El Código de Tucumán es uno de los más detallados del país en esta figura: distingue interrupción de suspensión, protege a quien tiene capacidad restringida y da un beneficio de duda a favor de que el proceso siga vivo. Así funciona en la práctica.
Es la extinción del proceso cuando nadie insta su curso durante el plazo legal. La regula el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, Arts. 239 a 250. Según el Art. 239, puede declararse de oficio o a petición de parte, sin perjuicio del impulso procesal compartido.
Según el Art. 240:
- Seis meses, en primera o única instancia.
- Tres meses, en los incidentes y en segunda o ulterior instancia.
- El tiempo en que opere la prescripción de la acción, si fuera menor a los anteriores.
Según el Art. 241, la instancia se abre con la promoción de la demanda, aunque todavía no se haya notificado la providencia que dispone su traslado. Se cuentan los días inhábiles, salvo los de feria judicial, desde la última petición de las partes o acto del tribunal que tenga por objeto activar el proceso. En caso de duda, se entiende que la diligencia es impulsiva — a favor de que el proceso siga vivo.
Según el Art. 242, el curso de la caducidad se interrumpe con los actos que impulsan el proceso (vuelve a contar de cero). Se suspende cuando, por acuerdo de partes, fuerza mayor o causas graves apreciadas discrecionalmente por el tribunal, no se puedan hacer actos en el proceso, o cuando la ley suspenda el trámite.
Según el Art. 243, la actuación de uno solo de los litisconsortes interrumpe la caducidad para todos. Y si uno de ellos alega la caducidad, ese planteo también beneficia a los demás, aunque la hubieran consentido o purgado.
El Art. 244 enumera cinco supuestos: en los procesos de conocimiento, una vez notificada la Primera Audiencia; cuando los autos estén pendientes de sentencia; cuando la sentencia ya fue dictada (en segunda instancia o Corte Suprema, mientras los autos estén pendientes de elevación por un recurso concedido); en los procesos sucesorios y voluntarios en general (salvo sus incidentes); y en la ejecución de sentencia, salvo incidentes que no se relacionen estrictamente con la ejecución forzada.
Según el Art. 245, opera contra el Estado y cualquiera sin libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus representantes. No se aplica a quienes tienen capacidad restringida, a los incapaces, a los menores de edad ni a los ausentes sin representación legal — en esos casos, el juez le da intervención al Ministerio Público.
Según el Art. 246, las partes pueden pedirla antes de haber consentido cualquier trámite; se considera consentido si no se plantea la caducidad dentro de los cinco días de conocer el acto de impulso, y se sustancia con un simple traslado a la contraria. Declarada de oficio: el secretario tiene la obligación de informar sobre el vencimiento de los plazos sin actividad, se da vista a las partes por cinco días, y recién ahí el juez resuelve — apelable, y en segunda instancia o Corte Suprema, revocable si se dictó de oficio.
Sí, según el Art. 247, procede contra la parte que se hubiera opuesto a la sentencia monitoria.
Según el Art. 248, la caducidad no extingue el derecho. En primera instancia deja sin efecto la relación procesal, pero no impide promover de nuevo la demanda ni usar las pruebas ya producidas — y la interrupción de la prescripción que había causado la demanda caduca se tiene por no operada. En segunda o ulterior instancia, deja firme la sentencia en la parte recurrida. La caducidad del principal se extiende a la reconvención y los incidentes; la de los incidentes no afecta al principal.
Según el Art. 249, las costas del juicio, incidente o recurso declarado caduco quedan a cargo de quien las causó; las del propio incidente de caducidad se rigen por los principios generales.
Según el Art. 250, si se declara la caducidad, es apelable con efecto suspensivo. Si se rechaza el planteo, es apelable sin efecto suspensivo, por incidente separado.
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