Si un juicio queda parado mucho tiempo sin que nadie lo impulse, cualquiera de las partes puede pedir que se declare caducada la instancia. Así funciona en Río Negro: los plazos reales (más cortos que en otras provincias), cuándo no se aplica y qué pasa después.
Es la extinción del proceso (o de una etapa del proceso) cuando nadie realiza ningún acto para impulsarlo durante un plazo determinado. La regula el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, Arts. 310 a 318.
Según el Art. 310, en Río Negro el plazo es más simple que en otras provincias: tres meses, sin importar la instancia — rige por igual en primera, segunda o tercera instancia, y en los juicios ordinario, sumarísimo, de estructura monitoria, de ejecución e incidentes. También se aplica el plazo de prescripción de la acción si fuera menor a tres meses, y hay un plazo especial de un mes para el propio incidente de caducidad de instancia. La misma norma aclara cuándo arranca a contar la instancia: con el acto que tiene por interpuesta la demanda (aunque no se haya notificado el traslado), o con la resolución que provee el recurso en instancias posteriores, y termina con el dictado de la sentencia.
Según el Art. 311, se cuenta desde la última petición de las partes, resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga el efecto de impulsar el procedimiento. Corre incluso en días inhábiles, salvo los de feria judicial — y se descuenta el tiempo en que el proceso estuvo paralizado por acuerdo de las partes o por decisión del juez, siempre que reanudar el trámite no dependa de un acto que le corresponda hacer a quien debe impulsarlo.
El Art. 313 excluye: los procedimientos de ejecución de sentencia (salvo incidentes sin relación estricta con la ejecución forzada); los procesos sucesorios y voluntarios (salvo los incidentes y juicios incidentales dentro de ellos); los procesos pendientes de una resolución cuando la demora es responsabilidad del tribunal, o cuando avanzar dependa de una actividad que el Código le impone al secretario o al oficial primero; y los casos donde ya se llamó autos para sentencia, salvo que se haya dispuesto prueba de oficio que dependa de la actividad de las partes.
Según el Art. 314, también opera contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier persona sin libre administración de sus bienes — sin perjuicio de la responsabilidad de sus representantes. No se aplica a incapaces o ausentes que carezcan de representación legal en el juicio.
Según el Art. 315, en primera instancia la puede pedir el demandado; en los incidentes, el contrario de quien los promovió; en los recursos, la parte recurrida. La primera vez que se pide en el proceso, se sustancia con una intimación por cédula a la contraria para que en cinco días haga algo útil para avanzar el trámite, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad; los pedidos siguientes solo requieren un traslado a la contraria. Detalle propio de Río Negro: pedir la caducidad de la segunda instancia implica desistir del recurso planteado por quien lo pide, si ese pedido prospera.
Sí. El Art. 316 habilita al juez a declararla de oficio, sin más trámite que comprobar el vencimiento — pero acá hace falta que haya pasado el doble de los plazos del Art. 310 (six meses, no tres), y siempre antes de que alguna de las partes impulse el procedimiento.
Según el Art. 317, solo si la caducidad se declaró procedente. En segunda instancia o instancias posteriores, solo admite un pedido de reposición si el juez la declaró de oficio.
Según el Art. 318, si se declara en primera o única instancia, no extingue la acción: se puede iniciar un nuevo juicio, y las pruebas ya producidas se pueden usar en él. Si se declara en instancias posteriores, la resolución recurrida queda firme (cosa juzgada). La caducidad de la instancia principal arrastra a la reconvención y los incidentes — pero la caducidad de un incidente no afecta a la instancia principal.
Sí. El Art. 312 dice que el impulso del procedimiento por parte de uno solo de los litisconsortes beneficia a todos los demás.
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