NATURALEZA Y EXTENSIÓN. La jurisdicción penal se ejerce por los magistrados que la Constitución y la ley instituyen; es improrrogable y se extiende al conocimiento de los delitos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal. El juez competente para actuar en cada etapa es el director del proceso y debe resolver todas las cuestiones que le fueran planteadas por las partes.

JURISDICCIONES ESPECIALES. PRIORIDAD DE JUZGAMIENTO. Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos. No obstante, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el otro, siempre que no obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones o la defensa del imputado.

JURISDICCIONES COMUNES. PRIORIDAD DE JUZGAMIENTO. Si a una persona se le imputaren varios delitos en diferentes jurisdicciones provinciales, será juzgada primero en esta Provincia, si el delito imputado es de mayor gravedad, o siendo éste igual, haya sido cometido anteriormente. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos. Pero el Tribunal si lo estimare conveniente, podrá suspender el trámite del proceso o diferir su decisión hasta que se pronuncie la otra jurisdicción.

UNIFICACIÓN DE PENAS. Cuando una persona sea condenada en diversas jurisdicciones y corresponda unificar penas, conforme lo dispuesto por el Código Penal, el Tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según haya

dictado la pena mayor o menor. El condenado cumplirá la pena en la Provincia cuando en ésta se disponga la unificación.

MOTIVOS DE INHIBICIÓN. El Juez deberá inhibirse de conocer en la causa, cuando exista uno de los siguientes motivos: 1) Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o actuado en la audiencia preliminar; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público Fiscal, defensor, mandatario, denunciante o querellante; si hubiere actuado como perito, o conocido el hecho como testigo; 2) Si como Juez hubiere intervenido o interviniera en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algún interesado; 4) Si él o algunos de dichos parientes tuvieren interés en el proceso; 5) Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo la tutela o curatela de alguno de los interesados; 6) Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima; 7) Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas; 8) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos; 9) Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio de destitución y la acusación fuere admitida; 10) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso;

11) Si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados; 12) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieron beneficios de importancia de alguno de los interesa-dos; o si después de iniciado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor; y 13) Cuando mediaren otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad.

INTERESADOS. A los fines del Artículo anterior, se considerarán interesados el imputado, el damnificado, el querellante y la víctima, aunque esta última no se hubiese constituido en parte.

TRÁMITE DE LA INHIBICIÓN. El Juez que se inhiba deberá hacerlo mediante decreto fundado y remitirlo, dentro de las veinticuatro (24) horas, a otro Juez de igual grado, quien en caso de no aceptarla deberá girar su oposición, dentro de las veinticuatro (24) horas, a un tercer Juez de igual grado que dirimirá la cuestión. Previo a dirimir la cuestión, deberá correr vista a las partes por el término de tres (3) días.

RECUSACIÓN. Las partes, sus defensores o mandatarios podrán recusar al Juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 60.

FORMA. La recusación deberá ser interpuesta por escrito u oralmente, indicando los motivos en que se basa y los elementos de prueba, si los hubiere.

OPORTUNIDAD. La recusación sólo podrá ser interpuesta en las siguientes oportunidades.1) Durante la Investigación Fiscal Preparatoria; 2) La del Juez de Control inmediatamente después de conocido su avocamiento; 3) En el juicio, durante el término de citación; y 4) Cuando se trate de impugnaciones, en el primer escrito que se presente.

Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de producida, o de ser aquélla notificada, respectivamente. Si el Juez admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 62.

TRÁMITE Y COMPETENCIA EN AUDIENCIA DE JUICIO. La Audiencia de Juicio, en Tribunales unipersonales, conocerá de la recusación de sus Jueces. Los Tribunales colegiados, debidamente integrados, la de sus miembros.

RECUSACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL. Si el Juez de Control fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará entendiendo en el proceso aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos por él practicados serán declarados inválidos -salvo las pericias irrepetibles-, siempre que lo pidiere el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos.

APARTAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA JUDICIAL. Los integrantes de la Oficina Judicial no podrán ser recusados.

EFECTOS. Producida la inhibición o aceptada la recusación, el juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso ningún acto. Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos magistrados será definitiva.

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. Los representantes del Ministerio Público Fiscal tendrán libertad de criterio en su actuación, sin perjuicio de las facultades acordadas por la ley al Procurador General. Podrán solicitar las medidas que consideren necesarias, ante los o ante cualquier otra autoridad y cumplirán todas las demás funciones que le atribuya este Código. Todas las dependencias públicas estatales estarán obligadas a proporcionar la colaboración pronta, eficaz y completa a los requerimientos que formule el repre- 26 -

sentante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades previstas en la ley.

FUNCIONES EN LA INVESTIGACIÓN FISCAL PREPARATORIA. Los representantes del Ministerio Público Fiscal promoverán y ejercerán la acción penal en la forma establecida en la ley, dirigirán a la policía en su función judicial y practicarán la Investigación Fiscal Preparatoria con el objeto de preparar la acusación o fundamentar la solicitud de sobreseimiento. Cuidarán que sus diligencias y las de la policía en función judicial permanezcan reservadas para extraños al procedimiento.

FUNCIONES ANTE LAS AUDIENCIAS DE JUICIO. Los representantes del Ministerio Público Fiscal ante las Audiencias de Juicio, además de las funciones generales acordadas por la ley, tendrán la carga de la prueba y deberán probar en el juicio oral y público los hechos que en esa etapa funden su acusación. En un mismo proceso, el representante del Ministerio Público Fiscal que actúe en la Investigación Fiscal Preparatoria será quien deberá hacerlo en el juicio, salvo excepciones debidamente fundadas.

FORMA DE ACTUACIÓN. Los representantes del Ministerio Público Fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones; procederán oralmente, excepto que este Código exigiere otra formalidad.

PODER COERCITIVO. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal dispondrá de los poderes acordados a los órganos judiciales por el artículo 113, incluso ordenar la detención de personas, la que deberá ser comunicada inmediatamente al Juez de Control.

APARTAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO. Los miembros del Ministerio Público podrán ser recusados por los mismos motivos que los expuestos en el artículo 60 incisos 3), 4), 5), 6) y 7). Asimismo, cuando medien otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su objetividad. Si tuvieran algún motivo legítimo de apartamiento, deberán manifestarlo al superior jerárquico de que se trate solicitando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en la investigación o proceso. La decisión será irrecurrible. La recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán resueltas:

1) Por el Fiscal superior común; y 2) Por el Juez o Tribunal, si el planteo fuere formulado por alguna de las partes. En cuanto al trámite, se aplicarán en lo posible, las disposiciones referentes a los Jueces.

CONSTITUCIÓN DE PARTE QUERELLANTE. El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos o declarados, su pareja de hecho con certificado de convivencia, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular. Si el difunto penalmente ofendido por la comisión de un delito de acción pública carece de herederos forzosos o declarados, y pareja de hecho con certificado de convivencia, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma que establece éste Código, sus parientes colaterales hasta el segundo grado por consanguinidad. Los incapaces deberán actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescripto por la Ley.

La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder otorgado ante escribano público o juez de paz.

La Secretaría de la Mujer de la Provincia de La Pampa podrá constituirse en parte querellante en los procesos en que se investiguen.1) La muerte dolosa de una mujer y resultare imputado un ascendiente, descendiente, cónyuge o por quien mantenía, al momento del hecho, o hubiera mantenido relación de pareja; 2) En todas aquellas causas donde se verifique la muerte dolosa de una mujer, con motivo de la violencia de género; 3) En todas aquellas causas en las que se verifique riesgo fehaciente para la vida de una mujer, con motivo de la violencia de género. No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad la constitución de parte querellante de aquellas personas a las que se refiere el artículo 88.

OPORTUNIDAD. La condición de querellante particular podrá asumirse hasta el momento procesal previsto por el Artículo 290, previa vista al Fiscal interviniente.

FACULTADES Y DEBERES. El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la responsabilidad penal del imputado y eventualmente intervenir en el proceso de ejecución de la pena, en la forma que dispone este Código. La intervención del querellante particular no lo exime de declarar como testigo.

RENUNCIA. El querellante particular podrá renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su participación hubiere causado. Se considerará que ha renunciado a participar en una audiencia cuando, regularmente citado, no compareciera injustificadamente a la audiencia prevista. Se considerará que ha desistido de su intervención en el proceso cuando debidamente citado no concurriere a la audiencia de debate.

DERECHOS DE LA VÍCTIMA. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, se garantizará, en la medida de lo posible, la plena vigencia de los siguientes derechos de las víctimas convocadas: 1) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes; 2) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar que designe la autoridad competente; 3) A que su intervención en el proceso no sea causa de inseguridad de su persona y su grupo familiar, y a requerir en consecuencia medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes; y 4) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado.

VÍCTIMA DEL DELITO. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la víctima tendrá derecho también: 1) A ejercer en el proceso las facultades que este Código le otorga; 2) A ser informada por la Oficina Judicial correspondiente, acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de tener calidad de querellante; 3) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado, debiendo dejarse constancia actuarial de ello; y 4) Cuando fuere niño, niña o adolescente o incapaz, el órgano competente podrá autorizar, sin perjuicio del Ministerio Pupilar, que durante los actos procesales en los cuales intervenga, sea acompañado por una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido. Cuando se trate de víctimas de delitos que a la fecha en que se requiera su comparecencia no hayan cumplido la mayoría de edad seguirá el siguiente procedimiento: a) Los menores aludidos, sólo serán entrevistados por un psicólogo y/o psiquiatra que acredite especialización en violencia, designado por el

Tribunal que ordene la medida. En ningún caso podrán ser interrogados en forma directa por dicho Tribunal o las partes; b) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que se arriben; c) El acto se llevará a cabo en un gabinete especial que deberá poseer dos salas divididas por un vidrio espejado con teléfono, micrófono, equipo de audio y video y/o cualquier otro medio técnico con que se cuente. Será dirigido por el Juez, con la asistencia de la Oficina Judicial y la participación del Fiscal, Defensor y querellante particular si lo hubiere; y d) Previo a la iniciación del mismo, el Tribunal hará saber al profesional a cargo de las entrevistas las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate de las víctimas mencionadas que a la fecha de ser requerida su comparecencia tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, el Tribunal podrá recibir el testimonio directamente previo informe del psicólogo o psiquiatra forense acerca de la inexistencia de riesgo para la salud psicofísica del menor. De igual forma podrá recibir testimonio el Fiscal durante la investigación fiscal preparatoria, previo informe de especialista. Esta excepción no se aplica en delitos contra la integridad sexual y/o los que se comentan con violencia de género. Sin importar la edad de la víctima, se recibirá declaración testimonial en los términos dispuestos, cuando se constate de manera previa, mediante informe de especialista, un estado de vulnerabilidad tal que haga presumir la afectación o empeoramiento de la salud psicofísica de la misma, ya sea por recibirse la declaración en presencia de las partes y/o ante la reiteración de declaraciones durante el proceso. Para determinar dicho estado de especial vulnerabilidad se tendrá en cuenta la edad, el género, la victimización y la discapacidad, entre otras.

INFORMACIÓN. Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser comunicados por el órgano competente al momento de practicar la primera citación.

DERECHOS DELIMPUTADO. El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogados de la matrícula o por un representante letrado del Ministerio Público de la Defensa; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. En este caso el órgano competente le ordenará que nombre defensor dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un representante letrado del Ministerio Público de la Defensa. En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado.

NÚMERO DE DEFENSORES. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos (2) abogados. Cuando intervengan dos (2) Defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución de uno por el otro no alterará trámites ni plazos.

OBLIGATORIEDAD. El cargo de Defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio, salvo excusación atendible. Con idéntica salvedad, la aceptación será obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución de un representante letrado del Ministerio Público de la Defensa. El Defensor de la matrícula tendrá derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo, salvo el caso de secreto de sumario. Tendrá tres (3) días para hacerlo, bajo apercibimiento de tener el nombra-miento por no efectuado.

DEFENSA DE OFICIO. En la primera oportunidad, y en todo caso antes de su declaración, se invitará al imputado a designar Defensor entre los abogados de la matrícula. Cuando el imputado estuviera incomunicado, cualquier persona con relación de parentesco o amistad podrá proponer un Defensor, lo que se hará saber a aquél bajo sanción de nulidad, antes de comenzar su declaración. La relación con el imputado no necesitará ser probada, bastando la manifestación bajo juramento del peticionario.

Si el imputado no designare Defensor hasta el momento de recibírsele declaración, el órgano actuante designará de oficio un representante letrado del Ministerio Público de la Defensa, salvo que autorice al imputado a defenderse personalmente.

NOMBRAMIENTO POSTERIOR. La designación de un representante letrado del Ministerio Público de la Defensa no perjudica el derecho del imputado de elegir ulteriormente otro de la matrícula; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio.

DEFENSOR COMÚN. La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un Defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si ésta fuera advertida, se proveerán, aún de oficio, las sustituciones necesarias, conforme lo dispuesto en el artículo 100.

OTROS DEFENSORESY MANDATARIOS. El querellante particular actuará en el proceso personalmente o por mandatario, pero siempre con patrocinio letrado.

ABANDONO. En ningún caso el Defensor del imputado podrá

abandonar la defensa y dejar su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el Defensor Oficial. Hasta entonces estará obligado a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. No está autorizada la renuncia durante la audiencia de debate o el desarrollo de una audiencia judicial, regla que rige desde el momento de la fijación de la fecha de audiencia. Si este abandono fuere injustificado constituirá falta grave en el ejercicio profesional, comunicable a la autoridad de control de ese ejercicio. Cuando el abandono ocurriera poco antes o durante el debate, el nuevo Defensor podrá solicitar una prórroga máxima de cinco (5) días para la audiencia. El debate no podrá volverse a suspender por la misma causa, aún cuando el Tribunal conceda la intervención de otro Defensor particular, lo que no excluirá la del oficial. El abandono de los mandatarios o letrados de los querellantes no suspenderá el proceso.

SANCIONES. El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los Defensores o mandatarios podrá ser corregido con multa de has- 35 -

ta el equivalente al cien por ciento (100%) del sueldo del Juez de Control, además de la separación de la causa. El abandono constituye causa grave y obliga al que incurre en él a pagar las costas de la sustitución, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Éstas serán revisadas únicamente por el Superior Tribunal, el que comunicará además al Colegio de Abogados el hecho, si estima que corresponde suspender al Defensor o mandatario en el ejercicio de la profesión, según la gravedad de la infracción.

IDIOMA. En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional, para provocar sus efectos propios o poder ser valorados.

FECHA. Para fechar un acto deberá indicarse el lugar, día, mes y año en que se cumple. La hora será consignada sólo cuando especialmente se la exija. Cuando la fecha fuere requerida como requisito de validez, el acto podrá ser declarado inválido cuando aquélla no pueda establecerse con certeza en virtud de los elementos del mismo o de otros conexos a él. La fecha y hora de presentación de escritos, oficios o notas y los cargos electrónicos se regirán conforme lo prevé la Ley Nº 2925 y los Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia dictados de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 7º del presente Código.

DÍA Y HORA. Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de la Investigación Fiscal Preparatoria.

JURAMENTO. Cuando se requiera la prestación de juramento, éste será recibido, según corresponda, por el Juez o por el Presidente del Tribunal, de acuerdo a las creencias del que lo preste, quien, será instruido de las penas correspondientes al delito de falso testimonio, para lo cual se le leerán las

pertinentes disposiciones legales, y prometerá decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula.- “lo juro” o “lo prometo”.

ORALIDAD. El que debe declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el órgano interviniente lo autorice para ello, si así lo exigiere la naturaleza de los hechos.

DECLARACIONES ESPECIALES. Para recibir juramento y examinar a un sordo, se le presentarán por escrito la fórmula y las preguntas; si se tratare de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si de un sordomudo, las preguntas y las respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos, o a falta de él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.

DECLARACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Cuando deban deponer como testigos niñas, niños y adolescentes se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 94 inciso 4.

REGLA GENERAL SOBRE LAS FORMAS DE LOS ACTOS PROCESALES. Cuando el funcionario que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por este Código. Podrán utilizarse documentos electrónicos, documentos digitalizados, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos. El Superior Tribunal de Justicia reglamentará la implementación y gestión de legajos electrónicos conforme las previsiones de la Ley Nº 2925.

PODER COERCITIVO. LUGAR DE LOS ACTOS PROCESALES. En el ejercicio de sus funciones, el órgano judicial competente podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordena. El Ministerio Público Fiscal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio provincial, con el objeto de llevar adelante actos propios de su función.

ASISTENCIA AL JUEZ. En todas las actuaciones que desarrolle, el Juez estará asistido por un auxiliar perteneciente a la Oficina Judicial. El Superior Tribunal de Justicia reglamentará las funciones de asistencia y delegación.

RESOLUCIONES. Las decisiones del Tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto. Se dictará sentencia para poner término al proceso, después de su íntegra tramitación; auto, para resolver un incidente o Artículo del proceso o cuando este Código lo exija; decreto, en los demás casos, o cuando esta forma sea especialmente prescripta. Las sentencias se redactarán en doble ejemplar, de los cuales uno se glosará a las actuaciones y el restante será protocolizado por la Oficina Judicial.

MOTIVACIÓNDELAS RESOLUCIONES. Las sentencias y los autos deberán ser motivados. Los decretos deberán serlo cuando la ley lo disponga.

FIRMA DE LAS RESOLUCIONES. Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el Juez o todos los miembros del Tribunal que actuaren. Los decretos, por el Juez o el Presidente del Tribunal. En los actos que no tengan exigencia de protocolización podrá utilizarse únicamente firma electrónica o digital.

TÉRMINO. Los decretos serán dictados el día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otra cosa; y las sentencias, en los términos especialmente previstos en este Código.

RECTIFICACIÓN. Dentro del término de tres (3) días de dictadas las resoluciones el órgano interviniente podrá rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquéllas, siempre que ello no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer las impugnaciones que procedan.

QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA. Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo al órgano que ejerza la superintendencia, el que, previo informe del denunciado, proveerá enseguida lo que corresponda.

Si la demora fuere imputable al Presidente o a un miembro de un Tribunal Colegiado, la queja podrá formularse ante este mismo Tribunal; y si lo fuere el Superior Tribunal de Justicia, el interesado podrá ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.

COPIA AUTÉNTICA. Cuando por cualquier causa se destruyan, pierdan o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquellos. A tal fin, se ordenará que quien tenga la copia la consigne en la Oficina Judicial, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.

RESTITUCIÓN Y RENOVACIÓN. Si no hubiere copia de los actos, el órgano correspondiente ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no fuere posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.

COPIAS E INFORMES. Se ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueren solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.

REGLAS GENERALES. Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la sede del órgano judicial, éste podrá encomendar su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto, mandamiento u oficio.

COMUNICACIÓN DIRECTA. Los órganos intervinientes podrán

dirigirse directamente a cualquier autoridad administrativa, que prestará su cooperación y expedirá los informes que le soliciten sin demora alguna.

EXHORTOS CON TRIBUNALES EXTRANJEROS. Los exhortos a tribunales extranjeros se diligenciarán por vía diplomática, en la forma establecida por los tratados o costumbres internacionales. Los de tribunales extranjeros serán diligenciados en los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país.

EXHORTOS DE OTRAS JURISDICCIONES. Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados, sin retardo, previa vista al Ministerio Público Fiscal, siempre que no perjudiquen el normal trámite del proceso.

DENEGACIÓN Y RETARDO. Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el órgano exhortante podrá dirigirse al Superior Tribunal de Justicia, el cual, previa vista al Ministerio Público Fiscal, resolverá si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento, según sea o no de la Provincia el exhortado.

COMISIÓN Y TRANSFERENCIA DEL EXHORTO. El órgano exhortado podrá comisionar el despacho del exhorto a otro inferior, cuando el acto deba practicarse fuera de su asiento, o remitirlo al órgano a quien se debió dirigir, si no fuere de su competencia.

ACTAS. PRINCIPIO GENERAL. En la confección de las actas el Juez será asistido por un funcionario de la Oficina Judicial y el Fiscal por el funcionario que él mismo designe. En las actas confeccionadas por funcionarios de la policía serán asistidos por dos testigos, que no podrán pertenecer a la fuerza. Si por las especiales circunstancias del caso no fuere posible obtener la presencia de dos testigos, el acta tendrá valor con la intervención de una sola. Si fuera imposible encontrar algún testigo, de cuyas causas deberá dejarse expresa constancias, darán fe dos funcionarios policiales. Las actas sin testigos civiles no serán inválidas, pero los deberán extremar el análisis sobre su valor probatorio. No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años y los que en el momento del acto se encuentren en estado de inconsciencia.

ACTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. Conforme al principio de desformalización de la Investigación Fiscal Preparatoria las formalidades del presente capítulo no son exigibles a todas las actas que realice el Fiscal. Las actas labradas sin las formalidades requeridas no podrán ser ofrecidas como prueba, pero podrán ser exhibidas durante el juicio a fin de contrastar o refrescar la memoria de testigos.

CONTENIDOS Y FORMALIDADES. Las diligencias que deban

asentarse en forma escrita deberán contener la mención del lugar, fecha y hora del acto, las firmas de todos los que participaron y la constancia de todas aquéllas circunstancias de las que quiera dejar constancia. Deberá procurarse la documentación de los actos procesales por sistemas de audio y/o video. Se utilizarán imágenes y sonidos para documentar actos de prueba. En cualquiera de sus formas los actos procesales y las pruebas deberán ingresarse al sistema informático y digitalizarse. Queda prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros. Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad, y el original deberá preservarse en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.

INVALIDEZ. VALOR PROBATORIO. Los defectos formales de los actos procesales en ningún caso producirán la invalidez absoluta de los mismos, salvo que su obtención sea producto de la comisión de un delito por parte del funcionario actuante. Las deficiencias en las formas de los actos procesales y de preservación de la prueba deberán ser evaluadas por el juez de juicio, quien deberá extremar el análisis y la fundamentación sobre la calidad de la información suministrada.

REGLA GENERAL. Las resoluciones judiciales se harán conocer a quienes corresponda. Las notificaciones se librarán dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de dictadas, salvo que se dispusiera un plazo menor, y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas. Las notificaciones se realizarán de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 2925 y los Acuerdos que dicte el Superior Tribunal de Justicia.

PERSONAS HABILITADAS. Las notificaciones serán practicadas a través de la plataforma de gestión informática de conformidad a la Ley Nº 2925 y a la reglamentación emanada del Superior Tribunal de Justicia, y serán realizadas

a través de la Policía, o de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial o del Ministerio Público, según corresponda. Cuando la persona que se deba notificar esté fuera de la sede del órgano, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad que corresponda.

LUGAR DEL ACTO. Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, los Defensores Oficiales, y los abogados de la matrícula, ya sea que actúen como defensores particulares o como patrocinantes de la Querella, serán notificados por vía electrónica; las partes a través de notificación en el domicilio constituido o personalmente en la Oficina Judicial. Si el imputado estuviera detenido, será notificado en la Oficina Judicial o en el lugar de su detención, según lo resuelva el órgano interviniente. Las personas que no tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.

DOMICILIO LEGAL. Al comparecer al proceso, las partes deberán constituir domicilio legal dentro del radio del ejido urbano del asiento del órgano interviniente. Asimismo, deberán aportar un correo electrónico. Si el imputado no pudiere constituir domicilio legal dentro del radio del ejido urbano del asiento del Tribunal, se fijará de oficio el de su defensor, allí serán dirigidas las comunicaciones. En ese caso, el defensor y el imputado, de común acuerdo, establecerán la forma de comunicarse entre ellos.

NOTIFICACIONESALOS DEFENSORES Y MANDATARIOS. Si las partes tuvieren defensor o mandatario, solamente a éstos se les efectuarán las notificaciones, salvo en los siguientes casos en que también deberán ser notificadas aquéllas: 1) Cuando la Ley lo exija expresamente; 2) Cuando el Tribunal lo ordene al dictar la resolución; 3) Las resoluciones sobre la libertad del imputado; 4) El sobreseimiento, la acusación y la sentencia; y 5) Cuando se trate de una actividad personal requerida directamente a la parte.

INVALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN. La notificación no será válida si hubiere existido error sobre la identidad de la persona notificada.

CITACIÓN. Cuando sea necesario la presencia de una persona para algún acto procesal, el órgano interviniente ordenará su citación en forma oral, telefónica o por vía electrónica, de lo cual se dejará constancia.

CITACIONES ESPECIALES. De resultar frustrada la citación dispuesta en el artículo anterior, los testigos, peritos, intérpretes y depositarios podrán ser citados por medio de la Policía, o por carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado. Se les advertirá de las sanciones que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial, y que en este caso serán conducidos por la fuerza pública de no mediar causa justificada. El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente. La incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

VISTAS. Los Jueces, en cualquier estado del proceso, podrán disponer vistas a las partes a fin de garantizar la adversarialidad del proceso, las que serán diligenciadas de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 2925 y las pautas fijadas por el Superior Tribunal. El Fiscal estará obligado a evacuarlas en el plazo que se le indique, en forma oral o escrita, según la etapa del proceso.

TÉRMINO DE LAS VISTAS. Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3) días.

INVALIDEZ DE LAS VISTAS. Las vistas serán inválidas en los mismos casos en que lo sean las notificaciones.

REGLA GENERAL. CÓMPUTO. IMPRORROGABILIDAD.

PRÓRROGA ESPECIAL. ABREVIACIÓN. Los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en cada caso. Cuando no se fije término se fijarán dentro de tres (3) días. Los términos correrán por cada interesado desde su notificación, o si fueran comunes desde la última que se practicara. Los términos se contarán en la forma establecida por el Código Civil y Comercial de la Nación. En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se habiliten especialmente.

Los plazos serán corridos en los casos especiales que así se lo establezca y por regla general en los incidentes de medidas de coerción personal. En estos, si los términos vencieren en día feriado, se considerará prorrogado de derecho al primer día hábil siguiente. Los plazos expresados en meses y años se computarán en forma continua. Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones impuestas por ley. Si el término fijado venciere después de las horas de oficina el acto que deba cumplirse en ella podrá ser realizado durante las dos (2) primeras horas del día hábil siguiente. Las partes a cuyo favor se hubiere establecido un término podrán renunciarlo, o consentir su abreviación mediante manifestación expresa.

DURACIÓN RAZONABLE DEL PROCESO. PLAZO DE LA IN-

VESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA. Se establece en cuatro (4) años la duración máxima de la fase ordinaria del proceso penal. La Investigación Fiscal Preparatoria durará dieciocho (18) meses corridos, prorrogables por seis (6) meses corridos. La prórroga se podrádisponer por resolución jurisdiccional, a pedido de parte, con fundamento en la complejidad de la investigación, o en las inconductas procesales de las partes con intención de retardar la investigación, o en la sustanciación de vías incidentales o recursivas.

ACTOS PROCESALES DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS

ETAPAS PROCESALES. El plazo de la Investigación Fiscal Preparatoria se computará desde la declaración del imputado o la audiencia de formalización -según cual ocurra primero-hasta la acusación fiscal. El plazo de cuatro (4) años de la fase ordinaria del proceso penal se computará desde el inicio de la Investigación Fiscal Preparatoria hasta la primera sentencia de revisión integral dictada por el Tribunal de Impugnación Penal. Será responsabilidad de los órganos jurisdiccionales, con asistencia de la Oficina Judicial o sus respectivas Secretarias, la conexión entre las etapas procesales.

SANCIONES PROCESALES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS. El vencimiento de los plazos no aparejará una sanción automática.

Solamente al operarse el vencimiento de la Investigación Fiscal Preparatoria o el plazo máximo de duración de la fase ordinaria, las partes podrán solicitar, por vía incidental, el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal. Para determinar la insubsistencia de la acción penal se tendrá en cuenta: 1) Que haya transcurrido desde la declaración del imputado o la audiencia de formalización –según cual ocurra primero-la mitad del máximo de la pena en abstracto del delito más grave que se le hubiera imputado. No se tomará en cuenta el concurso de delitos, sino la figura penal más grave; 2) La morosidad de los órganos de la acusación, tanto pública como privada; 3) La morosidad de los órganos jurisdiccionales, en aquellas etapas que tuviera facultades de impulso en el proceso; 4) La conducta procesal de la defensa técnica y del imputado. Se considerará inconductas procesales aquellas peticiones y planteos que excedan el legítimo ejercicio del derecho de defensa y tengan como fin la dilación del proceso; 5) La complejidad del caso; y 6) Que no se trate de hechos referidos al ejercicio de la función pública. El incidente por insubsistencia de la acción penal la resolverá el órgano jurisdiccional encargado de cada etapa procesal. El juez interviniente deberá excusarse cuando se le reproche morosidad en su accionar.

PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Se establece en dos (2) años la duración máxima de la prisión preventiva, computada desde el momento de la detención hasta el dictado de primera sentencia condenatoria. El plazo operará automáticamente y la libertad deberá otorgarse inmediatamente. En el caso que el imputado hubiere gozado de intervalos de libertad, deberán computarse todos los días que cumplió prisión preventiva o medidas sustitutivas que implique privación efectiva de libertad ambulatoria. El cómputo del plazo de prisión preventiva correrá independientemente del plazo de duración razonable del proceso.

PRINCIPIO GENERAL. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiere protestado oportunamente por él.

QUIÉN PUEDE OPONERLA. Salvo lo dispuesto en el artículo 157, sólo podrán oponerla las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas.

OPORTUNIDAD Y FORMA DE OPOSICIÓN. Los interesados deberán oponerse o reclamar la subsanación mientras se cumple el acto o inmediatamente después. Cuando no hubieren estado presentes, a pesar de estar notificados del acto, lo harán en el término de tres (3) días a partir de la fecha de la realización del mismo. Si no hubieran sido notificados de la realización del acto, deberán reclamar dentro de los tres (3) días de conocerlo. La instancia de oposición deberá describir, bajo pena de inadmisibilidad, la actividad procesal defectuosa y proponer la solución que corresponda. El Juez o Tribunal resolverá por auto fundado, previa vista a los interesados, en el término de tres (3) días.

SUBSANACIÓN. La actividad procesal defectuosa deberá ser inmediatamente subsanada, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición de parte.

CONVALIDACIÓN. La actividad procesal defectuosa quedará convalidada en los siguientes casos: 1) Cuando el Fiscal o las partes no la protesten o reclamen oportunamente su subsanación; 2) Cuando el que tenga interés, haya aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto; y 3) Si no obstante su irregularidad, el acto hubiese conseguido su fin respecto de todos los interesados.

PROHIBICIÓN DE RETROTRAER. No se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores bajo pretexto de renovación del acto, rectificación

de errores o cumplimiento de actos omitidos, salvo los casos de los artículos 295 y 400.

DEFECTOS ABSOLUTOS. No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos, aún de oficio, los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.

DECLARACIÓN DE INVALIDEZ. En los casos que no fuere posible subsanar el defecto ni se haya producido la convalidación, el Juez deberá declarar la invalidez del acto, por auto fundado, o señalar expresamente, en la decisión judicial, el acto invalidado. La invalidez declarada se extiende a todos los efectos del mismo o a los actos consecutivos que de él dependan.

REGLA GENERAL. Además de las oportunidades expresamente previstas en la ley, el imputado tendrá derecho a declarar oralmente o por escrito cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca como un medio dilatorio del proceso. En la etapa preparatoria, la declaración se llevará a cabo ante el Fiscal encargado de ella; si el imputado estuviera detenido, el acto se cumplirá inmediatamente, o a más tardar en el término de veinticuatro (24) horas, en ambos supuestos desde que se hizo efectiva la detención. Este término podrá prorrogarse por otro tanto cuando el Fiscal no hubiere podido recibirle declaración o cuando lo solicite el imputado para designar defensor. Deberá notificarse previamente del acto al defensor.

ASISTENCIA. A la declaración del imputado en la etapa preparatoria sólo podrá asistir su defensor. Aquél será informado de este derecho antes de todo interrogatorio, pero podrá declarar sin su presencia, siempre que manifestara expresamente su voluntad en tal sentido.

LIBERTAD DE DECLARAR. El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inobservancia de este precepto hará ineficaz el acto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda.

INTERROGATORIO DE IDENTIFICACIÓN. Después de proceder conforme a lo dispuesto en el Artículo 261, se invitará al imputado a dar su nombre y apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio; si sabe leer y escribir, nombre, si ha sido procesado con anterioridad y, en su caso, por qué causa, por qué organismo judicial, qué sentencia recayó y si ella fue cumplida, así como todo otro dato que sirva para su identificación.

FORMALIDADES PREVIAS. Terminado el interrogatorio de identificación se informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atri- 63 -

buye no pudiendo ser suplido ello por fórmulas genéricas, cuáles son las pruebas existentes en su contra, y que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en el acta. Si se rehusare a suscribirla, se consignará el motivo.

FORMA DE LA DECLARACIÓN. Si el imputado no se opusiere a declarar, se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar, si la declaración correspondiera a la etapa de la Investigación Fiscal Preparatoria, las pruebas que estime oportunas. Salvo que aquél prefiera dictar su declaración, se la hará constar fielmente; en lo posible, con sus mismas palabras. Después de esto, se le podrán formular las preguntas que se estimen convenientes en forma clara y precisa; nunca capciosa o sugestiva. El declarante podrá dictar las respuestas. Los defensores tendrán los derechos y facultades que acuerda el artículo 263. Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.

ACTA. Concluida la declaración prestada durante la Investigación Fiscal Preparatoria, el acta será leída por el imputado y su defensor. Cuando el declarante quiera añadir o enmendar algo, sus manifestaciones serán consignadas sin alterar lo escrito. El acta será suscrita por todos los presentes. Si alguno de ellos no pudiera o no quisiere hacerlo, esto se hará constar y no afectará la validez de aquélla. Al imputado le asiste el derecho de rubricar todas las fojas de su declaración por sí o por su defensor.

DECLARACIONES SEPARADAS. Cuando hubiere varios imputados en la misma causa, las declaraciones se recibirán en forma separada y sucesiva, evitando que ellos se comuniquen entre sí antes de que todos hayan declarado.

PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS. El imputado y su defensor

podrán proponer, durante la Investigación Fiscal, diligencias al Ministerio Público Fiscal, quien las realizará sólo si, a su juicio resultan pertinentes y útiles para la averiguación del caso. Si no se le hiciere lugar a lo solicitado podrán formular nuevamente la petición en el momento procesal previsto por el artículo 290.

RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD. La libertad personal sólo podrá ser restringida de acuerdo con las disposiciones de este Código en los límites absolutamente indispensables para impedir la obstaculización del desarrollo de la investigación y asegurar la aplicación de la ley, la que deberá discutirse en audiencia oral, cuando el imputado se encuentre en condiciones de comparecer inmediatamente. El arresto o la detención se ejecutarán de modo que afecten mínimamente a la persona y su reputación. Se le comunicará, asimismo, la razón de la medida, el lugar donde serán conducidos, el juez y el Fiscal interviniente. Se labrará acta de todo lo actuado.

PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA. La persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá pedir audiencia ante la autoridad judicial competente solicitando ser escuchado y que se mantenga su plena libertad.

ARRESTO. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieren participado varias personas, no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para el éxito de la misma, se podrá disponer que los presentes no se ale- 65 -

jen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de prestar declaración, y aún ordenar el arresto si fuera indispensable, sujeto a inmediata revisión del Juez de Control. Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza. En ningún caso el arresto durará más de veinticuatro (24) horas. Vencido este término podrá ordenarse, si fuere el caso, la detención del presunto imputado.

CITACIÓN. La comparecencia del imputado se dispondrá por simple citación, salvo los casos de flagrancia y lo previsto en el artículo siguiente. Si el citado no se presentare en el término que se le fije, ni justificará un impedimento legítimo se ordenará su detención.

DETENCIÓN. Cuando hubiere motivos fundados para sospechar que una persona ha participado de un delito y fuera procedente recibirle declaración, el Juez de Control, a solicitud del Fiscal, librará orden de detención contra la misma, siempre que concurran los supuestos previstos en el tercer párrafo del artículo 244. La orden será escrita, contendrá los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye. Será notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después. Efectivizada la medida, el imputado será puesto a disposición conjunta del Juez de Control y el Fiscal interviniente. En supuestos de urgencia, la medida podrá ser adoptada por el Fiscal, quien pondrá en conocimiento de ella, en forma inmediata, al Juez de Control.

DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL. Los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener aún sin orden judicial: 1) Al que intentara un delito, en el momento de disponerse a cometerlo; 2) Al que fugare, estando legalmente detenido; 3) A la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, a partir de la existencia de una información razonablemente fidedigna, que posibilite la revisión judicial en el momento previsto por el artículo 240; y 4) A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad.

FLAGRANCIA. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

PRESENTACIÓN DEL DETENIDO. El funcionario o auxiliar de la policía que haya practicado una detención sin orden judicial, deberá presentar inmediatamente al detenido ante la autoridad judicial competente.

DETENCIÓN POR UN PARTICULAR. En los casos previstos en los incisos 1), 2) y 4) del artículo 238, los particulares están facultados para practicar la detención, debiendo entregar inmediatamente el detenido a la autoridad policial.

RECUPERACIÓN DE LA LIBERTAD. En los casos de aprehensión en flagrancia o detención, el Juez de Control dispondrá la libertad del imputado, cuando: 1) Con arreglo al hecho que apareciera ejecutado, hubiere correspondido proceder por simple citación; y 2) La privación de la libertad hubiere sido dispuesta fuera de los supuestos autorizados en este Código.

PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDENCIA. Siempre que existieren elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, previo requerimiento fundado del Ministerio Público Fiscal o del querellante particular, se ordenará su prisión preventiva cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

FORMA. REQUISITOS. DURACIÓN. La aplicación de la medida cautelar indicada deberá decidirse en audiencia oral donde primeramente alegarán las partes y luego el Juez resolverá lo que corresponda. La resolución deberá contener los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una sucinta enunciación de los hechos; los fundamentos de la decisión; la calificación legal del hecho, con citas de las disposiciones aplicables y la parte resolutiva.

Al momento de fundamentarla, el Juez deberá analizar la existencia de una presunción razonable, tomando en consideración las circunstancias particulares de cada caso, acerca de que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizará la acción de la justicia en el desarrollo del proceso (peligro de obstaculización).La prisión preventiva podrá establecerse por plazos o hasta la finalización del proceso, conforme los peligros procesales indicados. La prisión preventiva no podrá durar más de dos (2) años, conforme lo dispuesto en el artículo 150. Vencidos estos plazos no se podrá dictar una nueva medida privativa de la libertad. El auto que imponga esta medida de coerción será impugnable.

PELIGRO DE FUGA. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 1) Arraigo, determinado por el domicilio real, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajos; 2) La pena que se espera como resultado del proceso; 3) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y 4) La posibilidad cierta de ausentarse del país o permanecer oculto.

PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para el desarrollo del proceso se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 1) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará los elementos de prueba; 2) Influirá para que coimputados, peritos o testigos informen falsamente o se comporten de manera reticente; 3) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos; y 4) Persistirá en su accionar respecto de la víctima.

SUSTITUCIÓN. Siempre que el peligro de fuga o la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse por aplicación de otra medida de coerción menos gravosa, el Tribunal competente, deberán imponerle al imputado en lugar de la prisión preventiva alguna de las alternativas siguientes:

1) Arresto domiciliario, sin vigilancia alguna o con la que el Juez o Tribunal disponga; 2) Obligación de someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, la que informará periódicamente; 3) Obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o Tribunal, o autoridad que éstos designen, fijándose día y hora, teniendo en cuenta la actividad laboral y la residencia del imputado; 4) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Tribunal, sin autorización o de asistir a determinados lugares; y 5) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que ello no afecte el derecho de defensa. El Juez o Tribunal podrá imponer una sola de estas alternativas o combinar varias de ellas, pero en ningún caso se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. Ante el incumplimiento de cualquiera de las medidas sustitutivas, se hará efectiva la prisión preventiva.

En las causas por infracción a los artículos 84 y 94 del Código Penal, cuando las lesiones o muerte sean consecuencia del uso de vehículos y cuando las circunstancias del hecho indiquen un desprecio por la vida en una conducción imprudente o negligente, el Juez de Control o Tribunal Competente, a pedido del Fiscal o parte querellante, podrán inhabilitar provisoriamente al imputado para conducir, reteniéndole al efecto la licencia habilitante y comunicando la resolución a los Registros Nacional y Provincial de Antecedentes de Tránsito. La medida podrá ser objeto de recurso de impugnación. El período efectivo de inhabilitación provisoria puede ser computado para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación sólo si el imputado aprobare un curso de los contemplados en el artículo 83, inciso d) de la Ley Nº 24449.

ACTA. Previo a la ejecución de las medidas enunciadas en el artículo precedente, se labrará un acta, en la que constará: 1) La notificación al imputado;

2) La constitución de domicilio real donde cumplirá el arresto domiciliario; 3) La constitución de un domicilio especial para recibir notificaciones, dentro del radio del Tribunal; y 4) La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones que le sean practicadas. En el acta constarán asimismo, las consecuencias de la incomparecencia del imputado.

TRÁMITE DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL. Todo lo referente a la detención, prisión preventiva e internación provisional se tramitará por audiencia y en forma incidental.

MENORES. Las disposiciones sobre la prisión preventiva no regirán con respecto a los menores de dieciocho (18) años, siéndoles aplicables las correspondientes normas de su legislación específica.

INTERNACIÓN PROVISIONAL. El Juez de Control, a pedido de parte, podrá ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial, cuando a los requisitos de la prisión preventiva se agregaren los específicos que autorizan a disponer tal medida, en base a las disposiciones específicas en materia de salud mental.

CAUCIÓN. Las medidas alternativas a la prisión preventiva previstas en el artículo 247 se concederán bajo caución juratoria, que consistirá en la promesa jurada del imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el Juez y someterse, en su caso, a la ejecución de la sentencia condenatoria; bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio otorgado.

CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. La prisión preventiva podrá cesar: 1) Cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida; 2) No mediando sentencia se estime, en principio, que el período de privación de libertad ha agotado la pena que podría corresponder en el supuesto de condena;

3) El período de privación de libertad permite estimar, en principio, que de haber existido condena hubiera podido obtener la libertad condicional; y 4) La sentencia no firme, imponga pena que permitiría obtener la libertad condicional. En los supuestos de los incisos 3) y 4), deberá contarse previamente, con el informe del establecimiento carcelario que se requiere para la procedencia de la libertad condicional.

EXAMEN A PEDIDO DEL IMPUTADO O DEL MINISTERIO

PÚBLICO FISCAL. El imputado y su defensor podrán provocar el reexamen de la prisión preventiva, de la internación o de cualquier otra medida de coerción que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. El Ministerio Público Fiscal y el querellante particular, a quienes le hubiere sido rechazada una orden de detención (artículo 237) o de prisión (artículo 243), o cuando hubiere sido ordenada una medida de coerción distinta sin su conformidad, podrán provocar el reexamen en cualquier momento del procedimiento.

INCOMUNICACIÓN. El Juez de Control, a pedido del Ministerio Público Fiscal, podrá ordenar la incomunicación del imputado privado de libertad, por un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, sólo cuando existan motivos graves para temer que el imputado, de otra manera, obstaculizará el desarrollo del proceso; esos motivos constarán en la resolución. Sin embargo, ello no impedirá que el imputado se comunique privadamente con su defensor inmediatamente antes de comenzar su declaración o antes de la realización de cualquier acto que requiera su intervención personal. El Ministerio Público Fiscal podrá disponer la incomunicación del aprehendido sólo por el plazo necesario para gestionar la orden judicial, la cual no excederá de doce (12) horas.

FINALIDAD. FORMALIZACIÓN. La Investigación Fiscal Preparatoria tendrá por finalidad: 1) Recolectar elementos probatorios que posibiliten fundamentar tanto la acusación como el pedido de sobreseimiento; y 2) Comprobar la extensión del daño causado por el delito. La formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria es la comunicación que el Fiscal efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados, y su probable calificación legal. El Ministerio Público Fiscal podrá formalizar la investigación cuando lo considere oportuno, excepto que debiera solicitar al juez de Control la producción de la prueba jurisdiccional del artículo 264. Será necesario formalizar la investigación cuando se pretenda la imposición de alguna medida de coerción, en cuyo caso deberá solicitarla en esa oportunidad si no lo hubiere hecho con anterioridad. La formalización se llevará a cabo en audiencia pública, en la cual el juez de Control otorgará la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal, quien primeramente expondrá el o los hechos atribuidos al imputado, formulando con posterioridad sus demás peticiones. También se otorgará la palabra al querellante particular. A continuación, se le dará vista de las pretensiones del Ministerio Público Fiscal al imputado y a su defensor, quienes a su vez formularán las peticiones que estimen procedentes. El juez de Control resolverá lo que corresponda, respecto de los planteos formulados por las partes.

ÓRGANO ACTUANTE. LEGAJO DE INVESTIGACIÓN. La Investigación Fiscal Preparatoria estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, según las disposiciones de la presente ley y la reglamentación que se dicte, debiendo el

Fiscal designado proceder directa e inmediatamente a la investigación de los hechos. En esta tarea, será secundado por Fiscales Adjuntos, quienes colaborarán en la investigación y podrán realizar todas las actividades del Fiscal, salvo el pedido de pena en el juicio oral. El Ministerio Público Fiscal formará un legajo de toda la investigación preparatoria, el cual tendrá como única finalidad servir para la preparación de la acusación o solicitar el sobreseimiento. Dichas actuaciones, que podrán llevarse adelante sin observancia de formalidad, no tendrán valor probatorio alguno al momento de dictar sentencia, excepto la producida como anticipo de prueba, o las que se permiten introducir al debate por lectura.

INICIACIÓN. DESESTIMACIÓN. La Investigación Fiscal Preparatoria podrá iniciarse por denuncia, por decisión del Ministerio Público Fiscal, o por prevención o información policial. Si el hecho imputado manifiestamente no constituye delito, el Ministerio Público Fiscal desestimará las actuaciones por decreto fundado. De ello se notificará al querellante o a la víctima, aún cuando no hubiese adquirido aquella calidad y en los casos en que fuese localizable. Podrán deducir oposición en el término de cinco (5) días. En tal caso, se remitirán las actuaciones al Fiscal General a fin de resolver la incidencia. En el supuesto que éste no estuviese de acuerdo con la desestimación o requiera de alguna prueba para decidir al respecto, deberá ordenar proseguir con la investigación. La decisión de aquél, por decreto fundado, será irrecurrible, sin perjuicio de la continuación del proceso para el caso del ejercicio de la acción autónoma por parte de la víctima querellante.

RESERVA DE LAS ACTUACIONES. Si no fuere posible individualizar a los autores o partícipes del delito, el Ministerio Público Fiscal dispondrá la reserva y archivo de las actuaciones procediendo conforme el artículo 287, hasta tanto se logren elementos que posibiliten dilucidar la autoría del hecho investigado. De igual forma se podrá proceder en la Investigación Fiscal Preparatoria respecto de los declarados rebeldes para el caso de resultar ineludible su presencia a los fines del proceso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85, primer párrafo.

DEFENSOR Y DOMICILIO. En la primera oportunidad, pero en todo caso antes de su declaración, el órgano interviniente invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, procederá conforme al artículo 99. El defensor podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente antes de llevarse a cabo su declaración. En el mismo acto, cuando el imputado estuviera en libertad, deberá fijar domicilio especial para recibir notificaciones sobre el proceso dentro del radio que determine la reglamentación. Si el imputado no pudiere constituir domicilio especial dentro del radio del tribunal, se fijará de oficio en el domicilio electrónico de su defensor, allí se dirigirán las notificaciones. En ese caso, el defensor y el imputado, de común acuerdo, establecerán la forma de comunicarse entre ellos.

PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS. Las partes podrán proponer diligencias. El Ministerio Público Fiscal las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. Si su opinión fuere contraria a la realización de la medida solicitada dejará constancia debidamente fundada de ello, a los efectos que posteriormente correspondan. En el ejercicio de la defensa el defensor y el letrado del querellante particular sin necesidad de petición al Ministerio Público Fiscal podrán, a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad requerir informes con su firma a personas físicas o jurídicas, bancos, archivos, registros públicos o privados y a toda otra repartición o entidad en relación al proceso en el cual intervenga. En el oficio deberá indicarse el legajo en el cual se utilizará la información y el carácter de quien lo solicita. La negativa a responder por parte del requerido podrá ser puesta en conocimiento del Fiscal a fin que el mismo resuelva sobre el diligenciamiento de la prueba.

DERECHO DE ASISTENCIA Y FACULTAD JUDICIAL. Los defensores y letrados de las partes tendrán derecho a asistir únicamente a los actos que se practiquen atento lo previsto por el Artículo 264, con excepción de los registros domiciliarios. Se podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido, en los mismos actos, cuando sea útil para esclarecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto.

Si el imputado no estuviere individualizado, o estándolo no hubiere dado todavía cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 96, se le designará a un representante letrado del Ministerio Público de la Defensa, al solo efecto de ejercer la posibilidad prevista en este artículo.

PRUEBA JURISDICCIONAL. El Ministerio Público Fiscal y las demás partes podrán solicitar al juez de Control la producción de prueba jurisdiccional en los siguientes supuestos: 1) Si se tratare de un acto definitivo e irreproducible; 2) Cuando se trate de un testigo que, debido a razones de salud o de residencia en el extranjero, se presuma que no podrá concurrir al debate; y 3) Cuando existiera alguna otra razón que, teniendo en consideración el transcurso del tiempo, pueda dificultar la conservación de la prueba. El juez de Control resolverá sin sustanciación. Si hace lugar, ordenará la realización de la medida con notificación a todas las partes. No será necesaria la formalización para la petición de la prueba.

CASOS URGENTES. Cuando alguno de los actos previstos en el artículo anterior sea de extrema urgencia, el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor, podrán requerir, aun verbalmente, la intervención del Juez de Control; éste las practicará con prescindencia de las notificaciones previstas en el artículo anterior. En el acta se dejará constancia detallada de los motivos que determinaron la resolución.

DEBERES DE LOS ASISTENTES. Los defensores y letrados de las partes que asistan a los actos de la Investigación Fiscal Preparatoria previstos por el artículo 264 no podrán hacer signos de aprobación o desaprobación, y en ningún caso tomarán la palabra sin expresa autorización del Juez de Control. En este caso podrán proponer medidas, formular preguntas, hacer las observaciones que estimen pertinentes o pedir que se haga constar cualquier irregularidad.

CARÁCTER DE LAS ACTUACIONES. Todos los actos de la Investigación Fiscal Preparatoria serán secretos para los extraños, con excepción de los derechos concedidos a la víctima en el presente Código. El Fiscal deberá autorizar el acceso al legajo virtual y a los elementos secuestrados a las demás par- 75 -

tes, cuando así éstas se lo soliciten, en cualquier momento de esta etapa procesal. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal podrá solicitar al Juez de Control el secreto de las actuaciones insertas en el legajo, el que lo ordenará por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el desarrollo de la investigación. La reserva no podrá durar más de diez (10) días y será decretada una sola vez. No obstante ello, podrá decretarse nuevamente si aparecieron otros imputados.

DURACIÓN. La Investigación Fiscal Preparatoria deberá practicarse en el término establecido en el artículo 147, computado de acuerdo a las reglas del artículo 148.

PRORROGA. Si el plazo establecido no resultara suficiente, las partes podrán solicitar su prórroga por seis (6) meses corridos, la cual será dispuesta por resolución jurisdiccional y con fundamento en las causales establecidas en el artículo 147.

SOBRESEIMIENTO. Cuando el Ministerio Público Fiscal estime que no existe fundamento para formular acusación, requerirá su sobreseimiento, el que será notificado a todas las partes automáticamente y a la víctima. Con dicho requerimiento remitirá al Juez de Control el legajo de la investigación y los medios materiales que tuviera en su poder. Con la solicitud de sobreseimiento se iniciará el expediente principal.

TRÁMITE. Cuando se requiera el sobreseimiento, el Juez de Control corroborará que se encuentre debidamente notificada la víctima. Si las partes o la víctima, en un término de tres (3) días desde su notificación no formularen oposición al pedido de sobreseimiento, el Juez procederá a su dictado. Ante la simple oposición de las partes o la víctima al pedido de sobreseimiento, el Juez convocará a una audiencia en un término no superior a diez (10) días, de laque serán notificadas todas las partes y la víctima. El Juez decidirá resolverá sin más trámite en la misma audiencia, previo haber escuchado a los convocados que hayan asistido.

PROCEDENCIA. El sobreseimiento procederá cuando: 1) La acción penal se ha extinguido; 2) El hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado; 3) El hecho investigado no encuadra en una figura penal; y 4) Media causa de inimputabilidad, exculpación o justificación o una excusa absolutoria.

En los supuestos de los incisos 2) y 3), el juez de Control hará la declaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el imputado.

FORMA. ALCANCE. El sobreseimiento se dispondrá por auto, en la que se analizarán las causales, siempre que fuere posible, en el orden dispuesto por el artículo anterior. El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, impidiendo una nueva persecución penal contra él por el mismo hecho.

CONCILIACIÓN. Si el Fiscal considera que procede la extinción de la acción penal por reparación del daño, solicitará al Juez de Control que disponga una audiencia de conciliación. Éste convocará a las partes dentro de los cinco (5) días. Quien estime necesario producir prueba tendrá la carga de presentarla en la audiencia. Cuando se encuentren comprometidos intereses patrimoniales del Estado Provincial o Municipal, se notificará al representante legal. Si existiere conciliación se procederá atento lo dispuesto por el artículo 15 y siguientes. Se excluyen los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o en razón de ellas.

ARCHIVO. Cuando no se haya individualizado al autor o partícipe de un ilícito, o cuando exista una incapacidad sobreviniente prolongada o si es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción suficientes, o cuando por otras razones no se pueda proceder, el Ministerio Público Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento en relación a otros imputados si los hubiere. Notificará el archivo al querellante o a la víctima, aun cuando no hubiere adquirido esa condición, quienes podrán oponerse ante el Fiscal General en el término de cinco (5) días, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado. El Fiscal General podrá confirmar o revocar la decisión por decreto fundado. La decisión de aquél será irrecurrible, sin perjuicio de la continuación del proceso para el caso del ejercicio de la

acción autónoma por parte de la víctima querellante o cuando el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza, continuando el proceso según su estado.

ACUSACIÓN. Si el Fiscal o el querellante particular en los supuestos de conversión de la acción, estimaren que la investigación proporciona fundamentos suficientes para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al Juez de Control la decisión de apertura a juicio.

CONTENIDO. La acusación deberá contener los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos de la acusación y la calificación legal. El Fiscal podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias del hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura penal distinta, para el caso que no resultaron demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal. En ningún caso el Fiscal producirá la acusación sin haber oído previamente al imputado. No obstante ello, si considera que no es necesario escucharlo personalmente, bastara con concederle la oportunidad de pronunciarse por escrito, sin perjuicio del derecho del imputado a ser oído. El Fiscal deberá ofrecer la prueba que va utilizar en el debate, conforme a su teoría del caso. Al ofrecerse la prueba se presentará por separado la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, ocupación y domicilio. También deberá ofrecerse la documental, acompañando copia o indicando dónde se encuentra para su compulsa. La Oficina Judicial notificará la acusación y el ofrecimiento de prueba al imputado y su defensor, al querellante particular, y a la parte querellante. Si no hubiera querellante particular constituido se notificará a la víctima. El legajo de investigación fiscal estará dentro de la plataforma de gestión de legajos penales a disposición de las partes por el plazo de cinco (5) días.

QUERELLANTE PARTICULAR. En el plazo establecido en el artículo anterior podrá la víctima solicitar su constitución en querellante particular y la Secretaría de la Mujer podrá hacerlo como parte querellante. El Ministerio Público Fiscal y el imputado podrán oponerse a la constitución de querellante particular en el plazo de tres (3) días a partir de la notificación de tal solicitud.

FACULTADES DEL QUERELLANTE. Dentro de los cinco (5) días de admitida su constitución como querellante particular, éste podrá: 1) Adherir a la acusación del Ministerio Público Fiscal exponiendo sus propios fundamentos, o manifestar que no acusará; 2) Presentar una acusación autónoma que deberá reunir todos los requisitos que le son exigidos al Ministerio Público Fiscal; 3) Objetar la acusación del Ministerio Público Fiscal porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés penal, requiriendo su ampliación o corrección; 4) Deducir las excepciones y plantear las oposiciones que estime corresponder; y 5) Ofrecer la prueba que utilizará en el debate, conforme a su teoría del caso. Al ofrecerse la prueba se presentará por separado la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, ocupación y domicilio. También deberá ofrecerse la documental, acompañando copia o indicando dónde se encuentra para su compulsa.

COMUNICACIÓN A LA DEFENSA. La Oficina Judicial comunicará a la defensa las acusaciones presentadas. En el plazo de cinco (5) días la defensa deberá poner a disposición del Fiscal y del querellante la lista de las pruebas que va a utilizar en el debate, en las mismas condiciones requeridas para los acusadores.

INTERVENCIÓNDEL TRIBUNAL. Recibido el escrito de acusación del Ministerio Público Fiscal y el ofrecimiento de prueba la Oficina Judicial dará intervención al Juez de Control que corresponda.

AUDIENCIA. Recibido el ofrecimiento de prueba la Oficina Judicial convocará a las partes a una audiencia dentro de los cinco (5) días de recibido el ofrecimiento de prueba de la defensa, para debatir y resolver las cuestiones pro- 83 -

pias de esta etapa. Si para ello se justifica producir pruebas, las partes la ofrecerán en la misma audiencia y tendrán a su cargo la presentación. De ser necesario podrán requerir el auxilio judicial. Al inicio de la audiencia la Fiscalía y la querella explicarán la acusación y proporcionarán los fundamentos. La defensa podrá objetar la acusación por defectos formales, solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa, oponer excepciones o solicitar el saneamiento o la declaración de invalidez de un acto. También podrá proponer una reparación concreta, procedimiento abreviado o salida alternativa que sea procedente. Podrá instar el sobreseimiento, siempre que para ello no deban discutirse cuestiones que son propias del juicio oral. En la audiencia se examinarán los ofrecimientos de prueba, de acuerdo a las reglas de los Artículos siguientes. Antes de la realización del Juicio las partes podrán solicitar al Juez de Control la realización de prueba jurisdiccional conforme las previsiones del artículo 264.

CORRECCIÓN DE VICIOS FORMALES. Cuando el juez concluya que el requerimiento de apertura a juicio adolece de vicios formales, a pedido de parte ordenará que sean subsanados en la misma audiencia. Si no es posible, suspenderá la misma por un plazo no mayor de cinco (5) días para que se efectúen las correcciones. Si no se subsanaren los vicios, se tendrá la acusación como no presentada. En tal caso procederá el sobreseimiento definitivo, salvo que el caso pueda continuar con otra acusación Si se trata de la acusación del Fiscal continuará solo con el querellante, conforme las reglas de la conversión de la acción.

LIBERTAD PROBATORIA. Podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba, aun los no regulados en este Código, en tanto no se afecten derechos ni garantías constitucionales. Las formas de admisión y producción se adecuarán al medio de prueba que resulte más acorde a los previstos en este Código.

ADMISIBILIDAD Y CONVENCIONES PROBATORIAS. Es admisible la prueba que se refiera directa o indirectamente al objeto de la investigación y

resulte útil para descubrir la verdad. Podrán limitarse los medios de prueba ofrecidos, cuando ellos resulten manifiestamente sobreabundantes. Podrán realizarse acuerdos parciales sobre la existencia del hecho y las pruebas que lo acreditan, difiriendo para el juicio la discusión sobre la calificación legaly la sanción. Cada parte podrá formular solicitudes y planteamientos con relación a las pruebas ofrecidas por los demás. Las partes también podrán solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio.

DECISIÓN. Oídas las exposiciones de las partes, el juez decidirá todas las cuestiones planteadas. Si la complejidad de aquéllas lo amerita, se podrá disponer un cuarto intermedio de no más de cuarenta y ocho (48) horas para que el juez informe a las partes su decisión y los fundamentos de la misma. El juez también examinará los ofrecimientos probatorios y planteos que con ellos se vinculen, ordenando la admisión o rechazo de las pruebas y de las convenciones probatorias. Sólo podrán ser excluidas las manifiestamente impertinentes, por ser notoriamente ajenas al objeto procesal, sobreabundantes y las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios. El juez excluirá las pruebas que provengan de actuaciones declaradas inválidas y las que se hubieren obtenido con inobservancia de las garantías fundamentales. Lo resuelto será irrecurrible, sin perjuicio de hacer reserva de impugnación de la sentencia.

APERTURA A JUICIO. Si el juez dispone la apertura a juicio, resolverá sobre las siguientes cuestiones: 1) Citación a juicio de las partes, la cual interrumpirá la prescripción de la acción; 2) Sobre el tribunal unipersonal o colegiado que intervendrá en el juicio oral; 3) La acusación admitida; 4) Los hechos que se dieron por acreditados en virtud de las convenciones probatorias; y 5) Las pruebas que se admiten para su producción en el juicio. El juez también ordenará la remisión a la Oficina Judicial del auto de apertura a juicio y las evidencias y documentos admitidos, los cuales estarán previamente

incorporados por las partes al legajo electrónico. Las demás constancias que las partes hubieren acompañado durante el procedimiento no se incorporaran al legajo electrónico como prueba. El auto de apertura se documentará en un acta donde solo constará la fecha de citación a juicio, el tribunal interviniente, una relación brevísima de los hechos materia del juicio, la figura legal aplicable las convenciones probatorias y el listado de pruebas a producir en el juicio.

PROCEDIMIENTO INTERMEDIO ABREVIADO. Las partes podrán convenir, por escrito, abreviar el procedimiento intermedio presentando al Juez de Control un acuerdo con los datos de los acusados, los hechos que serán materia del juicio, la figura legal aplicable, las convenciones probatorias y el listado de pruebas a producir en el juicio. El acuerdo deberá constar con la conformidad de la víctima, se encuentre o no constituida como querellante particular. El Juez, sin audiencia, deberá homologar el acuerdo y dictar auto de apertura conforme a las exigencias del artículo anterior.

REGLAS GENERALES. Las resoluciones judiciales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. El derecho de impugnar corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere interés directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, aquél pertenecerá a todos.

ADHESIÓN. El que tenga derecho a impugnar podrá adherir dentro del plazo de notificación de la impugnación interpuesta por otra parte, siempre que exprese, bajo sanción de inadmisibilidad, los motivos en que se funda.

IMPUGNACIONES DURANTE EL JUICIO. Durante el juicio sólo se podrá deducir reposición, la que será resuelta en la etapa preliminar, sin trámite; en el debate, sin suspender la audiencia. Su interposición se entenderá también como reserva de impugnar la sentencia. Cuando la sentencia sea inimpugnable, también lo será la resolución impugnada.

EFECTO EXTENSIVO. Cuando en un proceso hubiere varios imputados, las impugnaciones interpuestas por uno de ellos, favorecerán a los demás, siempre que los motivos en que se basen no sean exclusivamente personales.

EFECTO SUSPENSIVO. Los recursos tendrán efectos suspensivos. El dictado de medidas de coerción y/o cautelares y los recursos extraordinarios no suspenderán los efectos, salvo que en el análisis de admisibilidad se disponga lo contrario. A estos fines serán considerados recursos extraordinarios el de casación, el recurso extraordinario federal y la acción de revisión.

DESISTIMIENTO. Las partes podrán desistir de las impugnaciones interpuestas por ellas o sus defensores, sin perjudicar a los demás, pero soportarán las costas.

Los defensores no podrán desistir de las impugnaciones interpuestas sin presentar mandato expreso de su asistido. El Ministerio Público Fiscal podrá desistir de sus impugnaciones, incluso, si las hubiere interpuesto un representante de grado inferior.

JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA. La impugnación

atribuirá al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos. Las impugnaciones interpuestas por el Ministerio Público Fiscal permitirán modificar o revocar la resolución.

REFORMA EN PERJUICIO. Cuando la sentencia hubiere sido impugnada solamente por el imputado o a su favor, no podrá ser modificada en su perjuicio.

PROCEDENCIA. La reposición procederá contra los autos dictados sin sustanciación, a fin de que el mismo Tribunal que los dictó los revoque por contrario imperio.

TRÁMITE. EFECTOS. Esta impugnación se interpondrá dentro del tercer día, por escrito que lo fundamente. El Tribunal resolverá por auto, previa vista a los interesados con la salvedad del artículo 379, primer párrafo. La resolución que recaiga hará ejecutoria.

PROCEDENCIA. La casación podrá ser interpuesta cuando: 1) Se alegue la inobservancia de un precepto constitucional; 2) Se alegue inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; y 3) Se alegue que la sentencia o la resolución es arbitraria, en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

RESOLUCIONES IMPUGNABLES. Sólo podrá deducirse esta impugnación contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Impugnación Penal y contra aquellas resoluciones que causen un agravio de imposible reparación ulterior.

PROCEDIMIENTO. Serán aplicables las disposiciones del Título anterior relativas al procedimiento, a la forma de redactar la sentencia, y lo dispuesto por los artículos 399, 400, 401 y 402.

El Superior Tribunal de Justicia podrá fijar una audiencia cuando lo considere de relevancia a fin de que las partes informen verbalmente.

PROCEDENCIA. La acción de revisión procederá en todo tiempo y a favor del condenado o de aquél a quien se le hubiera impuesto una medida de seguridad, contra las sentencias firmes, cuando: 1) Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable; 2) La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documenta lo testifical cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable; 3) La sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito, cuya existencia hubiese sido declarada en fallo posterior irrevocable; 4) Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, o que el hecho cometido encuadra en una ley penal más benigna; 5) Corresponde aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia; y 6) Si la sentencia se funda en una interpretación de la ley que sea más gravosa que la sostenida por el Superior Tribunal de Justicia, al momento de su interposición.

OBJETO. La acción tenderá siempre a demostrar la inexistencia del hecho, o que el condenado no lo cometió, o que falta totalmente la prueba en que se basó la condena, salvo que se funde en la última parte del inciso 4°), en el inciso 5°), o en el inciso 6°) del artículo anterior.

PERSONAS QUE PUEDEN DEDUCIRLO. Podrán deducir la revisión: 1) El condenado o su defensor; si fuere incapaz sus representantes legales; o si hubiere fallecido o estuviese ausente con presunción de fallecimiento, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos; y

2) El Ministerio Público Fiscal.

INTERPOSICIÓN. La acción de revisión será interpuesta ante el Superior Tribunal de Justicia, personalmente o mediante defensor, por escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. En los casos previstos en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 412, se acompañará copia de la sentencia pertinente, pero cuando en el supuesto del inciso 3) de ese artículo la acción penal estuviere extinguida o no se puede proseguir, el accionante deberá indicar las pruebas demostrativas del delito del que se trate.

PROCEDIMIENTO. En el trámite de la acción de revisión se observarán las reglas establecidas para la impugnación de sentencia, en cuanto sean aplicables; el Tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que crea útiles, y delegar su ejecución en alguno de sus miembros.

EFECTO SUSPENSIVO. Antes de resolver la acción, el Tribunal podrá suspender la ejecución de la sentencia y disponer la libertad del condenado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción.

SENTENCIA. Al pronunciarse sobre la acción interpuesta, el Tribunal podrá anular la sentencia, remitiendo a nuevo juicio, cuando el caso lo requiera, o pronunciando directamente la sentencia definitiva.

NUEVO JUICIO. Si se remitiere un hecho a nuevo juicio, en éste no intervendrán los magistrados que conocieron en el anterior. En la nueva causa no se podrá absolver por efecto de una nueva apreciación de los mismos hechos del primer proceso, con prescindencia de los motivos que hicieron admisible la revisión.

EFECTOS CIVILES. Cuando la sentencia sea absolutoria, además de disponerse la inmediata libertad del condenado y el cese de toda interdicción, deberá ordenarse la restitución de la suma pagada en concepto de pena, la cesación de la inhabilitación y se practicará un nuevo cómputo.

REVISIÓN DESESTIMADA. El rechazo de laacción de revisión no perjudicará el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos distintos, pero las costas de una acción desechada serán siempre a cargo de la parte que la interpuso.

TRÁMITE EN EJECUCIÓN – PRINCIPIO GENERAL. Los incidentes relativos a las salidas o libertades anticipadas, sus sanciones, suspensiones o revocaciones, sustituciones o modificación de la modalidad de cumplimiento de la pena, serán planteados ante el tribunal de ejecución por el Ministerio Público Fiscal, el condenado o su defensor y serán resueltas en audiencia oral, previa intervención de las partes. Si el juez lo estimare conveniente podrá resolver por escrito en un plazo máximo de cinco (5) días de cerrada la audiencia. El mismo procedimiento oral se utilizará en aquellos otros casos que por su importancia el juez o las partes estimen conveniente resolverse de ese modo. Contra la resolución sólo procederá el recurso de impugnación de conformidad a las disposiciones que lo regulan. Este recurso no suspenderá la ejecución de la decisión a menos que así lo disponga el Juez de Ejecución.

VICTIMA. La víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir sobre la incorporación de la persona condenada a.- salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención y libertad asistida.

NOTIFICACIONES. Las notificaciones deberán ser cursadas al

domicilio fijado al momento del dictado de la sentencia, oportunidad en la que manifestará su voluntad de ser informada acerca de los planteos referidos en el artículo que antecede. En caso contrario, podrá hacerlo en cualquier momento posterior, debiendo para ello dirigirse al tribunal de ejecución manifestado interés en ese sentido y fijando un domicilio.

QUERELLANTE. El querellante particular podrá intervenir en la etapa de ejecución de pena, bajo las mismas condiciones establecidas en el Capítulo III del Título IV del Libro I.

SENTENCIA ABSOLUTORIA. La sentencia absolutoria será ejecutada inmediatamente por el Tribunal que la dictó, aunque sea recurrible. En este caso, dicho Tribunal practicará las inscripciones y notificaciones correspondientes.

REMISIÓN DE LAS SENTENCIAS – DETENCIÓN. Las sentencias condenatorias firmes serán remitidas inmediatamente por la Oficina Judicial al Juez de Ejecución Penal para su cumplimiento. En dicha oportunidad se informará si la víctima ha hecho manifestación en relación a su derecho de ser informada y la posibilidad de expresar su opinión en los términos de los artículos 93 y 94 y el domicilio fijado. Cuando el condenado a pena privativa de la libertad no estuviera preso, se ordenará su detención, salvo que aquella no exceda de seis (6) meses, en cuyo caso se notificará para que se constituya detenido dentro de los cinco (5) días.

CÓMPUTO. Ejecutable que sea la sentencia, el Juez de Ejecución hará practicar por la Oficina Judicial el cómputo de la pena, fijando la fecha en que finalizará la condena, la mitad de la misma e indicará el momento a partir del cual el condenado podrá solicitar salidas anticipadas, libertad condicional, libertad asistida o su rehabilitación. Para su realización, la Oficina Judicial realizará un informe con los días de detención que haya sufrido el condenado. Efectuado el mismo se notificará a las partes quienes podrán observarlo en el lapso de tres (3) días, vencido el mismo sin que se haya deducido oposición, quedará aprobado. El cómputo será siempre modificable, aun de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo hagan necesario. Si alguna de las partes cuestiona el cómputo, el planteo será debatido ante el juez interviniente.

EJECUCIÓN DIFERIDA. La ejecución de una pena privativa de libertad podrá ser diferida por el Tribunal de Ejecución solamente en los siguientes casos: 1) Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis (6) meses, al momento de la sentencia;

2) Cuando por el estado de salud del condenado, la inmediata ejecución de la pena agravara el mismo o pusiere en peligro su vida, según el dictamen de peritos designados de oficio; y 3) Si el tiempo de prisión preventiva cumplido lo habilitara a solicitar la libertad condicional o la libertad asistida. Cuando cesen las circunstancias previstas en los incisos 1) y 2), la sentencia se ejecutará inmediatamente.

INHABILITACIÓN. Cuando la pena privativa de libertad importara la accesoria del artículo 12 del Código Penal, o se condenara a inhabilitación absoluta o especial, el juez de ejecución ordenará las anotaciones y comunicaciones que correspondan según lo establecido en la sentencia condenatoria. Si no se ha producido durante el debate, dispondrá, en su caso, la entrega de documentos para realizar la actividad temporalmente vedada.

PENA DE MULTA. La multa deberá ser abonada en papel sellado dentro de los diez (10) días desde que la sentencia quedó firme. Vencido ese término, sin que se haya iniciado el procedimiento de pago en cuotas, el Tribunal de ejecución remitirá los antecedentes a la Fiscalía de Estado, quien ejecutará la multa mediante el procedimiento de ejecución de sentencias ante los civiles.

COMUNICACIÓN A LA UNIDAD DE ABORDAJE. El condenado será sometido al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en conflicto con la ley penal, en los términos de la Ley Provincial Nº 2831, a quien se le remitirá copia del instrumento respectivo. Cuando el condenado fijare residencia en otra provincia, la Unidad de Abordaje podrá encomendar la observación a la institución de contralor prevista en la jurisdicción correspondiente u otra Institución pública o privada apta para dicho fin.

INFORMES. En caso de incumplimiento, la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en conflicto con la ley penal remitirá los informes pertinentes al Ministerio Público Fiscal quien hará las peticiones que crea conveniente ante el juez de ejecución.

DETENCIÓN. El juez podrá ordenar, por auto fundado, la detención del condenado que se encuentra en salidas transitorias; régimen de semili- 121 -

bertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención, libertad asistida, o condena de ejecución condicional hasta que se resuelva el incidente.

UNIFICACIONES UNIFICACIÓN DE CONDENAS Cuando el condenado por sentencia firme lo fuera nuevamente por uno o más hechos cometidos antes de la primera condena, el tribunal que lo condena en el último término le impondrá una única pena por todos los delitos, aplicando las reglas del artículo 55 del Código Penal. UNIFICACIÓN DE PENAS Cuando el condenado por sentencia firme cometiera un delito durante el cumplimiento de la pena y se dictare una nueva sentencia condenatoria, el tribunal que lo condene por el último hecho le impondrá una pena que unifique lo que le resta cumplir de la primera condena con la pena del hecho posterior. La escala para la pena unificada se conformará de la siguiente forma: 1) El mínimo se compondrá con el tiempo que le resta cumplir del primer delito o el mínimo establecido para el nuevo delito, según el que sea mayor; y 2) El máximo se compondrá con la suma de lo que le resta por cumplir y el máximo previsto del nuevo delito.

REGULACIÓN. COMPOSICIÓN. Toda resolución que ponga

término a la causa o un incidente deberá resolver sobre el pago de costas procesales y su imposición.

Las costas consistirán en la reposición o reintegro del sellado que corresponda y en el pago de gastos e impuestos que se generen en el proceso. También comprenderá el pago de honorarios de peritos designados de oficio y abogados intervinientes en el proceso.

IMPOSICIÓN. Las costas serán a cargo de la parte vencida pero el Tribunal podrá eximir total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón plausible para litigar.

REGULACIÓN DE HONORARIOS EN LEGAJO CRIMINAL. No se regularán honorarios en el proceso penal a los abogados que intervengan en la defensa particular del imputado- salvo expresa petición del profesional.

ETAPAS DE REGULACIÓN. A los efectos de la regulación de honorarios se considerará al proceso penal como integrado por cuatro etapas, a saber: 1) Investigación Fiscal Preliminar lo que incluirá en su caso la declaración previa a la formalización del imputado y el acto mismo de la formalización; 2) El procedimiento intermedio; 3) El debate oral; 4) La etapa recursiva ordinaria o extraordinaria; y 5) Las incidencias en la ejecución de la pena. Los incidentes se considerarán divididos en tres etapas, la primera desde su inicio hasta la resolución, la segunda la totalidad de las etapas recursivas y la tercera en la totalidad de incidentes producto de la ejecución de la pena o hasta la culminación de la actuación profesional. En caso de regularse honorarios de abogados intervinientes en la defensa particular se tomarán en cuenta las pautas del artículo 6° de la Ley Nº 1007 en todo lo que resultare compatible con el proceso penal.

ABOGADOS EN LA QUERELLA. También a petición del profesional, se regularán honorarios de los letrados y apoderados que intervengan en el patrocinio o representación de los querellantes particulares, tomando en cuenta al efecto las pautas de los artículos 6° y 7° de la Ley Nº 1007.

IMPOSICIÓN DE COSTAS A LAPARTE QUERELLANTE. En caso de absolución del imputado y cuando la parte querellante haya adherido la acusa- 124 -

ción del Fiscal o formulado su acusación propia, la misma será debidamente condenada en costas, condenando a la misma al pago de los honorarios que se le regulen al defensor particular del imputado. En tal caso, existirá obligación de regular honorarios sobre la base de las pautas establecidas en este código, exista o no petición al respecto, condenando a su pago a la parte querellante, sin perjuicio de poder decidirse conforme el artículo 445. Dicha resolución será impugnable, sin perjuicio de que no se impugne la absolución en sí misma. En dicho supuesto la impugnación tramitará por el procedimiento abreviado.

LEGAJOS SIN CONTENIDO ECONÓMICO. En casos de que se trate de legajos criminales sin contenido económico, el profesional que solicite regulación de honorarios deberá formular estimación de lo que pretende en tal concepto, estimación que deberá fundamentar debidamente y que no será vinculante para el Juez.

PETICIÓN DE REGULACIÓN. La regulación de honorarios podrá ser peticionada antes del dictado de sentencia y se regularán en la misma o en su defecto de manera posterior, en cuyo caso se resolverá por auto.

REGULACIÓN PROVISORIA Y PARCIAL. En atención a las etapas cumplimentadas por el abogado como defensor o en el ámbito de la querella, elmismo podrá requerir regulación de honorarios por su actuación y aun cuando en el legajo no hubiera recaído sentencia. Esa regulación será provisoria y se integrará con la regulación a realizar al tiempo del dictado de sentencia o finalización del legajo.

RESOLUCIÓN SOBRE HONORARIOS. EJECUCIÓN. Las resoluciones sobre fijación e imposición honorarios serán ejecutables en los términos de lo que dispone el artículo 472 inciso 3 ss. y cc. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa. La ejecución para el cobro de honorarios tramitará ante el Juzgado de Ejecución Concursos y Quiebras con competencia en la jurisdicción a que pertenezca el juez o la audiencia de juicio que resuelva sobre la materia.

IMPUGNACIÓN. TRÁMITE. Toda Resolución sobre imposición de costas fijación de honorarios será impugnable sin perjuicio de que no se impugne

el fondo del asunto. En dicho supuesto la impugnación tramitará por el procedimiento abreviado.

DEFENSA PÚBLICA. No se regularán honorarios al defensor del imputado cuando el mismo sea un representante letrado del Ministerio Público de la Defensa.

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN. Las normas sobre honorarios en el proceso penal se regirán por esta ley y en todo lo no previsto o que no se oponga a la presente, por la Ley Nº 1007.

PERITOS. ANTICIPO DE GASTOS. HONORARIOS. Los peritos que se designen oficialmente en un legajo criminal podrán requerir anticipo de gastos, fundando al efecto su petición y con cargo de oportuna rendición de cuentas. La rendición de cuentas le podrá ser requerida por las partes o por el Juez si así lo dispusiere de manera fundada. Se regularán los honorarios de los peritos oficiales de acuerdo a las leyes que regulen la materia profesional de se trate. En su caso, serán de aplicación supletoria las pautas que fija para la determinación de honorarios de abogados el artículo 6° de la Ley N° 1007, debiendo necesariamente atender a los efectos de la regulación a la importancia y extensión de los trabajos realizados y la importancia de los mismos en función del resultado del proceso. En caso que intervenga un perito en una causa sin contenido económico o de imposible determinación del valor patrimonial de la misma, el perito deberá solicitar regulación de sus honorarios, formulando una estimación fundada del monto que pretende por tal concepto, sin que dicha estimación sea vinculante para el juez o la autoridad judicial que intervenga en la determinación de honorarios. Serán de aplicación en su caso los artículos 453 y 454.

PERSONAS EXENTAS. Los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados y mandatarios que intervengan en el proceso, no podrán ser condenados en costas, salvo los casos en que especialmente se disponga lo contrario, y sin perjuicio de las responsabilidades penales o disciplinarias en que incurran.

DEROGACIÓN. Derógase la Ley Nº 2287 –Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa-y toda otra disposición que se oponga a la presente.

APLICACIÓN. Las normas del presente Código se aplicarán a las causas en trámite, tanto bajo la vigencia de la Ley Nº 2287 como de la Ley Nº 332, no afectándose las etapas precluidas. Se consideran precluidas las causas que hayan sido archivadas por decisión jurisdiccional o del Ministerio Público Fiscal a la fecha de su entrada en vigencia. El Superior Tribunal de Justicia dictará las normas necesarias para la implementación y puesta en práctica de las modificaciones introducidas en el presente a las causas en trámite.

VIGENCIA. El presente Código entrará en vigencia a partir de los treinta (30) días de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.