La prisión preventiva no es una condena, es una medida cautelar durante el proceso penal. Así funciona en Corrientes: cuándo se puede aplicar, quién la pide, sus alternativas y sus límites reales.
Es la medida que convierte la detención de una persona imputada en un delito en un encierro prolongado durante el proceso penal, antes de que haya condena — no es una pena, es una medida de coerción, la más gravosa de todas. Corrientes tiene un Código Procesal Penal de sanción reciente, de corte acusatorio.
El Art. 234 exige que el fiscal acredite dos cosas: el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifica la medida, y la necesidad de que sea justo esa medida (y no otra menos gravosa) según las circunstancias del caso y las condiciones personales del imputado. Si se pide arresto domiciliario o prisión preventiva, además debe justificar que la prueba obtenida sostiene fundadamente la existencia del hecho y la participación del imputado (Art. 233).
La pide el fiscal, en una audiencia que debe celebrarse dentro de los tres días (o dentro de las 24 horas si hay urgencia); si el imputado ya está detenido, dentro del plazo máximo de detención (Art. 235).
El Art. 232 enumera varias, más leves, que el fiscal puede pedir en lugar o antes de llegar a la prisión preventiva: presentarse periódicamente ante el fiscal, someterse al cuidado de un tercero, prestar una caución real, prohibición de salir de un ámbito territorial (con o sin retención del pasaporte), o prohibición de concurrir a ciertos lugares o de comunicarse con determinadas personas.
En este código no se habla de "apelación" sino de impugnación: las decisiones sobre medidas de coerción pueden impugnarse oralmente en la misma audiencia, y son resueltas por un juez de revisión distinto del que decidió, dentro de un plazo de tres días.
Sí, pero no es un número fijo de años como en otras provincias — el Art. 237 ("Límites de la prisión preventiva") la hace cesar cuando el imputado ya cumplió en prisión preventiva la pena que pidió el fiscal, cuando ya cumplió un tiempo igual al de una condena no firme, o cuando ya cumplió el tiempo que, de haber condena firme, le permitiría pedir la libertad condicional o asistida. Una vez que cesó por alguna de estas razones, no se le puede volver a imponer en el mismo proceso, salvo que sea imprescindible para asegurar la aplicación de la ley.
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