el presente Capítulo.

ASESORAMIENTO TÉCNICO. Para el ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su confianza. Si no lo hiciere se le informará que tiene derecho a ser asistida técnicamente y se la derivará al Centro de Asistencia a la Víctima, conforme lo dispuesto en la Ley. El Centro de Asistencia a la Víctima, proveerá gratuitamente a las víctimas en situación de vulnerabilidad económica de un abogado a fin de que la misma acceda legítimamente al proceso.

SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA. Lo atinente a la situación de la víctima y en especial la reparación voluntaria del daño, el arrepentimiento activo de quién aparezca como autor, la solución o morigeración del conflicto originario o la conciliación entre sus protagonistas, será tenido en cuenta en oportunidad de:

Ser ejercida la acción penal; Seleccionar la coerción personal; Individualizar la pena en la sentencia; Modificar, en su medida o en su forma de cumplimiento la pena en la etapa de ejecución.

LEGITIMACIÓN. Toda persona considerada víctima por este Código, tendrá derecho a constituirse en parte querellante particular y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos, solicitar la reparación del daño, la restitución de bienes muebles e inmuebles y recurrir con los alcances de Ley.

Además de las víctimas, podrán querellar:

Los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirijan, administren, gerencien o controlen; Las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley; Los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros o genocidio.

Igual derecho asiste al Estado Provincial, Municipios y Comisiones Municipales cuando fueren damnificados. La participación de la víctima como querellante o el representante del sector público no alterarán las facultades concedidas por la Constitución y las Leyes al Fiscal, ni lo eximirá de sus responsabilidades.

Cuando se trate de una persona con discapacidad, actuará por él su representante legal.

OPORTUNIDAD. REQUISITOS PARA FORMULAR LA INSTANCIA. Una vez promovida la acción penal pública, quien se proponga asumir la calidad de querellante se presentará por escrito, con patrocinio letrado, consignando nombre, profesión y domicilio legal cuando obrare por derecho propio. En caso de actuar por mandatario no será necesario ninguna clase de poder notarial, éste será propuesto por el pretenso querellante ante la fiscalía actuante, consignando su domicilio real y el del mandatario propuesto. El mandatario deberá aceptar el cargo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado bajo apercibimiento de tener la propuesta por no efectuada.

Al aceptar el cargo el mandatario deberá constituir domicilio legal.

Quien pretenda ser tenido como querellante al momento de presentarse, o el mandatario dentro de las veinticuatro (24) horas de aceptar el cargo, deberán efectuar una sucinta relación de los hechos que hagan viable su intervención y manifestar expresamente su intención de ser tenido como parte en el proceso. Sólo se podrá formular instancia de querellante hasta la clausura de la investigación penal preparatoria. La falta de acreditación al tiempo de la presentación, de los requisitos exigidos en el primer párrafo, producirá el rechazo in-límine.

TRÁMITE. RESOLUCIÓN. RECURSOS. La querella se deberá formular ante el representante del ministerio público de la acusación, con copia para cada querellado. Si el representante del Ministerio Público de la Acusación considerase que el interesado cuenta con legitimación para constituirse en querellante acordará la intervención caso contrario deberá solicitar al juez que decida al respecto.

Si es denegada la constitución de querellante el pretenso querellante podrá recurrir con efecto devolutivo.

LÍMITES. Una vez otorgada la calidad de querellante podrá ser desistida pero no podrá instarla nuevamente en el mismo proceso.

FACULTADES. INTERVENCIÓN EN EL PROCESO. El querellante podrá proponer medidas probatorias y diligencias procesales útiles y conducentes al esclarecimiento del hecho, e instar el trámite de la investigación hasta su culminación.

Podrá asistir a la declaración de los testigos e imputados durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones y recurrir con los alcances y requisitos de este Código.

Deberá formular acusación a cuyos fines será notificado bajo expreso apercibimiento de tenerlo por desistido (conf. Artículo 367 de este Código).

Podrá pedir la reparación y resarcimiento del daño que el delito le ocasionó y solicitar medidas cautelares reales. Todo ello sin perjuicio de optar por la vía civil para lograr la reparación del daño.

FACULTAD DE RECURRIR. El querellante podrá impugnar las resoluciones en los casos, previstos por el ARTÍCULO 461 de éste Código.

PLURALIDAD DE QUERELLANTES. UNIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN. En caso de pluralidad de querellantes con intereses compatibles debe acordarse la representación única cuando no hubiere acuerdo, la unificación la hará el Juez.

PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE. La oficina de gestión judicial deberá notificar personalmente al querellante de la fecha del debate oral y público. Podrá intervenir e interrogar en el juicio con las mismas facultades previstas para el fiscal.

DESISTIMIENTO. El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento, quedando obligado por las costas que su actuación hubiere causado.

Se considerará que ha renunciado a su intervención en los siguientes casos: a) Si no concurriere a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medida de prueba para cuya producción sea necesaria su presencia; b) Si no formulare acusación en la oportunidad procesal prevista por el Artículo 367 de este Código; c) Si no concurriere a la audiencia de control de la acusación, la audiencia del debate, o no presentare conclusiones.

Si dejara de comparecer deberá acreditar la justa causa. El desistimiento será declarado por el juez a pedido de parte.

DEBER DE ATESTIGUAR. La intervención como querellante particular no exime de la obligación de comparecer y declarar como testigo.

ETAPA DE EJECUCIÓN PENAL. El querellante podrá intervenir en la etapa de ejecución de la pena prevista en este Código.

IDIOMA. En todos los actos procesales se utilizará el idioma nacional, se utilizarán formato y lenguaje accesibles. Si por imposibilidad física algún interviniente no pudiera oír o entender el acto, deberá designarse un traductor o intérprete de oficio y/o disponer los apoyos necesarios para garantizar su comprensión y debida comunicación. Cuando la persona no se exprese en idioma nacional se dejará constancia en ambos idiomas.

FECHA. Para fechar un acto deberá indicarse el lugar, día, mes y año en que se cumple pudiendo registrarse igualmente por medios informáticos y tendrá plena validez. La hora será consignada sólo cuando especialmente se la exija. Cuando la fecha fuere requerida bajo pena de nulidad, ésta sólo podrá ser declarada cuando aquella no pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del acto o de otros conexos con él.

DÍAS Y HORAS DE CUMPLIMIENTO. Los actos procesales podrán cumplirse en días y horas hábiles e inhábiles.

ATENCIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN. La Oficina de Gestión cumplirá funciones: a) En días hábiles en horario de oficina. b) En días y horas inhábiles cuando deban atenderse asuntos urgentes conforme lo establezca la Suprema Corte de Justicia.

JURAMENTO. Cuando se requiera juramento, el juez o el fiscal o el presidente del tribunal, lo recibirá bajo pena de nulidad después de hacerle saber las penas del falso testimonio. Si el deponente se negare a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir verdad.

ORALIDAD. Las personas que fueren interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los informes técnicos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate, y luego se lo interrogará. Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni sugestivas. Cuando se proceda por escrito se consignarán las preguntas y respuestas. Los imputados, víctimas, testigos, auxiliares técnicos, peritos, podrán ser interrogadas por videoconferencia en forma remota mediante el uso de plataformas informáticas y de dispositivos electrónicos. Las vistas podrán realizarse de igual modo.

DECLARACIONES ESPECIALES. Para recibir juramento y examinar a una persona sorda, se le presentarán por escrito la fórmula y las preguntas si se tratare de un mudo, responderá por escrito, si se tratare de un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas a alguien que sepa comunicarse con el interrogado en presencia del representante legal. Si el declarante hablare o se expresare en un idioma que no sea el nacional, se designará traductor.

DECLARACIÓN DE VÍCTIMAS O TESTIGOS MENORES DE EDAD O PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA. Si se tratare de víctimas o testigos niños, niñas y/o adolescentes, que a la fecha en que se requiera su comparecencia no hubiesen cumplido dieciséis (16) años de edad, personas con discapacidad, y testigos-víctimas de delitos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, se seguirá el siguiente procedimiento: a) Los deponentes serán entrevistados por un psicólogo, especialista en niños, niñas y adolescentes, designado por el fiscal o el tribunal que ordene la medida, en forma previa al acto, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por las partes. Estas entrevistas deberán filmarse y estarán disponibles en copia fehaciente para las partes. b) En caso de declaraciones de niños, niñas y adolescentes, el acto se llevará a cabo en una habitación que será acondicionada con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del niño, niña y/o adolescente, y deberá notificarse la fecha de realización del mismo a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que por turno corresponda. c) Si hubiese una persona sindicada como autor o partícipe del delito investigado, previo a la recepción de la declaración, se lo citará a los fines que designe abogado defensor que controle el acto. En caso de no existir persona individualizada o sindicada como autor o partícipe del ilícito, se podrá proceder a receptar la declaración, en caso excepcional e indispensable. En el plazo que fije el fiscal o el tribunal, el profesional actuante elevará un informe de lo que haya observado en su intervención. d) Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto por las partes a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico. En ese caso, previo a la iniciación del acto el fiscal o tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren del acto que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del deponente. Esta medida debe llevarse adelante evitando la revictimización del niño, niña y/o adolescente. e) En los actos de reconocimientos de lugares y/o cosas, la persona en estado de vulnerabilidad será acompañada por el profesional designado por el fiscal o tribunal, no pudiendo estar presente el imputado. Cuando a la fecha de ser requerida su comparecencia la víctima haya cumplido dieciséis (16) años de edad y no hubiere cumplido dieciocho (18) años, el fiscal o el tribunal previo a la recepción del testimonio, requerirá informe acerca de la existencia de riesgo para la salud psicoffsica del menor.

En caso afirmativo, se procederá a receptar la declaración de conformidad a lo establecido por los apartados anteriores.

Las declaraciones prestadas de conformidad a este Artículo, deberán ser obligatoriamente leídas o reproducidas en la audiencia de debate; constituyendo falta grave del representante del Ministerio Público de la Acusación que omitiera oportunamente su ofrecimiento o reproducción.

REGLA GENERAL. Los actos procesales deberán registrarse garantizando su intangibilidad, fidelidad, acceso, conocimiento posterior y posibilidad de reproducción, ya sea en soporte papel o en un sistema informático.

En las audiencias realizadas de manera presencial, se deberá labrar un acta que contendrá información detallada sobre el lugar, fecha, hora, motivo de la convocatoria, partes presentes, resumen de postulaciones, orden de intervención de las partes, resolución adoptada, firma del juez o tribunal interviniente, así como de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y de quienes deseen suscribirla. Las postulaciones y la parte dispositiva de la resolución quedarán registradas en soporte de video y/o audio, mientras que los fundamentos se consignarán por escrito.

En el caso de audiencias realizadas de manera remota por medios informáticos o electrónicos, las actas contendrán información sobre el lugar, fecha, hora, motivo de la convocatoria, partes presentes, resumen de postulaciones, orden de intervención de las partes y decisión adoptada. Cuando la audiencia se celebre ante un juez o tribunal, será suficiente que el acta esté suscripta por un funcionario de la Oficina de Gestión Judicial que dará fe de la identidad de los intervinientes, la indemnidad y contenido de la audiencia registrada en soporte informático. Cuando la audiencia se celebre ante un Fiscal o Ayudante Fiscal - en los casos que proceda -, será suficiente que el acta se encuentre suscripta por el personal interviniente de la Oficina de Gestión del Ministerio Público de la Acusación o de la Fiscalía a cargo de la causa.

Los actos que deban asentarse en forma escrita o de su registración por vía remota mediante plataformas informáticas o dispositivos electrónicos serán documentados en un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este Capitulo.

CONTENIDO Y FORMALIDADES. Las actas deberán contener: la fecha, el nombre y apellido de las personas que actuaren, en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir, la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado, las declaraciones recibidas, si estas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, si las dictaron los declarantes, con la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firme, o del que lo hace a ruego o como testigo de actuación. Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta puede ser leida y suscripta por una persona de su confianza o un testigo a ruego, lo que se hará constar.

En caso de la recepción de declaraciones remotas vía videoconferencia por medios informáticos o electrónicos, el actuario dará fe de la indemnidad del registro informático o electrónico y de que la misma fue recibida a través de videoconferencia u otro sistema que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos (2) o más personas, y que se aseguró en todo caso la posibilidad de contradicción y salvaguarda de derecho de defensa con respecto a la declaración registrada. En todos los casos intervendrá un actuario para la confección de las Actas.

TESTIGOS DE ACTUACIÓN. No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciséis años en razón de su edad; los sordo-mudos que no puedan darse a entender por escrito; los dementes y aquellos que por efecto de ebriedad, drogas o cualquier otra causa que suponga la presencia de signos evidentes de alteración de sus facultades psíquicas, no estuviesen a juicio del funcionario o magistrado interviniente, en condiciones adecuadas.

INVALIDEZ. La omisión de las formalidades previstas en los artículos anteriores solo priva de efectos al acta, o torna invalorable su contenido, cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba o registración.

PODER COERCITIVO. En el ejercicio de sus funciones el juez o el tribunal podrán requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas para el cumplimiento de los actos que ordenen.

ACTOS FUERA DE LA SEDE. El juez o tribunal podrá constituirse fuera de su sede, en cualquier lugar de la Provincia, cuando estime indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos.

ASISTENCIA DE LA OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL. El juez o tribunal será asistido en el cumplimiento de los actos administrativos por la Oficina de Gestión Judicial.

RESOLUCIONES. FIRMA. Las decisiones del juez o tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto. Dictará sentencia para poner término al proceso; auto para resolver un incidente o Articulo del mismo, o cuando este Código lo exija; decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescripta.

La falta de firma producirá la nulidad, salvo impedimento ulterior al acto.

Conforme a los principios del Artículo 24 de este Código, todas las peticiones o planteos que por su naturaleza o importancia deban ser debatidas o requieran la producción de pruebas, serán tratados en audiencia oral, pública, contradictoria y continua con la asistencia ininterrumpida del juez y las partes, las cuales podrán desarrollarse de forma presencial o remota.

El juez no podrá suplir la actividad de las partes, y deberá sujetarse a lo que hayan discutido.

Las resoluciones jurisdiccionales expresarán los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen.

La fundamentación no podrá ser reemplazada con la simple relación de documentos, invocación de las solicitudes de las partes, afirmaciones dogmáticas, expresiones rituales o apelaciones morales.

Las audiencias deberán ser registradas mediante soporte audiovisual por parte de la Oficina de Gestión Judicial, quien documentará las mismas en un acta.

El Juez debe dictar resolución inmediatamente en forma oral. Sin perjuicio de ello, los fundamentos se asentarán por escrito en el plazo expresamente establecido para ello en este Código, los cuales serán incorporados al legajo de resoluciones que llevará la Oficina de Gestión Judicial.

En las sentencias el juez o tribunal deberán dar a conocer la parte dispositiva inmediatamente de cerrado el debate.

Las audiencias serán públicas a menos que el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, dispusiera lo contrario.

PUBLICIDAD. FUNDAMENTACIÓN. Las sentencias y autos podrán ser publicadas salvo que la naturaleza del proceso o razones de decoro aconsejaran su reserva. Si afectara la intimidad, tranquilidad o seguridad de la víctima o terceros, sus nombres serán eliminados de las copias para publicidad.

Las sentencias, los autos y decretos, deberán ser fundamentados, bajo pena de nulidad. Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actuare. Los decretos, por el juez o el presidente del tribunal.

TÉRMINO. Las resoluciones se dictarán de forma inmediata. No obstante, los fundamentos podrán darse a conocer dentro del plazo que determine este Código en cada caso. A partir de dicha notificación, comenzarán a correr los plazos para solicitar aclaratoria o deducir impugnación.

QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA. Vencido el término en que deba dictare un resolución o darse a conocer sus fundamentos, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de las veinticuatro (24) horas no lo obtuviese podrá denunciar el retardo al tribunal de revisión. El tribunal de revisión pedirá informes al denunciado, y sin más trámite resolverá la queja, ordenando, en su caso, que se den conocer los fundamentos de la resolución en el término que fije, bajo apercibimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar.

DEMORA DE LOS JUECES CON FUNCIONES DE REVISIÓN. Si los Jueces con Funciones de Revisión no resolvieran la impugnación dentro de los plazos establecidos en este Código, se podrá solicitar el pronto despacho.

Si en tres (3) días no se dicta resolución, los jueces incurrirán en falta grave y causal de mal desempeño, pudiendo el requirente acudir a la Suprema Corte de Justicia en los términos del Artículo 162 (queja por retardo de justicia).

RESOLUCIÓN FIRME. Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.

COPIA AUTÉNTICA. RESTITUCIÓN Y RENOVACIÓN. Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de las sentencias, la copia auténtica tendrá el valor de aquél. A tal fin, el tribunal ordenará que quien tenga la copia la consigne en secretaría.

En todos los casos se podrán utilizar los registros informáticos y electrónicos que se hubiesen conservado en la plataforma o sistema informático.

COPIAS, INFORMES Y CERTIFICADOS. La Oficina de Gestión Judicial podrá ordenar la expedición de copias, informes, certificados o soportes informáticos requeridos por autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos si el estado del proceso no lo impide ni se entorpece su normal sustanciación.

DECISIONES DE MERO TRÁMITE. Las decisiones de mero trámite serán firmadas por el Director de la Oficina de Gestión Judicial o los encargados del trámite que el designe, indicando lugar y fecha. Dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas las partes podrán pedir que se deje sin efecto la providencia ante el Superior que correspondiera, quien resolverá sin sustanciación. La decisión es irrecurrible y el procedimiento no se suspenderá.

NORMAS APLICABLES. Serán de aplicación a los actos del Fiscal los Artículos 145 (fecha), 149 (oralidad), 152 (reglas generales) 156 (poder coercitivo), 157 (actos fuera de la sede), 158 (asistencia del secretario), 161 (término), 165 (copia auténtica, restitución y renovación), 166 (copias, informes y certificados), y 167 (decisiones de mero trámite).

QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA. Vencido el término para formular un requerimiento el interesado podrá denunciar el retardo ante el Procurador General quien pedirá informes al denunciado en el término de veinticuatro (24) horas, y sin más trámite declarará inmediatamente si está o no justificada la queja, ordenando en su caso, el dictado de la resolución en el término que fije, bajo apercibimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar.

REGLAS GENERALES. Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el juez, tribunal o representante del Ministerio Público de la Acusación podrá encomendar su cumplimiento por suplicatoria, exhorto, mandamiento y oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal, o juez de jerarquía superior, igual o inferior, o a autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial.

COMUNICACIÓN DIRECTA - REQUERIMIENTOS. El juez, tribunal o representante del Ministerio Público de la Acusación, podrá dirigirse directamente a cualquier autoridad de la Provincia, y también a entidades privadas, para la ejecución de un acto o para obtener información vinculada al proceso, fijando un plazo razonable para su cumplimiento. Los destinatarios de dichos requerimientos tramitarán sin demora las diligencias.

Las solicitudes de cooperación a autoridades judiciales, administrativas o entidades privadas de otras jurisdicciones del pals serán cursadas de acuerdo con las leyes vigentes y la reglamentación que se dicte.

Si el pedido de cooperación fuere demorado o rechazado, el órgano requirente podrá dirigirse al superior jerárquico del requerido, quien, si procediere, ordenará o gestionará su tramitación. Si el requerido fuere una entidad privada, se podrá urgir la respuesta mediante la fijación de sanciones conminatorias pecuniarias por cada día en la demora injustificada.

EXHORTOS DE OTRAS JURISDICCIONES. Los exhortas de otras jurisdicciones serán diligenciados sin retardo, de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, siempre que no afecte la jurisdicción del tribunal, en cuyo caso correrá vista al Fiscal.

EXHORTOS A TRIBUNALES EXTRANJEROS. Los exhortos a tribunales extranjeros serán diligenciados a través de la Suprema Corte de Justicia o de la Procuración General según corresponda, por vía diplomática o consular, en la forma prescrita por los tratados o costumbres internacionales

EXHORTOS DE TRIBUNALES EXTRANJEROS. Los jueces o tribunales diligenciarán exhortos de sus similares en el extranjero en los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país.

DENEGACIÓN O RETARDO. Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el exhortante podrá dirigirse a la Suprema Corte de Justicia el que previa vista al Procurador General, ordenará o gestionará la tramitación si procediere.

REGLA GENERAL. Las resoluciones y citaciones de las partes o de terceros, deberán notificarse a quien corresponda con la urgencia que requiere el caso. Las notificaciones y citaciones podrán cursarse por cualquier medio que quede registrado, incluso por medio electrónico. Podrá utilizarse la firma digital o electrónica.

Las comunicaciones que dispongan los jueces o el Ministerio Público de la Acusación serán practicadas por las oficinas respectivas de conformidad Con las reglas que se establezcan en las leyes y reglamentos pertinentes.

Las decisiones que se adopten durante las audiencias quedarán comunicadas en el mismo acto.

Deberá garantizarse que las notificaciones y citaciones: a) Lleguen fehacientemente a los destinatarios en los sitios físicos o informáticos que se hayan constituido, o a los domicilios que correspondan si fueren terceros. b) Trasmitan con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o convocatoria que se notifica. C) Se efectúen oportunamente para permitir el cumplimiento de su finalidad del tiempo y momento indicado en la notificación. d) Contengan todos los datos que sean necesarios y la referencia específica a la causa, para asegurar al notificado el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de su obligación según sea el caso. e) Adviertan suficientemente al destinatario si el ejercicio del derecho está sujeto a un plazo o condición, o si el incumplimiento de la obligación dará motivo a una forma compulsiva de cumplimiento.

NOTIFICADOR. Las notificaciones serán practicadas por la Oficina de Gestión Judicial y por la Oficina de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, o por aquellas personas que esta oficina designare especialmente. Cuando la persona a notificar estuviese fuera de la provincia, se procederá conforme al Artículo170 (reglas generales de las notificaciones y comunicaciones).

El Ministerio Público de la Acusación practicará las notificaciones a través de la oficina respectiva, de conformidad con la reglamentación que establezca el Procurador General y dentro de las pautas que fija este Código.

Las notificaciones podrán realizarse en forma virtual, por vía informática y/o electrónica, mediante dispositivos, plataformas virtuales o vía telefónica, y tendrán idéntica validez que las notificaciones por otras vías.

LUGAR DE LA NOTIFICACIÓN. NOTIFICACIÓN EN LA OFICINA. Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio de tres kilómetros (3km) del asiento del tribunal y domicilio electrónico. Los fiscales y defensores oficiales públicos, serán notificados personalmente en sus respectivos despachos; las partes, en la secretaria del juzgado o tribunal o en el domicilio constituido.

Las personas que no tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.

Cuando la notificación se haga personalmente en la secretaría o en el despacho del fiscal o defensor oficial público, se dejará constancia de ello con indicación del lugar, día y hora. Firmarán el notificado y el encargado de la diligencia.

NOTIFICACIÓN A DEFENSOR O MANDATARIO. Si las partes tuvieran defensor o mandatario, las notificaciones deberán cursarse a éstos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exigieren que también aquellas sean notificadas.

MODO DE NOTIFICACIÓN. Las notificaciones podrán realizarse en forma virtual, por vía informática y/o electrónica, mediante dispositivos o plataformas virtuales y tendrán idéntica validez que las notificaciones por otras vías, en caso de imposibilidad de notificación de manera virtual se podrá realizar la misma en soporte papel, pudiendo las partes acordar expresamente una modalidad de notificación efectiva de acuerdo con las posibilidades técnicas a las que tengan acceso. Si del expediente o de las demás constancias de Secretaría resulta que cualquiera de las partes ha tenido noticia del acto o de la resolución, la diligencia surtirá desde entonces sus efectos, sin que por ello quede relevado el notificador.

NOTIFICACIÓN EN EL DOMICILIO. Cuando la notificación se haga en el domicilio, el funcionario encargado de practicarla llevará dos copias auténticas de la resolución, donde se hayan indicado el tribunal o juzgado y el proceso en que se dictó; entregará una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al expediente, dejará constancia de ello con indicación del lugar, día y hora de la diligencia, y firmará conjuntamente con el notificado. Cuando la persona a quién se deba notificar no fuere encontrada en su domicilio, la copia será entregada a alguna otra mayor de dieciséis años que resida allí, prefiriéndose a los parientes del interesado, y a falta de ellos, a sus empleados o dependientes. Si no se encontrare a nadie, la copia será entregada a un vecino mayor de dieciséis años, que sepa leer y escribir, con preferencia el más cercano.

En estos casos el notificador hará constar a qué persona hizo entrega de la copia y por qué motivo, y ambos suscribirán la diligencia. Cuando el notificado o el tercero se negaren a recibir la copia o a dar su nombre o firmar, o cuando por cualquier otro motivo ésta no pudiere ser entregada, ella será fijada en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, en presencia de un testigo que firmará la diligencia, sin perjuicio de procederse conforme al Artículo 186 (notificación por edictos). Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego. En la diligencia de entrega se hará constar la obligación del que recibe la copia de la cédula, de entregarla al que debe ser notificado, inmediatamente que regrese a su domicilio.

CASOS DE NOTIFICACIÓN EN EL DOMICILIO. Deberá notificarse en el domicilio real del imputado toda resolución que imponga su comparecencia ante el fiscal, juez o tribunal. Además deberá notificarse en el domicilio del imputado la audiencia de control de imputación, la instancia de constitución en querellante, el sobreseimiento, la requisitoria fiscal de citación a juicio, la audiencia de control de citación a juicio, la citación a debate oral y público y la sentencia.

OPORTUNIDAD DE LA NOTIFICACIÓN. Ninguna cédula de notificación podrá diligenciarse en días inhábiles y en los días hábiles antes de la siete (7), y ninguna después de las veinte (20) horas, salvo el caso de habilitación de días y horas.

En los casos en que el acto procesal, sentencia o resolución se notifique electrónicamente, la misma se reputará cumplida el día y hora en que ingrese al domicilio electrónico de la persona notificada, si la notificación fuese en día y/u hora inhábil, el inicio del cómputo del plazo se considerará a partir del día y hora hábil inmediato posterior.

PROHIBICIÓN AL NOTIFICADOR. Ningún notificador podrá autorizar cédula alguna ni diligencia que no hubiere practicado personalmente o en la cual tenga interés él, su cónyuge, conviviente o sus parientes consanguíneos dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo de afinidad.

CONSTANCIA DEL DILIGENCIAMIENTO. Practicada la notificación, la Oficina de Gestión Judicial conservará la constancia de su diligenciamiento y la agregará al legajo respectivo. Aquellas que se produzcan en forma virtual se podrá registrar informáticamente o por medios electrónicos y tendrá plena validez.

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deberá ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publicarán por tres veces, en cinco (5) días en el Boletín Oficial. Sin perjuicio de que se disponga su difusión por otros medios o se practiquen las medidas para averiguarlo. Los edictos contendrán la mención del juez, tribunal o Fiscal que entendiere en la causa; el nombre y apellido del destinatario de la notificación; el delito que motivó el proceso; la transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se notifica; el término dentro del cual deberá presentarse el citado, así como el apercibimiento de que en el caso de no hacerlo será declarado rebelde; la fecha en que se expide el edicto y la firma del secretario. Se agregará al expediente el primero y último de los ejemplares del Boletín Oficial en que se hizo la publicación.

DISCONFORMIDAD ENTRE ORIGINAL Y COPIA. En caso de disconformidad entre el original y la copia, hará fe respecto del interesado la copia por él recibida.

RESPONSABILIDAD DEL NOTIFICADOR. El notificador que no practicare las notificaciones conforme a las disposiciones establecidas en este Código, será responsable por los perjuicios que se ocasionen a las partes, no obstante las previsiones contenidas en el reglamento de la Oficina de Gestión Judicial.

CITACIÓN. Cuando fuere necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, el juez, tribunal o Fiscal ordenará su citación por el medio que garantice el cumplimiento de las reglas del artículo 176.La cédula deberá contener la mención del órgano que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora en el que el citado deberá comparecer.

CITACIÓN ESPECIAL. Los imputados que estuvieren en libertad, testigos, técnicos, intérpretes y depositarios, podrán ser citados por el medio que garantice el cumplimiento de las reglas del artículo 176. En tal caso se les hará saber el objeto de la citación y el proceso en que ésta se dispuso, y se les advertirá que si no obedecieren serán conducidos por la fuerza pública e incurrirán en las costas que causaren, salvo que tuvieren un impedimento legítimo comunicado sin tardanza alguna al juez, Fiscal o tribunal. El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente.

Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este Código.

Los plazos determinados por horas comenzaran a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.

Los plazos determinados por días comenzaran a correr al día siguiente de practicada su comunicación. A estos efectos, se computaran solo los días y horas hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computaran días y horas corridos.

Los plazos comunes comenzaran a correr a partir de la última comunicación que se practique a los interesados.

IMPRORROGABILIDAD. Los plazos perentorios son improrrogables salvo las excepciones dispuestas por la Ley.

PRÓRROGA ESPECIAL. Si el plazo fijado venciera después de las horas de oficina, el acto que debe cumplirse en ella podrá ser realizado durante las horas de oficina del día hábil siguiente.

PLAZOS PERENTORIOS. Si el imputado estuviese privado de su libertad, los plazos para completar la investigación preparatoria y la duración total del proceso serán perentorios.

La privación de la libertad sin sentencia no podrá durar más de un (1) año, salvo por prórroga que solo podrá solicitarse en causas de evidente complejidad o difícil investigación la cual no podrá durar más de tres (3) años en total.

Si hubiera acumulación de procesos por conexión, los términos perentorios previstos correrán separadamente para cada causa a partir de la respectiva acumulación.

VENCIMIENTO. EFECTOS. OBLIGACIÓN DEL FISCAL. Si el acto previsto no se cumpliera dentro del plazo establecido y ello se debiera a excesiva negligencia o morosidad del representante del Ministerio Público de la Acusación, el Procurador General podrá proveer su reemplazo sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y disciplinarias que le correspondieren.

SUSPENSIÓN DEL PLAZO POR INTERNACIÓN, NACIMIENTO, GUARDA O FALLECIMIENTO.A pedido de parte interesada y sin traslado a la contraria, el Tribunal ordenará la suspensión de los plazos procesales en curso cuando el peticionante sea letrado único, haya intervenido desde el inicio de la defensa o tenga una antigüedad superior a los sesenta (60) días en la representación de la parte, e invoque y acredite, en forma fehaciente, mediante certificado o constancia emanada de establecimiento asistencial público o privado, razones de:

Internación personal del abogado; Internación del cónyuge, conviviente o hijo menor; Nacimiento de hijo; Recepción en guarda judicial con fines de adopción acreditada por la autoridad judicial interviniente; Fallecimiento de cónyuge o conviviente, ascendente, descendente o hermano.

MODALIDADES DE APLICACIÓN. SANCIONES. El pedido a que se refiere el Artículo anterior deberá concretarse dentro de los cinco (5) días de ocurrido el hecho o desde el alta en el supuesto del inciso 1. La suspensión no podrá exceder de veinte (20) días para el supuesto del inciso 1, diez (10) días en los casos previstos en los incisos, 2), 3) y 4); y de los cinco (5) días para el caso previsto en el inciso 5) de dicho Artículo, lo que deberá establecer el Tribunal de acuerdo a las circunstancias acreditadas e indicar el momento en que el plazo individual o común se reanudara, lo cual se producirá automáticamente, o fijar el nuevo día y hora de audiencia, lo que deberá notificarse a las partes intervinientes.

Si se acreditara la inexistencia o falsedad de los hechos invocados para suspender un plazo o suspender una audiencia, la conducta del letrado será sancionada conforme el Artículo 15 y siguientes de la Ley N° 4055 "Orgánica del Poder Judicial".

El Ministerio Público de la Acusación, en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria, y el Superior Tribunal de Justicia, en las demás etapas, determinaran el modo de otorgamiento de las suspensiones previstas en el Artículo anterior.

PROCEDENCIA Y TITULARIDAD. Los delitos de acción pública serán investigados con arreglo a las disposiciones del presente Título. La investigación penal preparatoria será practicada por el Ministerio Público de la Acusación.

OBJETO. La investigación penal preparatoria tendrá por objeto determinar si hay elementos suficientes para el juicio oral y público, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación y garantizar la adecuada defensa del imputado. Para ello deberá:

Averiguar los hechos que con apariencia de delito fueran denunciados o conocidos, con la finalidad de preparar la eventual acusación que permita la apertura del juicio oral y público o para determinar el sobreseimiento del imputado. Acreditar circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen, justifiquen, influyan en su tipicidad, o punibilidad. Individualizar los autores, partícipes, e instigadores. Acreditar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que hubieran podido determinarlo a delinquir y demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad procesal. Establecer la extensión del daño causado por el delito, aunque no se hubiera ejercido la acción resarcitoria. O Impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores.

INVESTIGACIÓN DIRECTA. FACULTAD DEL QUERELLANTE. La investigación penal preparatoria estará a cargo del Ministerio Público de la Acusación según las disposiciones de la Ley y la reglamentación que se dicte. El fiscal procederá directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción.

Cuando sea necesario practicar diligencias fuera de su circunscripción, podrá actuar personalmente o encomendarlas al órgano que corresponda. Podrán prevenir en la investigación penal preparatoria los funcionarios de policía en función de organismo de investigación y actuarán por iniciativa propia comunicando inmediatamente al representante del Ministerio Público de la Acusación todos los delitos que lleguen a su conocimiento practicando los actos urgentes que la Ley autoriza, y los que aquél ordenare.

La investigación penal preparatoria podrá estar a cargo del querellante en los términos de este Código.

CRITERIO DE ACTUACIÓN. El fiscal dirigirá la investigación preparatoria con un criterio objetivo procurando recoger con celeridad los elementos de cargo o de descargo que resulten útiles para averiguar la verdad.

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES. En todos los casos, en que se iniciara una investigación penal preparatoria y se hubiere individualizado fehacientemente al imputado el ayudante fiscal, deberá comunicar a la oficina que correspondiere las siguientes circunstancias:

Nombre, apellidó y demás elementos identificatorios del imputado; Si se encuentra detenido y en su caso, donde, fecha, hora de detención y juez que dispuso la misma; Nombre apellido y demás elementos identificatorios del denunciante, de la víctima y del damnificado si los hubiera; Fecha del hecho atribuido y de la iniciación de la investigación, así como la calificación provisional del mismo; Delegación fiscal, fiscalía interviniente y defensor designado si lo hubiera.

INFORMACIÓN AL FISCAL. CERTIFICACIÓN DE LA CAUSA. Recibida la comunicación a que se refiere el Artículo anterior, el secretario de la fiscalía actuante procederá a informar bajo su responsabilidad en el acto al fiscal actuante las siguientes circunstancias: a) Si el imputado cuenta con otras investigaciones penales en trámite, haciendo saber en su caso, fiscalía o delegación fiscal interviniente y deberá proceder a su inmediata acumulación a la causa más antigua, o a la más grave para la tramitación simultánea en su caso y en la medida en que no obstaculice la tramitación; b) Medidas de coerción que se hubieran dictado en su contra; c) Suspensiones del proceso a prueba que hayan sido acordadas a la misma persona; d) Declaraciones de rebeldía; e) Juicios penales en trámite; f) Ceses de detención otorgados, condenas anteriores, libertades condicionales, reincidencias en que hubiere incurrido y toda otra referencia de utilidad respecto del imputado. En caso de que el imputado registrara pluralidad de causas, la información pertinente será remitida a todos los fiscales intervinientes en ellas, quienes deberán actuar conforme la reglamentación dictada al efecto.

Esta misma información deberá agregarse al legajo fiscal, actualizada, en oportunidad de formularse el requerimiento de citación a juicio, mediante certificación del actuario.

RESERVA DE LA INFORMACIÓN. La información de antecedentes que obre en poder de la Policía de la Provincia será reservada, y solo podrá ser conocida y utilizada para fundamentar las postulaciones del Ministerio Público de la Acusación, la querella, el imputado y la defensa.

CARÁCTER PÚBLICO DE LAS ACTUACIONES. La investigación preparatoria será pública para las partes o sus representantes, pero no para terceros, salvo las audiencias, siempre que ello no afecte el orden público, la seguridad o el éxito de la investigación. Las partes estarán obligadas a guardar secreto sobre los actos y constancias de la investigación. Podrán ser examinadas en la oficina y/o extraerse copias en papel o en soporte informático a costa del peticionante.

Los abogados en la jurisdicción provincial que requieran las actuaciones serán informados sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, pudiendo compulsar dichas actuaciones o acceder al sistema informático para tomar conocimiento de la causa.

La información que recabe la defensa en su legajo de investigación no será pública para las restantes partes y podrá ser presentada al representante del Ministerio Público de la Acusación durante la investigación penal preparatoria, utilizada en las audiencias preliminares para avalar sus pretensiones o al momento de la audiencia de control de la acusación.

CONOCIMIENTO A LA DEFENSA. Las actuaciones que documentan la Investigación Penal Preparatoria podrán ser conocidas por el imputado, su defensa y el querellante, antes de la declaración del imputado. El Ministerio Público de la Acusación deberá disponer todos los medios necesarios para la entrega y copiado de las mismas sin dilación ni excepción alguna.

RESERVA. Si resultara indispensable para garantizar el éxito de la investigación, el representante del Ministerio Público de la Acusación, por resolución fundada y por única vez, podrá disponer la reserva total o parcial del legajo de investigación por un plazo no superior a cinco (5) días consecutivos. El plazo se podrá prorrogar por otro igual, siempre que el imputado no se encuentre privado de libertad. Prorrogado el plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que examine los fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva.

Si la eficacia de un acto particular dependiera de la reserva parcial del legajo de investigación, el representante del Ministerio Público de la Acusación, podrá disponerla fundadamente por el plazo que resulte indispensable para cumplir el acto en cuestión, el que nunca superará las cuarenta y ocho (48) horas.

POSIBILIDAD DE ASISTENCIA. Los defensores privados, defensores públicos y adjuntos, así como auxiliares técnicos podrán asistir a todos los actos de investigación, y para ello deberán ser previamente notificados por cualquier vía y siempre que ello no ponga en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una pronta y regular actuación y sin perjuicio de la facultad de reserva normada por el Artículo anterior.

DEBERES Y FACULTADES DE LOS ASISTENTES. Los defensores o querellantes que asistan a los actos de investigación, no podrán hacer signos de aprobación o desaprobación y en ningún caso tomarán la palabra sin expresa autorización del Fiscal o el Ayudante Fiscal interviniente, a quién deberá dirigirse cuando el permiso les fuese concedido; podrán proponer medidas, formular preguntas, hacer las observaciones que estimen convenientes o pedir que se haga constar cualquier irregularidad.

LEGAJO DE INVESTIGACIÓN. El representante del Ministerio Público de la Acusación formará un legajo de investigación con la finalidad de preparar y formular sus planteos.

El legajo no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas prácticas sobre registro que dicte el Procurador General.

El legajo pertenece al representante del Ministerio Público de la Acusación y contendrá la enumeración de los documentos y elementos de convicción recogidos por él, las actas que se hubieran labrado, y un resumen sumario de todas las diligencias practicadas, de los datos obtenidos con indicación de la fecha y hora de su realización, la identidad de los sujetos intervinientes y de los que hubiere entrevistado.

En ningún caso podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional.

La defensa podrá acceder a toda la información que se haya recolectado en el legajo de investigación, luego de formalizada la imputación y el fiscal está obligado a facilitarle el acceso al legajo informático.

En caso de negativa al acceso total del legajo se considerará falta grave del fiscal y/o actuario.

La querella y la defensa podrán formar su propio legajo de investigación.

ACTUACIONES. Las diligencias del legajo de investigación se harán constar en registraciones fílmicas conjuntamente con actas o informes que el secretario extenderá y compilará conforme a lo dispuesto para tales actos.

VALOR PROBATORIO. Las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor para fundar la condena del acusado. No obstante, aquéllas podrán invocarse para solicitar o fundar una medida cautelar, plantear excepciones, requerir citación a juicio, instar el sobreseimiento, fundar la sentencia en el juicio abreviado y para sostener cualquier planteo anterior al juicio común.

FACULTAD DE DENUNCIAR. Toda persona que tenga noticia de un delito perseguible de oficio podrá denunciarlo al fiscal, al ayudante fiscal, al Organismo de Investigación o policía de prevención. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga facultad para instar.

FORMA. La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o con autorización expresa. La denuncia escrita será firmada ante el funcionario que la reciba. Cuando sea verbal, se extenderá un acta de acuerdo con el capítulo referente a actas. En ambos casos, el funcionario comprobará y hará constar la identidad del denunciante. Podrá ser filmada si fuese necesario con reserva de la identidad del denunciante.

CONTENIDO. Deberá contener en lo posible la relación circunstanciada del hecho, con indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA. EXCEPCIÓN. Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:

Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio o con motivo de sus funciones. Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté por la Ley bajo el amparo del secreto profesional, y los casos de Leyes especiales. Los obligados expresamente por el Código Penal.

RESPONSABILIDAD DEL DENUNCIANTE. El denunciante no será parte del proceso, ni incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria. Cuando el juez califique a la denuncia como falsa o temeraria le impondrá al denunciante el pago de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

PROHIBICIÓN DE DENUNCIAR. Nadie podrá denunciar a su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante, de un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo vincula con el denunciado.

DENUNCIA ANTE FISCALÍAS Y UNIDADES FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN. La denuncia podrá ser presentada y deberá recibirse ante las fiscalías y unidades fiscales del Ministerio Público de la Acusación, o ante la dependencia que dicho organismo habilite a esos efectos.

DENUNCIA ANTE AYUDANTE FISCAL. En caso de recibir la denuncia el ayudante fiscal deberá comunicar de manera inmediata al fiscal especializado, sin perjuicio de realizar las medidas probatorias urgentes.

DENUNCIA ANTE EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN O FUERZA DE SEGURIDAD. Cuando la denuncia fuere presentada ante al Organismo de Investigación o cualquier fuerza de seguridad, ésta actuará con arreglo a lo dispuesto por este Código y las Leyes especiales.

FORMA. El fiscal procederá con arreglo a lo dispuesto por este Código para reunir elementos que servirán de base a sus requerimientos. Estos podrán fundamentarse en los actos practicados por el ayudante fiscal y el organismo de investigación dentro de sus facultades legales.

FACULTADES. El fiscal tiene la facultad de realizar o hacer practicar todos los actos necesarios y útiles para la investigación.

El Ayudante Fiscal actúa siempre bajo las instrucciones y supervisión del fiscal. Posee facultades para realizar e intervenir en toda actividad investigativa que le haya sido asignada, pudiendo asistir a las audiencias que el fiscal le indique y litigar con los alcances y pretensiones que aquél disponga. En ningún caso podrá promover la acción penal ni aplicar o decidir criterios de oportunidad.

ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCIBLES. Todos los actos o procedimientos que tuvieren por objeto la incorporación de prueba y realización de diligencias que se consideren irreproducibles o definitivas, se registraran en actas, con expresa mención de:

Lugar, fecha, hora e intervinientes, firmas de los funcionarios actuantes, y mención de cualquier otro dato útil a la eficiencia y acreditación de la autenticidad del documento. Deberán también en la medida de lo posible registrarse en formato de audio o video debiendo utilizar soportes informáticos. Antes de proceder a alguno de los actos a que se refiere el apartado anterior, el fiscal mandará que sean notificados con veinticuatro (24) horas de anticipación, el defensor y el querellante. Si no concurrieren a pesar de estar citados, el acto se realizará sin su presencia; dicha notificación no será necesaria para los registros domiciliarios y secuestros. En caso de urgencia, el fiscal podrá prescindir de las notificaciones o reducir el plazo establecido, dejando constancia del motivo determinante. Tampoco será necesaria la notificación cuando no se hubiera individualizado al imputado.

DEFENSOR Y DOMICILIO. En la primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial, pero en todo caso antes de la declaración del imputado, se lo invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, se procederá a designar defensor público penal. En el mismo acto, el imputado que esté en libertad deberá fijar domicilio.

AUDIENCIA IMPUTATIVA. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO. Cuando el fiscal estimara que de los elementos reunidos en la investigación surge la probabilidad de que una persona sea imputada como autor o partícipe de un delito, procederá a citarlo para concretar una audiencia donde le brindará toda la información pertinente para que pueda ejercer su defensa.

En la audiencia se permitirá la presencia del querellante, quien podrá en esta oportunidad interrogar directamente al imputado.

Si el imputado estuviera detenido, la audiencia se realizará ante el juez y se cumplirá de manera conjunta con la audiencia de prisión preventiva prevista en el Artículo 292 (audiencia de prisión preventiva).

En oportunidad de esta audiencia y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 (reglas particulares de actuación), el fiscal, en búsqueda de los objetivos de simplicidad y abreviación propondrá los acuerdos previstos por este»Código.

INFORMACIÓN AL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA IMPUTATIVA. El Fiscal dará a conocer al imputado bajo su firma, por escrito y dejando constancia fehaciente de la comunicación:

El hecho atribuido debidamente circunstanciado y su calificación jurídico penal; Las pruebas e indicios fundantes de la intimación; Todos los derechos que la Constitución Nacional, Provincial y este Código le acuerda al imputado al momento de originarse su condición, especialmente los de procurar procedimientos abreviados.

ASISTENCIA TÉCNICA. A los fines de la validez de la audiencia no podrá efectivizarse sin la presencia del defensor del imputado.

El defensor podrá ser nombrado en la misma audiencia, si no hubiera sido designado con anterioridad.

Si el imputado no nombrara abogado defensor de confianza, se le deberá asignar un defensor de oficio. La audiencia se suspenderá hasta tanto se haga presente el designado y será notificado de inmediato de la fecha y hora de la nueva audiencia.

Si durante la incomunicación del imputado alguna persona de su relación hubiera propuesto defensor, se le hará conocer antes del acto.

EVENTUAL INTERROGATORIO FISCAL. En la misma audiencia, cumplida la información precedente y celebrada la entrevista confidencial con su defensor, el imputado podrá peticionar ser oído e incluso manifestar su conformidad para que el fiscal proceda a interrogarlo.

A tales fines se observarán las normas sobre la validez y forma de la declaración del imputado. El defensor le podrá hacer saber las alternativas que prevé la ley penal o procesal como consecuencias o beneficios derivados de sus eventuales reconocimientos.

La inobservancia de estos preceptos invalidará el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que correspondiera.

FIRMA DEL ACTA. La audiencia de control de imputación se documentará con registros de audio o fílmicos y se labrará acta conforme a lo dispuesto en el Artículo 152 del presente Código.

COPIA DEL ACTA. La oficina de gestión judicial tendrá la obligación de entregar al imputado o a su defensor, copia del acta y del registro digital que corresponda, en donde se deje constancia de su declaración o donde constara el ejercicio del derecho de abstenerse de hacerlo.

DECLARACIÓN A SOLICITUD DEL IMPUTADO. Cuando el imputado no hubiera ejercido el derecho a declarar en la audiencia de control de la imputación, o considerase necesario ampliar o modificar su anterior declaración, en caso de estar detenido podrá solicitarlo al fiscal por medio de la Oficina de Gestión Judicial y si está en libertad a la Oficina de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, en cualquier momento de la Investigación Penal Preparatoria y hasta la presentación de la acusación contemplada en el Artículo 366 de este Código. En esta audiencia a celebrarse frente al juez, el fiscal podrá formular las preguntas que considere pertinentes. El imputado no estará obligado a responder preguntas.

NUEVA AUDIENCIA DE CONTROL DE LA IMPUTACIÓN. Cuando se modificasen los hechos o su calificación legal, o se pretendiera atribuir un hecho nuevo, el fiscal deberá convocar al imputado a una nueva audiencia de control de imputación o en caso que el imputado este privado de su libertad, podrá solicitar al Juez por medio de la oficina de gestión judicial una nueva audiencia, aplicándose al respecto los Artículos 344 y concordantes.

DESESTIMACIÓN Y ARCHIVO. Desestimación. Cuando el hecho anoticiado no constituya delito, el Fiscal procederá mediante decreto fundado a desestimar la denuncia o actuaciones. Ello no impedirá la presentación de una nueva instancia, sobre la base de elementos distintos.

Archivo. El Fiscal, mediante resolución fundada, podrá archivar las actuaciones cuando no se pueda proceder, no existan elementos de convicción suficientes y sea manifiesta la imposibilidad de reunirlos. El archivo no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen nuevos elementos.

La desestimación o archivo de las actuaciones deberá ser notificada a la víctima dentro de los cinco (5) días. La misma podrá pedir su revisión dentro de los tres (3) días de notificada. En este caso, las actuaciones serán elevadas al Procurador General del Ministerio Público de la Acusación para su intervención. Si el funcionamiento de la Administración Pública fuese el bien jurídico afectado o los denunciados funcionarios públicos, la remisión será automática.

El Procurador General podrá decretar la continuidad de la investigación y designar a otro Fiscal para instruirla. Su decisión será irrecurrible y deberá ser comunicada al denunciante.

PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS. Las partes formarán su propio legajo de pruebas pudiendo también proponer diligencias, las que serán practicadas salvo que el fiscal no las considere pertinentes y útiles; si las rechazara, podrán recurrir ante un Juez en el término de tres (3) días. El juez resolverá en Audiencia que la Oficina de Gestión Judicial convocara al efecto dentro del mismo plazo. La decisión no será recurrible.

DURACIÓN. La investigación fiscal deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar desde la audiencia imputativa en los casos en que hubiese un imputado privado de su libertad.

Si la pluralidad de Víctimas o imputados, o las dificultades de la investigación hicieren insuficiente dicho plazo, el fiscal o el querellante podrá solicitar al Juez de Control una prórroga de la investigación penal preparatoria quien fijará prudencialmente el plazo que no podrá exceder de otros cuatro (4) meses.

El exceso en el plazo previsto en el párrafo anterior, constituirá falta grave y causal de mal desempeño del representante del Ministerio Público de la Acusación.

Cuando un acto concreto de investigación tampoco pueda cumplirse dentro de este último plazo, podrán solicitar al Tribunal de Revisión una nueva prórroga que no excederá de doce (12) meses más.

En todos los casos el órgano jurisdiccional deberá informar al Procurador General, los pedidos de prórroga de investigación penal preparatoria, a sus efectos.

La Oficina de Gestión Judicial deberá informar a la Procuración General los reiterados pedidos de prórroga formulados por un mismo fiscal en distintas causas.

Si una investigación preparatoria se hubiere formalizado respecto de varios imputados, los plazos correrán individualmente salvo que, por las características de los hechos atribuidos, no resultare posible cerrar la investigación preparatoria respecto de aquellos de manera independiente.

Si con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria penal se descubrieran nuevos hechos o se individualizaran nuevos imputados que obligaren a la ampliación de aquélla, los plazos establecidos comenzarán a correr desde este último acto.

OPOSICIÓN A LA PRÓRROGA. TRÁMITE. AUDIENCIA. Las oposiciones de las partes a los requerimientos de prórroga del fiscal, serán tratadas en audiencia. Oídas las partes el juez resolverá y fundamentará en el acto, sin lugar a recurso alguno. ARTICULO 103.- Incorpórese el Artículo 355 bis a la Ley N° 6259:

PREPARACIÓN DEL JUICIO. Dentro de los cinco (5) días de recibido el auto de apertura a juicio, previa notificación a las partes, la Oficina de Gestión Judicial integrará el Tribunal que intervendrá en el juicio, determinando él o los jueces y jurados que deben asistir. La integración será notificada a las partes y al o los designados, a los efectos de las recusaciones o excusaciones en el plazo y forma establecidas en este Código.

Integrado definitivamente el Tribunal, la Oficina de Gestión Judicial, procederá a fijar lugar, día y hora de inicio del juicio que no se realizará antes de diez (10) días. El plazo puede ser abreviado de común acuerdo entre el juez y las partés.

A tales fines, la oficina citará al debate a los testigos o técnicos asegurándose su comparecencia, pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere, recibirá de las partes los objetos y documentos que deban analizarse durante el debate y dispondrá las medidas necesarias para la organización y desarrollo del juicio.

Las partes tienen la obligación de colaborar en la ubicación y comparecencia de los testigos que propongan. La ausencia injustificada de cooperación podrá dar lugar al desistimiento de los mismos.

En casos complejos o cuando las partes lo soliciten la Oficina de Gestión Judicial podrá convocarlas para resolver cuestiones prácticas que hagan a la organización del debate. Esta audiencia podrá ser llevada a cabo por videoconferencia vía remota mediante el uso de plataformas informáticas o medios electrónicos.

INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. PROHIBICIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA PRUEBA. El Tribunal se integrará conforme lo dispuesto en el Artículo 61 (jueces con funciones de juicio) de este Código.

En caso de integración pluripersonal el Tribunal será presidido por uno de los jueces designados al efecto por la Oficina de Gestión Judicial.

La Ley respectiva determinará la composición, integración, constitución, sustanciación y deliberación del juicio en el que participe un Tribunal de Jurados.

Ni el órgano jurisdiccional ni el jurado podrán tomar conocimiento o solicitar de la Oficina de Gestión Judicial el auto de apertura; ni los elementos probatorios que puedan valorarse en el juicio o demás constancias que el Ministerio Público de la Acusación o las partes posean en sus legajos. Si así ocurriera, el juez o tribunal será sorteado nuevamente y se remitirá un informe al Consejo de la Magistratura, a los fines de aplicar medidas disciplinarias si correspondieren.

ORALIDAD Y PUBLICIDAD. El debate será oral y público, bajo sanción de nulidad; el debate será oral y público de igual modo si se lleva a cabo vía remota por videoconferencia en plataforma informática o dispositivos electrónicos, de oficio o a pedido de parte o del imputado. Por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como también en aquellos supuestos en que la comparecencia de quienes deban concurrir como imputado testigo, perito, resulte gravosa o perjudicial, podrá disponerse que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos o más personas, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción y salvaguarda de derecho de defensa. El tribunal podrá resolver aún de oficio, que tenga lugar a puertas cerradas, cuando así lo exijan razones de moralidad u orden público, o se tratare de procesos contra niños, niñas o adolescentes. La resolución será motivada y se hará constar en el acta. Desaparecida la causa de la clausura, se permitirá el acceso al público.

En los casos de audiencias celebradas remotamente el actuario acreditará la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo. Las actuaciones verbales serán documentadas en soporte digital no deberán transcribirse salvo en los casos expresamente previstos en este Código, y tendrán plena validez y eficacia a los fines del proceso.

EXCEPCIONES. Las excepciones que se funden en hechos nuevos podrán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de comunicada la convocatoria. No se podrá posponer el juicio por el trámite ni por la resolución de estos incidentes. El Tribunal resolverá la cuestión o podrá definirla hasta el momento de la sentencia definitiva.

INMEDIACIÓN. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de las personas que componen el Tribunal, del Ministerio Público de la Acusación, del querellante en su caso, del imputado y su defensa.

Si el fiscal o defensor, no comparecieran al debate o se retirara de la audiencia, se procederá de inmediato a su reemplazo por quien correspondiere y conforme a las disposiciones de este Código.

Si el querellante no concurriera al debate o se retirara de la audiencia sin autorización, cesará en su intervención, sin perjuicio de que pueda ser compelido a comparecer como testigo.

LIMITACIONES PARA EL ACCESO. No tendrán acceso a la audiencia los menores de dieciocho (18) años, los dementes y los ebrios. Por razones de orden, seguridad, higiene o moralidad, el tribunal podrá ordenar el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un determinado número.

CONTINUIDAD Y SUSPENSION. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su terminación, pudiendo suspenderse por un término máximo de diez (10) días, en los siguientes casos:

Cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente. Cuando fuere necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de la audiencia y no pueda realizarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión. Cuando no comparecieran testigos, técnicos o intérpretes cuya intervención las partes considerase indispensable, siempre que no pueda continuarse con la recepción de otras pruebas, hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública. Cuando alguno de los jueces, fiscales o defensores enfermare hasta el punto que no pueda continuar tomando parte en el juicio, siempre que los dos últimos no puedan ser reemplazados. Cuando el imputado se encontrare en el caso del inciso anterior, debiendo comprobarse la enfermedad por los médicos forenses, sin perjuicio de ordenarse su separación del juicio si hubiere pluralidad de imputados. O Alguna revelación o retractación hiciera indispensable la producción de una medida de prueba; g) El imputado o su defensor lo solicitaran después de ampliada la acusación por un plazo máximo de cinco (5) días. Siempre que, por las circunstancias del caso, no se pudiera continuar inmediatamente.

ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL IMPUTADO. El imputado deberá asistir a la audiencia libre en su persona, pero el Presidente dispondrá lo necesario para impedir su fuga o violencia. Si se rehusase a asistir, será custodiado en una sala próxima y se procederá como si estuviera presente y para todos los efectos será representado por el defensor. Cuando el imputado se encontrare en libertad, la oficina de gestión judicial podrá adoptar las disposiciones convenientes a fin de que no deje de comparecer a las sesiones y asegurar la continuidad del debate. Cuando el delito que motiva el juicio no estuviese reprimido con pena privativa de libertad, el imputado podrá hacerse representar por un defensor.

COMPULSIÓN. El tribunal podrá ordenar que el imputado sea compelido a la audiencia por la fuerza pública cuando deba practicar un reconocimiento.

POSTERGACIÓN EXTRAORDINARIA. En caso de fuga del imputado, el tribunal ordenará la postergación del debate, y la Oficina de Gestión Judicial procederá a la fijación de nueva audiencia.

. PODER DE POLICÍA Y DE DISCIPLINA. El Presidente del Tribunal o el Juez Unipersonal, ejercen el Poder de Policía de la audiencia y podrán corregir en el acto las infracciones de las partes o demás asistentes, con multa de hasta un salario mínimo vital y móvil mensual o arresto de hasta ocho (8) días, sin perjuicio de expulsar de la sala al infractor. Si la falta fuere cometida por el fiscal o el defensor oficial, el tribunal lo pondrá en conocimiento del Procurador General o el Defensor General del Ministerio Público de la Defensa, según corresponda y a sus efectos. Si se expulsa al defensor, lo sustituirá el oficial si el imputado no designare otro en su reemplazo en el plazo que se le fije. Si se expulsa ál imputado lo representará su defensor.

OBLIGACIONES DE LOS ASISTENTES. Los que asistan a la audiencia guardarán silencio y compostura y no podrán adoptar actitudes intimidatorias o contrarias al orden o al decoro.

AMPLIACIÓN DE LA ACUSACIÓN. Cuando en el debate surgiere una circunstancia agravante del hecho no especificada en la acusación admitida en el auto de apertura del juicio oral, el fiscal y en su caso el querellante pondrá ampliar la acusación poniéndola en conocimiento del imputado con asistencia de su abogado defensor. En este caso, el defensor podrá solicitar la suspensión del debate por un término máximo de cinco (5) días, para preparar la defensa, y las partes podrán ofrecer nuevas pruebas en igual término.

En el caso en que la nueva circunstancia modifique sustancialmente la acusación, la defensa podrá solicitar la realización de un nuevo juicio.

FORMA DE LAS RESOLUCIONES. Las resoluciones que se dicten durante el debate lo serán verbalmente, dejándose constancia en el acta y deberán ser registradas fílmicamente.

APERTURA DEL DEBATE. ALEGATOS INICIALES. Una vez constituido el Tribunal el día y hora indicados, efectuadas las comprobaciones relativas a la presencia de las partes, testigos, técnicos e intérpretes, el Presidente declarará abierto el debate y advertirá al imputado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder.

Inmediatamente se cederá la palabra al representante del Ministerio Público de la Acusación y al querellante para que en forma sucesiva aleguen y expliquen el contenido de la acusación, los hechos, las pruebas que producirán para probar la acusación y la calificación legal que pretenden. Luego se invitará al defensor a presentar su caso.

No se podrá leer el acto de acusación ni de la defensa.

Culminados los alegatos iníciales el Presidente le hará saber al imputado que en el curso de la audiencia, este podrá hacer todas las declaraciones que considere oportunas. Las partes podrán formularle preguntas o requerirle aclaraciones pero el imputado puede negarse a responderlas.

DIRECCIÓN. El Presidente dirigirá el debate, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos, moderará la discusión impidiendo derivaciones impertinentes sin coartar el ejercicio de la acusación y el derecho de defensa. En ningún caso podrá formular preguntas al imputado, testigos o técnicos.

DECLARACIONES DEL IMPUTADO. En el curso del debate, el imputado tendrá derecho a declarar las veces que lo considere oportuno siempre que se refieran a su defensa en la causa. El Presidente ordenará que omita las referencias impertinentes, y aún alejarlo de la audiencia si persiste. El Presidente le advertirá que el debate continuará aunque no declare. El imputado tendrá también la facultad de hablar con su defensor, sin que por esto la audiencia se suspenda, pero no lo podrá hacer durante el interrogatorio o antes de responder a preguntas que se le formulen. Nadie podrá hacer al declarante sugestión alguna. Los derechos del imputado de este Artículo deberán ser informados por el Presidente inmediatamente después de culminados los alegatos iniciales.

La declaración del imputado se prestará de manera presencial o remota; en cuyo caso se realizará a través de videoconferencia u otro sistema informático o electrónico que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre las partes y el tribunal, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción y salvaguarda de derecho de defensa, bajo pena de nulidad. En cualquier caso, se deberá asegurar al imputado en forma previa a su declaración, la libre comunicación con su abogado ' en un ámbito reservado por un lapso necesario para dar cumplimiento al Articulo 9 de este Código. ARTICULO 126.- Modificase el Artículo 394 de la Ley N° 6259, el que quedará redactado de la siguiente manera:

DECLARACIONES DE VARIOS IMPUTADOS. Si los imputados son varios, el Presidente podrá, a pedido de parte, alejar de la sala de la audiencia a los que no declaren, pero después de los interrogatorios deberá informarles sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia.

RECEPCIÓN DE PRUEBAS. Finalizado el interrogatorio del imputado o luego de abstenerse de declarar el Tribunal procederá a recibir la prueba.

En primer término se producirá la prueba del Fiscal, luego la del querellante y finalmente la de la defensa.

El orden en que se irá produciendo la prueba será decidido por la parte que la ofreció.

INTERROGATORIO. El técnico, asesor técnico, testigo o intérprete previo prestar juramento, será interrogado por el Juez sobre su identidad personal. Inmediatamente después será interrogado directamente por la parte que lo hubiera ofrecido y luego contra interrogado por las demás. Formulada la pregunta y antes de que fuera contestada, las partes podrán objetarla y el Juez decidirá luego de oír a las demás.

A pedido de las partes o aún de oficio, el tribunal podrá resolver de manera excepcional que los testigos no se comuniquen entre sí ni con otras personas, y que no puedan ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias, para lo cual podrá incomunicarlos en la antesala por el tiempo mínimo necesario. Deberá garantizar condiciones adecuadas durante la espera, teniendo especialmente en cuenta sus edades y estado físico.

Después de declarar, el tribunal resolverá si deben permanecer incomunicados en la antesala.

Si por la extensión del debate la incomunicación no fuera posible, el tribunal podrá ordenar que los medios de comunicación difieran la difusión audiovisual de aquellos testimonios que pudieren afectar sustancialmente el contenido de declaraciones ulteriores, hasta tanto cesaren los motivos que hubieren dado lugar a esta restricción.

No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero los jueces apreciarán esta circunstancia al valorar la prueba.

REGLAS DE INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO. Las partes que hubieren presentado a un testigo o técnico no podrán formular sus preguntas de manera que sugirieran la respuesta. Las partes podrán confrontar al técnico o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o técnico, ni las que fueren formuladas en términos poco claros para ellos. Estas reglas se aplicarán al procedimiento de anticipo jurisdiccional de prueba establecido en el artículo 373 de este Código.

COMPARENDO. INCOMPARENCIA DEL TESTIGO O DEL TÉCNICO. Las partes deberán colaborar para el comparendo de los técnicos, asesores técnicos, intérpretes o testigos que ofrecieran.

La oficina de gestión judicial, a pedido de parte, dispondrá lo necesario para hacer comparecer por la fuerza pública a quien estando oportunamente citado y sin justificación no hubiera asistido.

Los testigos y técnicos que por algún motivo grave y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio, podrán hacerlo a través de videoconferencia o a través de cualquier otro medio tecnológico apto para su examen y contra examen.

PRUEBA NO SOLICITADA OPORTUNAMENTE. INSPECCIONES JUDICIALES. A petición de alguna de las partes, los jueces podrán ordenar la recepción de pruebas que no se hubieren ofrecido oportunamente, si no hubieren sido conocidas al momento del ofrecimiento de la prueba.

Si con ocasión de la recepción de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar, a petición de parte, la producción de otras pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.

El Juez, a pedido de parte, podrá disponer, que se practiquen inspecciones oculares de lugares o de cosas, que deberá registrarse por medios técnicos y confeccionar el acta que labrada será leída luego en la audiencia.

EXCEPCIONES A LA ORALIDAD. El Juez, a pedido de parte, podrá disponer, que se practiquen inspecciones oculares de lugares o de cosas que podrán ser videoregistradas. En tales casos el acta labrada será leída luego en la audiencia, exhibido el video, sin perjuicio de que a pedido de parte se cite a los testigos o participantes de las mismas a prestar declaración.

Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura o exhibición audiovisual: a) Las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba. b) La prueba documental o de informes y las certificaciones. c) Los registros de declaraciones anteriores de testigos o técnicos que hubieren fallecido, se encuentren en incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar, no pudieren declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren sido recibidas notificando previamente a la defensa, y en conformidad con las demás pautas establecidas en este Código. d) Las declaraciones previas de la víctima o testigos en ese u otro proceso judicial de conformidad al Artículo 151 de este Código. Si las partes no hubiesen podido ejercer oportunamente el control de la declaración, podrán requerir que sea receptado nuevamente a los efectos de controlarla. El juez les requerirá los motivos y el interés concreto, así como los puntos sobre los que pretendan examinar al testigo, y admitirá, siempre que no se revictimice al niño, niña o adolescente, una nueva declaración, exclusivamente sobre aquellos puntos que hagan al efectivo derecho de defensa.

La lectura o exhibición de las partes esenciales, no podrá omitirse en la audiencia ni siquiera con el acuerdo de las partes.

Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura o exhibición no tendrá ningún valor, sin perjuicio de la presentación de documentos al testigo, técnico o al imputado, para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización de los jueces.

En todo caso, se valorarán los dichos vertidos en la audiencia. ARTICULO 121- Modificase el Artículo 398 de la Ley N° 6259, el que quedará redactado de la siguiente manera:

LECTURA DE ACTAS Y DOCUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA. USO DE DECLARACIONES PREVIAS AL JUICIO. USOS DE PRUEBA MATERIAL. En ningún caso el Juez ordenará la lectura de actas de la investigación Penal Preparatoria.

Sólo podrán usarse en la sala de juicio por los litigantes, previa autorización del Tribunal, los documentos, dictámenes técnicos, actas o cualquier otro soporte técnico en el que se hayan registrado actos o manifestaciones con anterioridad al juicio, o en caso de que un testigo, técnico o intérprete olvide información relevante o para confrontarlas con su declaración actual.

La prueba material está constituida por objetos, documentos y cualquier otro soporte técnico que contenga o constituya elementos de convicción relevantes para acreditar la comisión de un delito. El uso en juicio oral de objetos y documentos, implicará su exhibición, lectura y/o reproducidos, según corresponda. Será siempre introducida al juicio a través de los testigos y técnicos y solo podrán incorporarse al juicio aquellos objetos que hayan sido previamente exhibidos.

DISCUSIÓN FINAL. Terminada la recepción de la prueba, el Presidente concederá la palabra sucesivamente al Ministerio Público de la Acusación, al querellante y a los defensores del imputado, no pudiendo darse la lectura de memoriales. Sólo el Ministerio Público de la Acusación y el defensor del imputado podrán replicar, correspondiendo al segundo la última palabra. Si intervienen dos (2) fiscales o dos (2) defensores, todos podrán hablar, dividiéndose sus tareas. La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hayan sido discutidos. Si estuviere presente la víctima se le cederá la palabra, y en último término el Presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y cerrará el debate. Las partes, deberán alegar en el siguiente orden: a) Sobre la existencia del hecho delictuoso, con discriminación de las circunstancias jurídicamente relevantes. b) Sobre la eventual participación del o de los imputados en el hecho. c) Sobre la existencia de eximentes. d) Sobre la calificación legal, agravantes y atenuantes. e) Sobre la restitución o decomiso de bienes secuestrados. f) Sobre las costas y recupero de costos. g) Sobre la indemnización o reparación demandada.

ACTA DE DEBATE. CONTENIDO. El secretario labrará un acta del debate que contendrá: a) El lugar y fecha de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas. b) El nombre y apellido de los jueces, de los miembros del jurado, fiscales, defensores y mandatarios. C) Los datos personales de las partes. d) Los datos personales de los testigos, técnicos o intérpretes y la mención del juramento. e) Las instancias y conclusiones del Ministerio Público de la Acusación y de las partes. f) Otras menciones prescriptas por la Ley o que el Presidente ordenase hacer, así como las sucintas indicaciones que soliciten las partes, siempre que no fueren impertinentes. g) El veredicto del jurado y la parte dispositiva de la sentencia, en su caso; h) La constancia de lectura de la sentencia o su diferimiento. i) La firma de los miembros del tribunal y secretario, el cual previamente leerá. Cuando la prueba fuere compleja, o cuando por cualquier otra razón fuere necesario, el secretario resumirá, al final de cada declaración o dictamen, la parte sustancial que haya de tenerse en cuenta.

Sin perjuicio de estas exigencias el tribunal deberá realizar un registro total de lo ocurrido en la audiencia a través de los medios técnicos de audio o video, que será conservado por el actuario en condiciones que impidan su alteración hasta la firmeza de la sentencia. Las partes podrán obtener copias del soporte.

VALOR DE LOS REGISTROS. El acta y los registros de audio o video demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo.

La falta o insuficiencia en el acta de las enunciaciones previstas en el Artículo 400 no dará lugar por sí sola a un motivo de impugnación de la sentencia.

DELIBERACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Inmediatamente después de finalizado el debate los jueces pasarán a deliberar en sesión secreta todas las cuestiones relativas a la determinación de la responsabilidad penal, y eventualmente a la reparación civil. El acto no podrá suspenderse bajo pena de nulidad, salvo caso de fuerza mayor o que alguno de los jueces se enferme de modo que no pudiera seguir actuando. La causa de la suspensión se hará constar y se informará a la Suprema Corte de Justicia. En ningún caso la suspensión excederá el término previsto en el Articulo 380 (continuidad y suspensión).

Si los jueces encontraran inocente al imputado, deberán dictar sentencia absolutoria sin más trámite y disponer en su caso la inmediata libertad, o la cesación de las restricciones impuestas.

Si declarasen la inimputabilidad, podrán disponer la aplicación de las medidas de seguridad pertinentes.

La libertad del imputado se otorgará, aunque la sentencia absolutoria no se encuentre firme. ARTÍCULO 132.- Modificase el Articulo 403 de la Ley N° 6259, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ORDEN DE TRATAMIENTO.- El Juez resolverá todas las cuestiones que hubieran sido objeto del juicio, apreciando conforme las reglas de la sana crítica racional, únicamente la prueba recepcionada durante el debate. El tratamiento de las cuestiones será en el siguiente orden:

las cuestiones incidentales que hubieran sido diferidas; las cuestiones relativas a la existencia del hecho delictuoso, con discriminación de las circunstancias jurídicamente relevantes; la participación del imputado; la calificación legal; la sanción aplicable en cuanto a la especie; la sanción aplicable en cuanto al monto; el destino de las cosas o efectos puestos a disposición del proceso; indemnización o reparación solicitada las costas el recupero de costos

En caso de duda sobre las cuestiones de hecho se estará a lo más favorable al imputado. Si en la votación sobre las penas que correspondan se emitieren más de dos opiniones, se aplicará el término medio.

LECTURA. La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la última deliberación. Redactada la sentencia el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente el fiscal, las partes y sus defensores y el documento será leído íntegramente, bajo pena de nulidad, ante los que comparezcan. Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieren necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá su parte dispositiva, fijándose audiencia para la lectura integral; ésta se efectuará en el plazo máximo de diez (10) días contados a partir del cierre del debate. El incumplimiento de esta disposición constituirá falta grave y la Oficina de Gestión Judicial deberá comunicarla inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo de la Magistratura.

La lectura valdrá siempre como notificación para los que hubieran estado presentes.

CORRELACIÓN ENTRE LA SENTENCIA Y ACUSACIÓN. La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación, y en su caso, de la ampliación de la acusación. En la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente a la escogida por el fiscal. Sin embargo no podrá imponer una pena más grave que la solicitada por el fiscal y deberá absolver cuando este así lo requiera.

ABSOLUCIÓN. La sentencia absolutoria ordenará cuando fuere el caso, la libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente, o la aplicación de medidas de seguridad.

La libertad del imputado se otorgará, aunque la sentencia absolutoria no se encuentre firme.

SENTENCIA CONDENATORIA. La sentencia condenatoria deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones del TITULO VI de la Ley N° 6301 y modificatorias y la sentencia deberá estar estructurada conforme el orden de tratamiento establecido en el Artículo 403 de este Código.

DECOMISO. En los casos en que recayese condena ésta decidirá el decomiso de las cosas que hayan servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito, en favor del Ministerio Público de la Acusación salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Si las cosas fueran peligrosas para la seguridad común podrá ordenarse su decomiso, aunque afectara a terceros, salvo el derecho de éstos si fueran de buena fe, a ser indemnizados.

Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso recaerá sobre esos bienes.

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará en contra de éste.

Si la cosa decomisada tuviera valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, el Ministerio Público de la Acusación, podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuera y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor alguno, se la destruirá.

Si se hubieren secuestrado armas de fuego, munición o explosivos con motivo de la comisión de cualquier delito, éstos serán decomisados y dispuestos conforme la legislación vigente dentro del plazo de seis (6) meses.

Dentro del mismo plazo el Ministerio Público de la Acusación, procurará la producción de la totalidad de las medidas de prueba relacionadas con dicho material y observará las exigencias que la normativa procesal prevea para la realización de medidas probatorias irreproducibles. El plazo para el decomiso y destrucción podrá ser prorrogado por el juez, por única vez y por el mismo período, a pedido de las partes. Vencidos los plazos establecidos la autoridad de aplicación quedará habilitada para proceder al decomiso administrativo.

En aquellos procesos en los que se investigue la comisión de los delitos previstos en los Artículos 5 Inciso c) y 7 de la Ley Nacional N° 23.737, cuando existieren indicios vehementes y suficientes de que las cosas o ganancias a las que se alude en el presente Artículo son fuente o provienen de objeto ilícito o han servido para cometer el hecho, el juez interviniente ordenará, a pedido del representante del Ministerio Público de la Acusación, su decomiso por auto fundado, aún antes del dictado de sentencia.

Los bienes serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando el imputado hubiera reconocido la procedencia o uso ilícito de los mismos, o cuando se hubiera podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuviesen vinculados, y el imputado no pudiera ser enjuiciado por motivo de fuga. En estos casos, se promoverá el correspondiente incidente a fin de salvaguardar derechos de eventuales terceros ajenos al hecho delictivo.

Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes, se canalizará a través de un reclamo administrativo formulado ante la autoridad de aplicación, o una acción civil de restitución. Cuando el bien hubiera sido subastado, sólo se podrá reclamar su valor monetario, previa deducción de las erogaciones derivadas de su guarda.

REQUISITOS DE LA SENTENCIA. La sentencia contendrá bajo pena de nulidad:

El lugar y la fecha en que se ha dictado, la composición del órgano judicial, el nombre del o los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del hecho que ha sido objeto de acusación; El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas, con exposición de los motivos en que los fundan; La determinación precisa y circunstanciada del hecho que se estima acreditado; La parte dispositiva con mención de las normas aplicables; La firma de los jueces y el secretario designado al efecto.

APLICACIÓN SUPLETORIA. Las normas previstas en este Libro se aplicarán en los procedimientos especiales, en cuanto sean compatibles y a falta de reglas particulares.

VIGILANCIA. La ejecución provisional o definitiva de una medida de seguridad será vigilada por el juez de ejecución penal con notificación al fiscal de ejecución penal a y al defensor. Las autoridades del establecimiento o el lugar en que se cumpla le informarán al magistrado oportunamente lo que corresponda, pudiendo también requerirse el auxilio de técnicos.

INSTRUCCIONES. El juez de ejecución, al disponer la ejecución de una medida de seguridad, impartirá las instrucciones necesarias a la autoridad o al encargado de ejecutarla. También fijará los plazos en que deberá informárselo acerca del estado de la persona sometida a la medida o sobre cualquier circunstancia de interés. Dichas instrucciones podrán ser modificadas en el curso de la ejecución, según sea necesario, dándose noticia al encargado. Estas resoluciones serán recurribles en los términos del Libro III, Título IV (decisiones impugnables).

CESACIÓN. Para ordenar la cesación de una medida de seguridad absoluta o relativamente indeterminada en el tiempo de cumplimiento, el juez de ejecución penal deberá oír al Ministerio Público de la Acusación, al defensor y al interesado; o cuando éste sea incapaz, a quién ejercite su curatela, y, en su caso, recurrirá al dictamen de técnicos.

COMPETENCIA. Las sentencias que condenan a la satisfacción de costas y pago de los gastos, cuando no sean inmediatamente ejecutadas o no puedan serlo por simple orden del órgano judicial que las dictó, se ejecutarán por el interesado o por el Ministerio Público de la Acusación, ante los jueces civiles que correspondan, con arreglo al Código Procesal Civil y Comercial.

SANCIONES DISCIPLINARIAS. El Ministerio Público de la Acusación o el Poder Judicial ejecutarán las penas pecuniarias de carácter disciplinario respectivamente en la forma establecida por el Artículo 503.

OBJETOS DECOMISADOS. Cuando la sentencia importe decomiso de los bienes secuestrados, se le dará el destino previsto en el Artículo 3 inciso d) de la ley N° 5895.

COSAS SECUESTRADAS. Las cosas secuestradas que no estuvieren sujetas a decomiso, restitución o embargo, serán devueltas a la persona a quien se le secuestraron. Si hubieran sido entregadas en depósito antes de la sentencia, se notificará al depositario la entrega definitiva. Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrán ser retenidas en garantía de los gastos y costas del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas y los gastos de conservación y depósito irrogados al Ministerio Público de la Acusación.

JUEZ COMPETENTE. Si se suscitare controversia sobre la restitución de las cosas secuestradas o la forma de dicha restitución, se dispondrá que los interesados recurran a la justicia civil.

OBJETOS NO RECLAMADOS. Cuando después de un (1) año de concluido el proceso, nadie reclame o acredite tener derecho a la restitución de cosas que no se secuestraron a determinada persona, se dispondrá su decomiso.

RECTIFICACIÓN. Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el órgano que la dictó ordenará en el acto que aquél sea reconstituido, suprimido o reformado.

DOCUMENTO ARCHIVADO. Si el instrumento hubiese sido extraído de un archivo, será restituido a él con nota marginal en cada página, agregándose copia de la sentencia que hubiese establecido la falsedad total o parcial.

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO. Si se tratare de un documento protocolizado, se anotará la declaración hecha en la sentencia al margen de la matriz, en los testimonios que hubiesen presentado y en el registro respectivo.