Si un juicio queda parado mucho tiempo sin que nadie lo impulse, cualquiera de las partes puede pedir que se declare caducada la instancia. Así funciona en San Luis: los plazos reales, cuándo no se aplica y qué pasa después.
Es la extinción del proceso (o de una etapa del proceso) cuando nadie realiza ningún acto para impulsarlo durante un plazo determinado. La regula el Código Procesal Civil y Comercial de San Luis, Arts. 310 a 318.
Según el Art. 310, la caducidad se produce si no se insta el curso del proceso dentro de:
- Seis meses, en primera o única instancia.
- Tres meses, en segunda o tercera instancia, y en cualquiera de las instancias del juicio sumario o sumarísimo.
- El plazo de prescripción de la acción, si fuera menor a los anteriores.
Según el Art. 311, se cuenta desde la última petición de las partes, resolución o actuación del tribunal que tenga el efecto de impulsar el procedimiento. Corre durante los días inhábiles, y se descuenta el tiempo en que el proceso estuvo paralizado por acuerdo de las partes o por decisión del juez.
El Art. 313 excluye tres supuestos: los procedimientos de ejecución de sentencia; los procesos sucesorios, de concurso y en general los voluntarios (salvo que surja una controversia en sus incidentes); y los procesos pendientes de una resolución cuando la demora es responsabilidad del propio tribunal.
Según el Art. 314, también opera contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier persona sin libre administración de sus bienes — sin perjuicio de la responsabilidad de sus representantes. No se aplica a incapaces o ausentes que carezcan de representación legal en el juicio.
Según el Art. 315, en primera instancia la puede pedir el demandado; en los incidentes, el contrario de quien los promovió; en los recursos, la parte recurrida. La petición debe formularse antes de consentir cualquier actuación posterior al vencimiento del plazo, y se sustancia solamente con un traslado a la parte contraria.
Sí. El Art. 316 habilita al juez a declararla de oficio, sin más trámite que comprobar el vencimiento de los plazos del Art. 310, siempre antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento.
Según el Art. 317, solo si la caducidad se declaró procedente. En segunda instancia o instancias posteriores, solo admite un pedido de reposición si el juez la declaró de oficio.
Según el Art. 318, si se declara en primera o única instancia, no extingue la acción: se puede iniciar un nuevo juicio, y las pruebas ya producidas se pueden usar en él. Si se declara en instancias posteriores, la resolución recurrida queda firme (cosa juzgada). La caducidad de la instancia principal arrastra a la reconvención y los incidentes — pero la de estos no afecta a la instancia principal. Detalle propio de San Luis: las costas del proceso caduco (y del incidente, si prospera) se le imponen al litigante que tenía a su cargo impulsar el trámite.
Sí. El Art. 312 dice que el impulso del procedimiento por parte de uno solo de los litisconsortes beneficia a todos los demás.
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